Si Colombia pudiera acogerse a la Ley 1116

A agosto de este año, 5.400 empresas se han acogido a un proceso de reestructuración empresarial: 1.300 entraron en liquidación —es decir, venderán sus activos para pagar a los acreedores— y 4.100 están en reorganización, lo que les da un compás de espera para cumplir sus obligaciones mientras ajustan su estrategia y estructura.

Para ponerlo en perspectiva: durante todo el año pasado, apenas 4.700 empresas se acogieron a la Ley 1116. Esto significa un crecimiento cercano al 70 %, una señal clara de que el entorno empresarial se ha deteriorado en varios sectores.

Geográficamente, un tercio de estas compañías se ubica en Bogotá y alrededor del 10 %, en Medellín, aunque en realidad están distribuidas por todo el país. En conjunto, generan (o generaban) 132.000 empleos, lo que equivale a un impacto de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo formal. Este fenómeno refleja la frágil salud de la economía privada.

Cuando una empresa entra en reorganización bajo la Ley 1116, debe transformarse para volver a ser viable. Esa transformación no solo exige cambios estratégicos y culturales, sino también un cambio de timonel: la administración queda en manos de un representante designado por la Superintendencia de Sociedades, cuya misión es proteger a los acreedores, mantener en funcionamiento las empresas viables, preservar el empleo y buscar soluciones que generen valor.

Ahora bien, imaginemos —aunque sea un escenario irreal— que Colombia como país pudiera acogerse a esta Ley 1116. No habría duda: debería hacerlo. Hoy el déficit estructural de caja ronda el 8,1 % del PIB. En otras palabras, el Estado gasta cerca del 38 % del PIB cuando sus ingresos apenas alcanzan para cubrir el 30 %. Bajo el Gobierno Petro, el gasto creció un 28 % por encima de lo que se recauda.

Lo paradójico es que ese déficit no surge de más inversión social. Al contrario: se han recortado apoyos que gobiernos anteriores mantenían, como los créditos subsidiados del Icetex, los subsidios a la Vivienda de Interés Social (VIS) y al precio de la gasolina. El aumento proviene, sobre todo, de un gasto de funcionamiento que no se traduce en mejores servicios para la ciudadanía.

Si Colombia entrara en “reorganización”, se requeriría un nuevo encargado, como sucede en las empresas. Ese “representante” —que llegará en 2026 con las elecciones presidenciales y tendrá la tarea monumental de recomponer el país en lo fiscal, devolver la seguridad a las regiones y reconstruir la confianza empresarial para que las compañías no sigan entrando en la Ley 1116— deberá diseñar una nueva estrategia de desarrollo que genere empleo formal y recupere la inversión pública, muy debilitada en este cuatrienio.

Para lograrlo, el próximo presidente necesitará capacidad de gestión, un equipo comprometido y experiencia relevante en administración. Tendrá que racionalizar el gasto estatal y negociar con los acreedores de manera exitosa. Como diría una firma cazatalentos: se requiere un perfil probado en liderazgo y eficiencia, más que en política partidista.

Por eso, si Colombia pudiera acogerse a la Ley 1116, y yo fuera el superintendente de Sociedades, no nombraría a un político de carrera proveniente del Congreso ni a alguien sin experiencia en el Ejecutivo. Esta lógica descartaría a buena parte de los candidatos actuales. Entre los perfiles que podrían encajar mencionaría a Germán Vargas Lleras, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, José Manuel Restrepo, Enrique Peñalosa o Aníbal Gaviria. Al mismo tiempo, excluiría a quienes, pese a su paso por el Ejecutivo, mostraron comportamientos poco éticos —como Daniel Quintero— o gestionaron más como políticos que como administradores, caso de Claudia López o Mauricio Lizcano.