Trump vs. Petro y el 90 por ciento de Colombia atrapado en la mitad

Colombia tiene más tratados firmados con Estados Unidos que con cualquier país. Según el Departamento de Estado, hay 80 vigentes desde 1846. El TLC es uno de los nueve de comercio e inversión y de cuatro en finanzas. Además, existen 20 de “defensa-militar” y 13 relacionados con aplicaciones legales. También los hay sobre transporte, ciencia y tecnología, asistencia extranjera, cultura, propiedad intelectual y cooperación. Con USAID se firmaron tres entre 2009 y 2015.

En el siglo XXI, la asistencia estadounidense en seguridad y defensa, ejecutada entre 2006 y 2019, en antiterrorismo y antinarcóticos, contra el crimen transnacional, migración, paz y seguridad, sumó 23.778 millones de dólares. En el Plan Colombia, en distintos rubros, de 1999 a 2005, los recursos aportados por Estados Unidos fueron 10.732 millones de dólares. De 2020 a la fecha, incluido el Gobierno Petro, la asistencia militar en las áreas ya nombradas, junto con la financiación y el entrenamiento, llegó a 2.300 más. En 26 años, el total alcanza a 36.810 millones de dólares. Esa injerencia se elevó con la vinculación de Colombia a miembro especial a la Otan.

Según ForeingAassistence.org, los fondos de USAID destinados para paz y seguridad, asistencia humanitaria, democracia, derechos humanos y gobernanza, desarrollo económico, ambiente, educación, salud, servicios sociales, reforma agraria y multisectorial, desde el Gobierno de Andrés Pastrana hasta el de Gustavo Petro, alcanzaron a 54.312 millones de dólares.

Por eso, Colombia fue el segundo receptor mundial después de Kenia. Estos recursos, junto con los del campo militar, valen 91.122 millones de dólares. En el ámbito económico predomina la superpotencia. De 277.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en Colombia, 73.000 provienen de Estados Unidos. Este país es, a la vez, el primer destino de las exportaciones colombianas, en las que prevalecen las materias primas. Igualmente, los fondos financieros de Wall Street son tenedores o socios de agentes que poseen deuda pública colombiana por 1.100 billones de pesos. Este intervencionismo en los asuntos nacionales imprime una condición neocolonial al país, no es mero “subdesarrollo”, según dicen algunos, para ocultarla.

En tanto neocolonia, la selección de los gobernantes de turno obedece a la agenda de los intereses del Tío Sam en cada momento. Si necesita un “revolcón” neoliberal, va uno; si es para seguridad y combatir guerrillas y narcos, va otro; o un tercero si es para poner en marcha un TLC o si es para un acuerdo de paz, y se impone a quien vaya a ajustar la política fiscal o, como en el caso de Petro, para “controlar la explosión del volcán social”. Así, se utilizan personajes coyunturales para concretar los intereses imperialistas.

No obstante, con períodos excepcionales, la resistencia a la preponderancia yanqui ha estado en cabeza visible de grupos extremistas armados como las Farc, el ELN, el EPL, el M-19 y demás herederos del legado de los Castro en Cuba. El aventurerismo que encarnaban –y que algunos combinaban con otras formas de lucha– los autodefinía como redentores de las masas, a las que suplantaban bajo la figura del “guerrillero heroico” de una revolución que estaba a la vuelta de la esquina. Gustavo Petro atribuyó su vinculación al M-19 (Petro, 2022) a la propuesta de Bateman de conformar “un ejército como el de Simón Bolívar”.

Todavía quedan agrupaciones, supérstites, llevadas a la degradación de puras actividades criminales. Esta enfermedad de infantilismo izquierdista, como se le conoce, es la que orienta la visión actual del manejo del Estado y de la política exterior, en especial con Estados Unidos. Gustavo Petro pasó de congeniarse con todo lo que impuso la administración del Partido Demócrata de Biden (de quien es amigo) a emplear artimañas espectaculares para confrontar al republicano Trump, pero no con patriotismo y responsabilidad como fuera el ruidoso mitin en Manhattan; proponer la Cruz de Boyacá para el excomandante del Comando Sur, Alvin Holsey, o la exhortación a “sacar a Trump”.

Las represalias personales contra Petro, tales como dejarlo sin visa o incluirlo en la lista criminal OFAC, se extienden a Colombia con un menú de “gran garrote” a la soberanía nacional: amenazas de ataques militares terrestres, además de los bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, ya declarados ilegítimos por la ONU.

La sociedad colombiana, que padece durante un siglo las inicuas políticas de la Estrella del Norte, las ve ahora reforzadas con las réplicas a tan personalistas provocaciones antitrumpistas de Petro, igual de dañinas a su colaboracionismo con Biden, que agravan las angustias diarias de los colombianos, arrinconados en medio de la trifulca suscitada.