opinión

Diana Giraldo Columna Semana
Diana Giraldo Columna - Foto: Archivo Personal

Un retroceso en la Justicia

La verdad es que, lejos de violar garantías fundamentales, la virtualidad ha permitido la celeridad en diversos procesos y además la transparencia en muchas de las diligencias.


Por: Diana Giraldo

Si algo quedó claro para el planeta con la pandemia del covid-19 es que la tecnología permitió desarrollar procesos virtuales que hasta entonces parecían imposibles. La conectividad por medio de dispositivos digitales permitió acudir a citas médicas, asistir a clase en universidades y colegios, hacer comités, debatir en foros y hasta hacer ejercicio.

Uno de los sectores que más se benefició con la virtualidad fue la Justicia. Gracias a las nuevas tecnologías se pudieron realizar audiencias que antes tomaban meses, pues en muchas de estas diligencias se requerían desplazamientos desde distintas partes del país o moverse de un juzgado a otro más lejano o implicaban el desplazamiento de los detenidos en cárceles.

El próximo 4 de junio terminará esta licencia que se otorgó a la Justicia de manera temporal durante la pandemia. Por eso, el Ministerio de Justicia convocó a una comisión integrada por las altas cortes, los organismos de control y entidades no gubernamentales para elaborar un proyecto de ley que permita adoptar la justicia virtual de forma definitiva.

Fue así como el Ministerio de Justicia radicó un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para mantener la virtualidad. Esta propuesta establecía que los interrogatorios se hicieran de manera presencial, pero daba luz verde para que las demás diligencias pudieran hacerse de modo virtual. El proyecto cumplió su trámite en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado sin novedad.

Pero el pasado 17 de mayo, cuando se presentó la iniciativa ante la plenaria de la Cámara de Representantes, sin previo aviso, la Corte Suprema de Justicia incluyó una proposición para excluir de la virtualidad a la justicia penal y a la penal militar.

Ante la mirada estupefacta de los representantes a la Cámara, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, fue haciendo una especie de lobby entre los representantes, pidiéndoles que votaran a favor de hundir la virtualidad en materia penal. Según el magistrado, en esta rama debía excluirse esta posibilidad por estar de por medio garantías constitucionales como la libertad. Como si en los demás procesos no se comprometieran también garantías constitucionales como la filiación o la propiedad.

Hablé con algunos representantes que manifestaron haberse sentido “intimidados” con el lobby del magistrado y la presencia de otros miembros de la Corte. La razón es que a la Corte Suprema de Justicia le corresponde investigar a los congresistas (y, de hecho, varios de los que estaban presentes tienen investigaciones abiertas ante la Corte Suprema), por lo que no fue de buen recibo que los magistrados pidieran el voto a los congresistas.

Al final, los representantes, por convicción o por miedo a llevarle la contraria a su juzgador, aprobaron hundir la virtualidad en lo penal.Inmediatamente, las voces de rechazo se levantaron. A la cabeza del rechazo está el reconocido penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, quien ha asumido un defensa férrea, y con cifras, de los beneficios de la virtualidad en materia penal.

Según estas cifras, el índice de congestión judicial en Colombia es del 62,4 por ciento, de los cuales la congestión en la justicia penal representa el 40 por ciento. Al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Bogotá realizó un seguimiento y publicó un estudio según el cual, gracias a la virtualidad, se incrementaron en 1.000 por ciento las audiencias en la Sala Penal.

Diversos sectores de la justicia penal han expresado su rechazo a la decisión de la Cámara de Representantes. La Asociación profesional de Defensores Públicos de Antioquia, el Colegio de Abogados Penalistas, la Sala Penal del Tribunal de Medellín, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, la Federación Nacional de Colegios de Defensores Públicos, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Asonal Judicial, los jueces penales con función de garantías de Bogotá y cientos de abogados penalistas en todo el país han pedido al unísono que se mantenga la virtualidad en materia penal y se reverse la decisión de la Cámara de Representantes.

La verdad es que, lejos de violar garantías fundamentales, la virtualidad ha permitido la celeridad en diversos procesos y además la transparencia en muchas de las diligencias. Gracias a esta modalidad, se han podido hacer públicas audiencias de interés para el país y se han podido seguir los procesos y saber lo que allí ocurre. Esto construye transparencia. Regresar a la presencialidad es regresar al aplazamiento interminable de audiencias, a las libertades por vencimiento de términos y a las prescripciones.

En medio de este caos, y cuando todo se daba por perdido, aparece una luz de esperanza. El representante a la Cámara por el Atlántico César Lorduy presentó esta semana a la plenaria del Senado una propuesta para salvar la virtualidad en la jurisdicción penal.

La iniciativa del congresista de Cambio Radical establece que el uso de la virtualidad en material penal se dejará a la decisión autónoma de cada juez en su proceso. Este debate se dará el próximo 31 de mayo y tendrá ponencia del senador Germán Varón.

Le corresponde ahora al Senado escuchar el clamor de los penalistas de este país o devolver al pasado a una de las ramas que más deuda tiene con el país.