Han pasado casi 20 años desde que, según la Justicia, se dio inicio a uno de los casos más polémicos en la historia del país. El 11 de octubre de 2007, la Fiscalía solicitó a la Armada Nacional información oficial sobre los movimientos de la fragata Almirante Padilla, ubicada en San Andrés, que, supuestamente, bajo órdenes del entonces almirante Gabriel Arango Bacci, estaba permitiendo el tráfico de drogas.
Todo resultó falso. Pero lo más grave es que, según la Fiscalía, el directo responsable de estos hechos fue el almirante Guillermo Enrique Barrera, entonces comandante de la Armada.
La Justicia cojeó casi dos décadas, pero el próximo 20 de abril el almirante (r) Barrera tendrá que poner la cara, explicar este hecho y responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado y fraude.
SEMANA tiene el escrito de acusación en el que la Fiscalía hace contundentes señalamientos contra Barrera, quien para 2007 ocupaba el máximo cargo en la Armada, cuando el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, que años después fue presidente de la república.
El documento reseña cómo Barrera, presuntamente, se habría prestado para el montaje que fue dirigido contra el contralmirante Arango Bacci, quien fue retirado de la Armada. Él nunca fue condenado, pero sí estuvo detenido durante cerca de año y medio. Al final, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, revelación de secretos y prevaricato por omisión. En palabras simples, a Arango Bacci lo querían vincular con el narcotráfico mediante pruebas falsas.
El proceso contra Barrera es el coletazo de otra decisión judicial: la condena contra el capitán de navío Néstor Alfonso Segura, quien argumentó las falsedades con las que fue acusado Bacci, en un documento que finalmente tuvo la firma del ahora acusado almirante Barrera. Con un factor adicional, Segura no era analista operacional, sino asesor jurídico; por lo tanto, no era de su competencia realizar informes como el que enlodó a Arango Bacci.
El oficio señalaba, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, lo siguiente: “Para el 22 de enero de 2004, la única fragata que registró movimientos es la ARC Almirante Padilla, que se encontraba operando en el área de San Andrés y Providencia (…) El comandante específico de San Andrés y Providencia era el señor contralmirante Gabriel Ernesto Arango Bacci y el comandante de la fragata era el señor capitán de navío José Alejandro García. Las demás fragatas no registraron movimientos en las fechas indicadas”.
¿Qué pretendían con esta respuesta? Según la Fiscalía, presuntamente, buscaban probar el desplazamiento de la fragata a más de 140 millas náuticas para permitir o no detectar el paso de dos lanchas go fast, llamadas Junior y Gilbert, cargadas con cocaína. Además, relacionar al contralmirante Bacci con el narcotráfico y el pago de 115.000 dólares por parte de un capo.
Nadie iba a poner en duda la información contenida en un documento firmado por el entonces comandante de la Armada, el almirante Barrera, quien estuvo por 44 años en la institución militar. Por eso, la Fiscalía, al parecer siendo engañada, impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Arango Bacci.
“La reubicación de la fragata ARC Almirante Padilla tenía como única finalidad favorecer los intereses del narcotráfico internacional de cocaína, a cambio, esta vez también, de varios miles de dólares”, se lee en el documento en poder de SEMANA sobre la polémica acusación.
La Fiscalía les habría dado credibilidad a unas gráficas, diseñadas con Google Earth, que habían sido presentadas en el informe firmado por el comandante Barrera.
“Conforme lo muestran las gráficas elaboradas por el experto de la Armada, la orden impartida por el señor Arango Bacci llevó a que la fragata ARC Almirante Padilla se alejara 140 millas del lugar donde presuntamente podía interceptar las embarcaciones con su ilegal carga y de aquel donde aprovisionarían esas motonaves go fast de combustible, permitiendo el éxito de los narcotraficantes”, aseveraba la acusación.
Finalmente, el escrito de acusación señala: “La Corte Suprema, el 3 de diciembre de 2009, profirió sentencia de única instancia en la que resolvió absolver al contralmirante Arango Bacci de todos los delitos acusados y ordenó su libertad inmediata al constatar la falta de sustento probatorio y, por consiguiente, su carencia de valor demostrativo”.
La huella
El informe no es el único problema para el almirante (r) Barrera. También está involucrado, según el escrito de acusación en poder de SEMANA, en la presunta falsificación de una huella del contralmirante Arango Bacci, que lo relacionaba con un narco y un pago de 115.000 dólares, hace más de 20 años.
“El proceder doloso también se evidencia en que desde el mes de marzo de 2007, tres meses antes del retiro de Arango Bacci, el almirante Barrera tenía conocimiento de la existencia del recibo 0313-4, atribuido a alias el Señor de la Herradura, con destino a Gabriel Arango con una huella que lo implicaba en un supuesto pago de 115.000 dólares, huella que posteriormente fue desvirtuada mediante peritaje, al comprobarse que venía de un sello plástico. Sin embargo, se omitió informar a la autoridad judicial”, advierte el señalamiento contra el almirante Barrera.
Pero el asunto de la huella no paró ahí. Barrera no solo no habría informado a las autoridades, sino que salió por esos años en diferentes medios de comunicación dando mayor fortaleza a las acusaciones.
“La filtración de información a los medios de comunicación termina por reforzar el elemento volitivo del dolo, pues indican una evidente intención de ejercer presión mediática sobre la actuación judicial y descarta que su comportamiento fuera producto de un error o negligencia; por el contrario, se reafirma la tesis acusatoria (…) y de este modo obtener las decisiones contrarias a la ley, que en últimas fueron desvirtuadas por la Corte Suprema”, indica la acusación contra Barrera.
SEMANA se comunicó con la defensa de Barrera, que se ratificó, pese a la acusación, en la inocencia del almirante en retiro.
El arsenal probatorio contra el almirante es delicado. El documento de la Fiscalía plantea 24 testigos, 43 documentos probatorios, 13 informes, dictámenes, conceptos y análisis periciales, 9 informes de policía judicial, 10 actas de inspección, 52 entrevistas y declaraciones.
El caso de Arango Bacci pone contra las cuerdas a uno de los más experimentados hombres en la historia de la Armada Nacional, quien llegó al máximo cargo como comandante: el almirante Guillermo Enrique Barrera Hurtado. El asunto aún tiene mucha tinta por escribir. Aunque la acusación de la Fiscalía parece demoledora, al final serán los jueces quienes decidan de fondo.