Un solo camino, Petro u oposición

Lo que no imaginábamos los colombianos era que, después de la decisión tomada la semana pasada por el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, Colombia sería descertificada de manera condicionada. Más que una sanción al país, la medida fue un golpe político dirigido al presidente Gustavo Petro, sustentado en el aumento de los cultivos ilícitos durante los últimos tres años y en la falta de cooperación efectiva de su administración en la lucha contra el narcotráfico.

Pese a ello, el presidente ha intentado justificar la situación con cifras poco claras, cuando en realidad su política central parece estar orientada a fortalecer una alianza con los grupos narcotraficantes, hoy sentados en mesas de negociación bajo la bandera de la llamada “paz total”. Una estrategia que, más allá de favorecer a la sociedad, termina beneficiando a los propios carteles y sirviendo como instrumento para consolidar el poder político de Petro por décadas.

Hasta hace apenas una semana, la oposición política en Colombia permanecía dividida: partidos de centro, centro-derecha y derecha, junto a precandidatos independientes que sumaban más de 60 aspiraciones individuales, trabajaban cada uno por su lado. Sin embargo, la descertificación estadounidense cambió el panorama político.

Prueba de ello fue el comunicado conjunto de once partidos de oposición, en el que rechazaron las declaraciones del presidente Petro contra Washington y manifestaron su compromiso de respaldar políticas más estrictas y efectivas contra el narcotráfico, en defensa tanto de los colombianos como de la comunidad internacional.

Estos dos hechos —la descertificación de Estados Unidos frente al débil combate al narcotráfico en Colombia y la decisión de la oposición de actuar de manera unificada— constituyen un nuevo “florero de Llorente”. A partir de ahora, la contienda política hacia las elecciones presidenciales de 2026 ya no será entre un candidato oficialista y una oposición fragmentada, sino entre el petrismo y una oposición que, tras las consultas de marzo, muy probablemente se presentará con un candidato único.

Después de la carta suscrita por once partidos políticos y diversos movimientos ciudadanos con candidatos por firmas, donde se trazaron lineamientos claros en la lucha contra el narcotráfico, comenzó a consolidarse un ambiente de confianza que ha permitido iniciar conversaciones orientadas a la selección de un candidato único en una consulta que se celebrará en marzo. Para lograrlo, ya se adelantan diálogos con el fin de utilizar mecanismos de encuestas que definan el representante de cada colectividad.

El Centro Democrático, por ejemplo, ya tiene establecido su procedimiento interno, y se espera que en los próximos días los demás partidos de oposición adopten mecanismos similares. Incluso agrupaciones como las de exgobernadores y exalcaldes han manifestado que también escogerán un candidato único mediante encuestas.

A esto se sumarán los múltiples precandidatos que han expresado su aspiración presidencial y que, previsiblemente, se integrarán a este proceso de unificación.

Si este escenario se materializa —y todo indica que así será— la contienda política a partir de marzo se definirá entre dos bloques: por un lado, el petrismo, que ya se encuentra cohesionado en torno a la escogencia de su candidato único en alianza con organizaciones afines; y por otro, una oposición que avanza hacia la misma meta de unidad. Ese mismo día también se elegirá el nuevo Congreso de la República, lo que convertirá la jornada en un hito histórico: no solo se escogerán los candidatos presidenciales únicos, sino que también se renovará el Legislativo. En este contexto, el voto de opinión será determinante.

Ya no será una campaña dispersa con decenas de aspiraciones, sino una confrontación directa entre lo que representa el actual gobierno y una oposición unida que busca encarnar la mayoría de los colombianos que desean un rumbo distinto.

La decisión de fondo será clara: o continuar con un proyecto aliado de grupos al margen de la ley, sostenido sobre la cuestionada política de “paz total”, o recuperar la institucionalidad para impulsar transformaciones de fondo en materia económica, educativa y de salud, sectores seriamente debilitados por la actual administración.

Con un Congreso y un Ejecutivo liderados por la oposición, sería posible avanzar en reformas estructurales que promuevan la estabilidad y la gobernabilidad. Una oposición cohesionada permitiría trabajar hacia objetivos comunes, evitando la dispersión que caracterizó los últimos tres años. Ello fortalecería la participación ciudadana, no en beneficio de intereses particulares o partidistas, sino de un proyecto de nación incluyente y coherente.

No obstante, los riesgos para la democracia son evidentes si los colombianos seguimos divididos. De persistir la fragmentación, la consecuencia sería una inestabilidad permanente que pondría en jaque las bases democráticas del país y allanaría el camino a proyectos políticos similares a los que hoy lideran los aliados regionales de Petro en el continente.

La unidad, por tanto, no es solo una estrategia electoral: es una necesidad para garantizar el futuro democrático de Colombia.