Una solución para sanear deudas y cuidar de la salud

A corte de marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia en Colombia, el país vivía una de las peores situaciones de orden económico, social y sanitario: la economía se desplomó 6,8 %, hubo 4,1 millones de desempleados y cientos de empresas tuvieron que cerrar. El sistema de salud evidenció sus más profundas dificultades, pero también demostró su importancia y la necesidad de contar con recursos para proteger la salud de los colombianos.

Si bien se hicieron esfuerzos incalculables por ampliar la capacidad hospitalaria, pasando de 5.500 camas UCI a 13.000, la deuda hospitalaria creció durante 2020 y hoy asciende a los $10 billones de pesos. Es hora de plantear alternativas viables que realmente fortalezcan con recursos el sistema. No se trata solamente de pedir más recursos sino de encontrar alternativas para identificar cuáles.

De esta manera, la Federación Nacional de Departamentos, bajo su misionalidad de trabajar en el fortalecimiento de los entes territoriales y potencializar su gestión como prestadores de servicios públicos, en este caso la salud, promovió la radicación de una proposición en el Congreso de la República para gravar las bebidas endulzadas y azucaradas con una tarifa de 300 pesos por cada litro (mil centímetros cúbicos o su equivalente), exceptuando productos lácteos, bebidas vegetales y la panela.

El objetivo es que este recaudo tenga una destinación específica dirigida al sistema de salud, así: un 50% para la red hospitalaria pública de los departamentos y el Distrito Capital y el 50 % restante para financiar el funcionamiento del sector salud del nivel departamental, y programas y proyectos de inversión.

Para entender el contexto de esta propuesta, es necesario conocer que la tributación de las bebidas endulzadas y azucaradas se ha radicado en más de 70 países como Perú, México, algunos estados de EE. UU., Sudáfrica, Francia, entre otros. En Latinoamérica, sólo en Colombia y Venezuela no se ha regulado la materia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo; las personas con diabetes aumentaron de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014, y se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión.

En ese sentido, gravar estos productos con impuesto al consumo atendería las recomendaciones elevadas por distintas autoridades del sector salud a nivel internacional y del sector económico. En Colombia esta discusión se ha dado en diferentes escenarios, no sólo por el potencial aumento en los ingresos tributarios, sino por su funcionalidad como instrumento de política pública en salud. Sin embargo, no hay todavía un consenso sobre su ámbito de aplicación, hecho generador, tarifa y destinación.

En nuestro país, el 56 % de la población entre los 18 y 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad y el 60 % de la población adulta tiene malos hábitos de alimentación, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Según la OCDE, para contrarrestar este problema de salud se invierten cerca de 13,7 billones de pesos, lo que representa el 4,3 % del PIB nacional. Por ejemplo, la hipertensión arterial tiene un costo total de atención por año de más de 1,6 billones de pesos y la diabetes mellitus, cerca de 1,9 billones.

Con la aplicación de impuestos como el propuesto se han alcanzado impactos positivos en la salud de la población, evitando que desarrollen problemas graves de obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares en niños, adolescentes y adultos.

Gravar este tipo de bebidas también tiene un propósito fiscal, pues permitirá aumentar el recaudo con una destinación específica en salud, lo cual significaría también una nueva renta para las entidades territoriales del nivel departamental, soportes de la red hospitalaria.

La justificación recae en la misma lógica de las actuales fuentes de financiación de los departamentos, altamente dependientes del impuesto al consumo. El hecho generador de este tributo sería tratado de igual forma. Aunque las estimaciones varían de acuerdo con las propuestas presentadas por organizaciones como Red Papaz, la Food First Information and Action Network (FIA) y la Comisión de Expertos de beneficios tributarios (2020) proyectan que, con el gravamen propuesto a las bebidas endulzadas y azucaradas, se recaudaría en promedio entre 1,5 y 2 billones de pesos que podrían sanar la deuda hospitalaria en los próximos cinco años y aportarían a su sostenibilidad a largo plazo.

Confiamos que esta iniciativa entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Espero que el temor a generar un cambio no nos haga pasar tragos amargos.