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Opinión

  • | 2020/06/24 21:44

    Vender armas, como vender dulces

    La investigación de la Fiscalía fue más allá y encontró un listado de 26 cabecillas de La Oficina que habían obtenido permiso para porte de armas. Uno de ellos, incluso, figuraba con permiso desde 1997; otros lo tenían desde antes de 2009.

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Luego de meses de investigación se logró tener acceso a un archivo de investigación oficial sobre un presunto caso de tráfico de armas que involucra a la Cuarta Brigada del Ejército y al Departamento de Control Comercio de Armas que se ubica en Bogotá. Las armas irían para organizaciones criminales. La investigación que inició en la Fiscalía de Medellín contiene un informe de Contrainteligencia del Ejército. Allí, al menos, se pueden ver tres cosas: 1. Presuntas irregularidades en la entrega de permisos de porte de armas que se estaban otorgando en sectores del Ejército. 2. Irregularidades en la venta de armas, las cuales irían presuntamente hacia organizaciones criminales como La Oficina o antigua Oficina de Envigado. 3. Involucraría una red de oficiales del Ejército. Todo aún en la impunidad.

La investigación de la Fiscalía fue más allá y encontró un listado de 26 cabecillas de La Oficina que habían obtenido permiso para porte de armas. Uno de ellos, incluso, figuraba con permiso desde 1997; otros lo tenían desde antes de 2009. Entre otros estaban:

  1. Carlos Mesa (“Tom”), de “La Oficina” y “los Chatas”. Permiso para porte de pistola Browning desde 1997. Actualmente está preso. Fue uno de los jefes de una línea de La Oficina hasta hace poco tiempo. Habría ordenado decenas de asesinatos.
  2. Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), de “La Oficina”. Cuatro requerimientos entre 2001 y 2009, con permiso P1028350 para pistola Jericho. Preso en EE. UU. Durante años desangró a Medellín en una guerra sin cuartel contra alías Sebastián.
  3. Ferney Moreno (“el Montañero”), de “Picacho”. Permiso P1096400 para pistola CZ (2006 y 2007). Desaparecido.
  4. Javier Posada (“Tyson”), de “los Mondongueros”, permiso P1180583 para revólver Llama 38 (2006). Preso.
  5. Hernán Giraldo (“Cesarín”), de “La Oficina”. Permiso PO689060 para revólver Llama 38L (2001, 2003, 2005). Y permiso P1028346 para Jericho (2005). Preso.
  6. Jáder Botero (“Gancho”), de “Pachelly”. Permisos P1253943 para pistola Glock, P1179590 para pistola Browning 765, P1179590 para Prieto Beretta, P1002211 para Jericho y P0363068 para pistola CZ. Requerido siete veces entre 2001 y 2007. Desaparecido.

En uno de los audios interceptados se comprobaría que vender armas es como vender dulces. A continuación, se escucha como se daría la venta de armas largas. La investigación concluye que esa venta de armas iría no solo para Medellín, sino también para Cali.

Necesito un favor suyo, un favor suyo pero largo, o sea, laaargo.

—Ahhh, jajaja, sí, sí lo hay, sí lo hay.

—Pero hartos, necesito haaartos.

—Sí, sí los hay. Hágale.

No se debe olvidar que el 8 de agosto de 2019 la Fiscalía General de la Nación capturó al general Jorge Horacio Romero, comandante de la Cuarta Brigada de Medellín, por presunta corrupción en el direccionamiento de contratos con los que habría beneficiado a 3 empresas. Aunque en los motivos de la captura al general Romero también se le vinculó con irregularidades en la venta de permisos especiales para el porte de armas, al parecer habría hecho negocio con estos y algunos permisos terminaron en manos de delincuentes de la organización criminal conocida como La Oficina, anteriormente llamada Oficina de Envigado. En el informe de Contrainteligencia se llama Misión Galicia y allí hay varias conclusiones interesantes. 

La primera de las conclusiones es que:

Luego se lee, según el informe, que esta presunta red criminal funcionó antes del general Romero y después de él; de hecho, para 2019, cuando se entregó el informe, se concluye que esa red seguiría funcionando. A continuación se ve la imagen de las conclusiones de ese informe de Contrainteligencia.

Cabe anotar que estos permisos se concedieron en la Cuarta Brigada, pero en algunos casos en los que posiblemente se incluiría la venta del arma, también salpican al Departamento Control Comercio de Armas - DCCA, única entidad del país encargada de controlar y autorizar la venta de armas, municiones y explosivos. Igualmente, la investigación menciona al mayor Alexánder Cardona y al coronel Gilberto Morales Quintero —el primero estaba a cargo de la Seccional Control Comercio de Armas N.° 16 Usaquén en 2016 y el segundo era el jefe del Departamento Control Comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional, ambos en Bogotá—. Incluso, en el informe de Contrainteligencia se puede leer que a ambos les figura un “reprobado” en la prueba de polígrafo.

A la fecha de entrega del informe de Contrainteligencia a la Fiscalía, el mayor Cardona aparecía como “retirado” del Ejército, pero el coronel Morales figuraba como “activo”. Tanto los audios y los documentos, así como las fotografías son más que escalofriantes y demostrarían que esta red lleva funcionando décadas.

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