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Los debates sin resolver

Por: Camilo Díaz

Ahora que esta iniciando el fin de año los principales debates económicos siguen sin resolver, 2021 será agitado en materia económica y política.


Desde hace más de tres años el país carga con varios debates sin resolver: una verdadera reforma tributaria estructural; una reforma laboral; y otra pensional; las dos últimas están estrechamente vinculadas con el bienestar de los trabajadores y la clase media, con la tasa de informalidad laboral que ahora se disparó al 60%, y el desempleo que aún antes del coronavirus estaba en un escandaloso 10,5% con informalidad del 48%.

A esas reformas de índole económico se suman la necesidad de una reforma a la justicia, y otra política. Con eso en mente es lógico avizorar un año 2021 agitado en materia económica y política, puesto que al final del día cualquier cambio requiere pasar por el Congreso en un año que es de preparación electoral y donde las elecciones al Congreso se ven prácticamente a la vuelta de la esquina, y en la medida que el coronavirus no ceda en Colombia o la reapertura de la economía no tome fuelle el primer trimestre se va a ir en discusiones sobre la recuperación y en tomar medidas urgentes para que el año económico tome ritmo.

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En general hay optimismo entre los empresarios, quienes confían que el año que viene va a ser mejor que este que prácticamente fue un año de cinco meses, porque los otros se evaporaron en las estrictas cuarentenas que hubo que cumplir para evitar la propagación del virus. Sigue estando la pregunta si el cierre prolongado fue efectivo o habría existido el mismo resultado en materia de contagios sin necesidad de haber afectado tan profundamente la actividad económica.

De todos los debates sin resolver el más urgente es la reforma tributaria, ya es un hecho que el abultado presupuesto de 2021 por $314 billones esta desfinanciado al menos en $20 billones o 2% del PIB, que el espacio para aumentar la deuda pública cada vez se estrecha más, y que a pesar de que fue ratificada la calificación de grado de inversión de la deuda colombiana, las mismas agencias, han advertido desde antes de la coyuntura que el Estado colombiano debe fortalecer sus ingresos para garantizar la sostenibilidad de la deuda, la cual según cálculos del Gobierno finalizara el año en un nivel cercano al 60% del PIB.

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Esa reforma tributaria deberá ser presentada al Congreso a más tardar en el segundo trimestre del año, y desde ya se avizora que su trámite no va a ser fácil, además por que lo que se viene conociendo de lo que el Gobierno presentaría originará fuertes debates en el sentido de quienes son los que deben pagar los esfuerzos que ha tenido que hacer la Nación para sobrellevar la crisis. Si son las personas o las empresas.

El Gobierno muy probablemente seguirá inclinandose por buscar más dinero desde la clase media, con iniciativas como extender el IVA del 19% a toda la canasta familiar y devolverlo a las familias más vulnerables, utilizando el argumento de que en medio de la pandemia dicha devolución funcionó hacia los hogares de menor ingreso. También buscando gravar con impuesto a la renta las pensiones de más de ocho salarios mínimos. Y tal vez bajar el umbral donde se debe presentar y pagar declaración de renta. No obstante, el ancla principal de la próxima tributaria será la extensión del IVA a toda la canasta familiar.

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Parece poco probable que el ejecutivo este dispuesto a meterle mano a los impuestos a la renta corporativa y a los beneficios y exclusiones tributarias que originan una erosión de los ingresos del orden de $92 billones según lo calculado por la Dian, tampoco parece que se este pensando en frenar la reducción en el impuesto a la renta para dejar la tarifa en 32%, o que este evaluando en reversar los beneficios tributarios que otorgó en la Ley de Crecimiento Económico y que redujeron los ingresos tributarios en $10 billones.

Así las cosas, desde el lado del Gobierno los que deberán pagar la factura de la crisis económica son los hogares, pero en materia de impuestos es el Congreso el que dispone, y en un año preelectoral hay baja posibilidad que el órgano legislativo se incline por dejar toda la carga exclusivamente en los hogares así que a fuerza del trámite los otros dos debates tanto el laboral como el pensional van a estar eclipsados por la discusión de impuestos y a cargo de quien quedan.