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COMPETITIVIDAD

Informe Nacional de Competitividad vuelve a pedir “condiciones habilitantes”

La versión 2018-2019 del Informe Nacional de Competitividad, que construye el Consejo Privado de Competitividad, volvió a destacar la necesidad en Colombia de “condiciones habilitantes para la productividad”.

1 de noviembre de 2018

En una nueva versión del Informe Nacional de Competitividad el Consejo Privado de Competitividad (CPC) sugirió 3 necesidades fundamentales y un compromiso transversal para que el país mejore su calificación en los indicadores mundiales de competitividad y logre avanzar al grupo de mayores ingresos.

La primera petición del CPC fue “mejorar las condiciones habilitantes que permitan aumentar la productividad”, por ejemplo reduciendo el costo del transporte que sigue siendo el más alto de América Latina.

En ese sentido, recordaron que este año Colombia obtuvo la calificación más alta en su historia dentro del Índice de Desempeño Logístico y avanzó 36 casillas. Sin embargo, el país todavía transporta el 73% de su carga por carretera, el 25,5% por vía férrea y apenas 1% por vía fluvial.

Además, el CPC destacó que de las 2.400 empresas de transporte registradas en el país, 2.000 son informales y apenas el 25% de los conductores tiene un contrato formal, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A esto debe sumarse que el Departamento Nacional de Planeación estima que el 70% del tiempo que gasta la cadena logística del país está concentrado en los trámites de comercio exterior.

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En productividad, el Consejo también destacó la “escasez de talento técnico calificado acorde con las necesidades del sector productivo, instituciones precarias y bajas capacidades estatales para solucionar problemas como la corrupción y para garantizar la presencia del Estado y la provisión de bienes públicos en zonas rurales”.

La segunda petición del CPC para mejorar la competitividad del país es “optimizar el funcionamiento de los mercados. La economía colombiana es aún cerrada por cuenta de barreras no arancelarias y engorrosas operaciones y trámites de comercio exterior”.

En ese sentido, el Consejo también destacó la inflexibilidad del mercado laboral, la captura de rentas “por parte de algunos grupos de interés han generado distorsiones que impiden que los factores de producción se muevan a los sectores más productivos” y el exceso de regulación.

Al respecto, el presidente de la República, Iván Duque, reconoció que el reto de Colombia está en el desarrollo empresarial y la seguridad jurídica, factores sin los cuales aseguró que el país no podrá pasar a ser de altos ingresos, lo que desencadena en menor inversión para implementar tecnología que a su vez limitaría la competitividad.

Por esta razón, según el mandatario, se necesita una “agenda laboral” con un entorno regulatorio, administrativo, jurídico y de supervisión adecuados para que las empresas puedan crecer y generar más empleo que dinamizará la economía.

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“No podemos seguir viendo a las empresas como fuente de ingresos tributarios y cada dos años hacer una reforma para ver si podemos gastar un poquito más porque estamos perdiendo competitividad”, aseguró el Presidente que acaba de presentar ante el Congreso una Ley de Financiamiento.

Y continuó destacando que por eso la recién presentada Ley de Financiamiento buscará una mejora al sistema tributario orientada a la formalización del aparato productivo y la equidad de los hogares colombianos.

La tercera sugerencia de los expertos en competitividad fue apostar con más decisión por la innovación empresarial y advirtió que por ahora “hay desarticulación y problemas de gobernanza que impiden que la escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) aporte a la productividad del país”.

El CPC resaltó que, por ahora, no hay señales de cumplimiento por lo menos a mediano plazo de la meta del país de invertir el 1% del PIB cada año en Ciencia, Tecnología e Innovación, pues ni siquiera el Conpes en esta área se ha aprobado por algún gobierno.

“Por parte del sector privado, aunque aumentó la inversión frente al rubro público, las empresas tienen aún una gran responsabilidad en adopción de tecnología e innovación, pues sus niveles actuales están lejos de los estándares internacionales”, añadieron los expertos.

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Por último, según los expertos, el país necesitará como eje transversal un pacto de cinco puntos, para que la política pública sobre productividad aplique los mejores estándares internacionales en buenas prácticas:

1. Limitar intervenciones a resolver fallas de mercado o de gobierno.

2. Renunciar a dirigir recursos públicos a sectores específicos vía subsidios.

3. Priorizar la provisión de bienes públicos, en pro de la equidad.

4. Privilegiar instrumentos con efectividad y eficiencia demostrada, con un análisis de sus consecuencias no intencionadas, e iterar con base en aprendizajes de bajo costo.

5. Garantizar articulación al interior del Gobierno, entre nación y regiones, y del sector público con empresas, trabajadores y academia.

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