Negociación del salario mínimo empezaría en 8,5% por parte de los trabajadores

En el Congreso de Asocajas 2018, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajo (CGT), destacó que la propuesta del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, de hacer un aumento de 8,5% es interesante para los sindicatos que representan la clase trabajadora en Colombia.

“Hay una propuesta que nos resulta interesante que la planteó el expresidente Uribe que, en un consejo gremial, propuso un incremento de 8,5% para el salario mínimo de los trabajadores. Naturalmente que uno no puede decir que no está de acuerdo porque fue él quien lo propuso, me parece que es una alternativa formidable, es un buen punto de partida para el deber ser de un salario mínimo legal, que sea realmente decente para la clase trabajadora colombiana”, explicó el dirigente sindical.  

Aunque la propuesta del senador Uribe habla de un incremento adicional al que tradicionalmente se da en la mesa de concertación, Gómez de la CGT aseguró que ya es una propuesta que está en firme para la negociación, porque no hay lugar a un doble incremento –ni por tiempo ni por constitución-.

Por ello quieren tomar lo mejor de la propuesta para adoptarla al sistema laboral colombiano. “Miremos cómo es la situación exactamente porque, mientras haya sectores profundamente neoliberales en este país, que digan que el salario mínimo es demasiado alto, lo único que se ve es que nunca han vivido con ese salario cada mes”, resaltó Julio Roberto Gómez.

Vale mencionar que el 22 de noviembre se va a fijar la agenda de las reuniones de la Comisión Permanente de Concertación y ya están en análisis de las propuestas que hay, como la de Anif de un incremento de 4% que para Gómez en absolutamente inaceptable.

Más aumento, ¿más desempleo?

Frente a la tesis que existe sobre que entre más alto es el salario mínimo se genera más desempleo o, incluso, mayor inflación, Julio Roberto Gómez fue enfático en decir que no es cierto. Recordó que en 2013, con una inflación de 1,94%, se firmó el acuerdo de salario mínimo para 2017 que quedó en 4,5%; es decir que el incremento fue de 2,56 puntos por encima del IPC.

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“Esto es el 134% y no le pasó nada ni al empleo ni a la economía colombiana, lo que pasa es que esa tesis trasnochada de que un mayor incremento genera desempleo está definitivamente revaluada. Entonces todos tendríamos que ganar un salario mínimo para que no se afecten ni el empleo ni la economía “, comentó.

Los sindicatos de los trabajadores le piden al Gobierno Nacional y a los empresarios que es necesario aumentar la capacidad de compra de la clase trabajadora para que haya una mayor demanda de bienes y servicios, así se impulsará el crecimiento de la oferta y el empleo.

De acuerdo con las versiones de los diferentes líderes sindicales que representan a los trabajadores en Colombia, el salario mínimo por regiones dependiendo de su productividad, generaría una balcanización de los salarios. No obstante, se aceptaría que en la única región en la que el mínimo pueda ser diferente es en San Andrés (por lo menos el doble según la CGT), ya que es un departamento que tiene un costo de vida muy alto ya que todo es importado, hasta el agua.

Adicionalmente, rechazan la posibilidad de que con la nueva ley de financiamiento se graven todos los productos de la canasta familiar. En cambio, proponen que se regrese a un porcentaje de IVA de 16% (tal y como estaba antes de la actual reforma tributaria) para todos los artículos de la canasta. “No es aceptable que digan que se devuelve el IVA en las tarjetas de crédito porque no todas las personas tienen una, ni todas las compras se pueden hacer por medio de esta forma de pago”, manifestó Gómez.

Por su parte, José Diógenes Orjuela García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expuso que se puede hablar de un plan de 5 años en donde los salarios se dupliquen sobre la base de una fuerte inyección. “Tenemos calculado que los movimientos del aparato productivo colombiano pueden costar $90 billones, eso significa garantizar que, si en 5 años se doblan los salarios, en 5 años el aparato productivo puede estar generando por lo menos el doble de lo que ahora. A no ser que se quiera hacer una pequeña alza de salarios para mejorarle el negocio a los importadores, porque eso no desarrolla al país”.

El presidente de la CUT no acepta que las regiones menos favorecidas tengan que vivir sometidas a ‘ser pobres toda la vida’ solo porque la productividad de su región es baja. De acuerdo al líder sindical, eso gestaría más inequidad. Vale recordar que Colombia es el séptimo país más inequitativo del mundo y el segundo de Latinoamérica. “Lo que el Gobierno tiene que tener es una generación nacional de productividad de trabajo como ocurre en otros países”, resaltó.

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Anif, como ya se mencionó, propuso un incremento de 4%, propuesta que fue tildada por la CUT como un proceso que mantendría la miseria en la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ya que, según él, se debe llegar a un equilibrio entre el bienestar de la población, la justa distribución de la riqueza y un sector productivo altamente competitivo.

Empleo formal

Los sindicatos concuerdan en que hay una urgente necesidad de formalizar el trabajo en Colombia, ya que el porcentaje está por encima de 50%, lo que hace que la economía del país se estanque. Además, complica, según Gómez, la situación de la clase trabajadora y el fortalecimiento mismo de las cajas de compensación familiar. “No tiene sentido que una empresa que tiene 1.800 trabajadores, pero solamente 60 tienen contratos a término indefinido y el resto están tercerizados, es informalidad. Por ello es fundamental que se sincere la situación de cara al país y combatir la informalización laboral si queremos tener una Colombia totalmente distinta”.

De otra parte, el presidente de la CGT resaltó que los sindicatos no deben centrarse únicamente en la negociación del salario mínimo cada año, sino de otros temas que involucran las políticas salariales y laborales como: las pensiones, Plan de Desarrollo, modelo de desarrollo con perspectiva de futuro, facultades que les fueron otorgadas en la reforma constitucional de 1991.