La demanda colectiva se radicó en contra de TransMilenio, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Transporte y la empresa que concesiona el servicio, Recaudo Bogotá S. A. S.
Los demandantes señalan que vender la tarjeta Tu Llave limita el acceso al servicio público de transporte y los derechos de los consumidores y de los usuarios.
“En realidad, esta no es una cuestión de precios, lo que nos importa es que se están violando nuestros derechos doblemente, nuestros derechos como consumidores y nuestros derechos de acceder al servicio público de transporte”, indica la profesora Yira López, miembro de los demandantes del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
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En la actualidad la tarjeta tiene un costo de $6.000 y el pasaje de $2.500, lo que da un total de $8.500 que son considerados por los demandantes como un precio alto para una persona que necesita el servicio de TransMilenio de manera esporádica o por un solo viaje, en el caso de un turista.
La vulneración a los derechos se hace evidente, aseguran los accionantes, cuando se piensa que para una persona es imposible acceder al sistema si no ha adquirido el plástico de la tarjeta, que tiene un costo independiente no reembolsable con pasajes.
Este fenómeno es llamado en el derecho de consumo como “venta atada” y se presenta cuando un consumidor solo puede acceder a un bien o servicio si compra otro bien distinto.
“Esto adquiere una perspectiva importante y puede resultar excesivo, si se piensa en aquellas personas que usan el servicio esporádicamente, como turistas o personas que usan otras formas de transporte o incluso si se piensa en aquellos usuarios frecuentes que dejan su tarjeta Tu Llave y se ven obligados a comprarla así tengan una en casa”, precisó el GAP.
Ante esta iniciativa la empresa TransMilenio se encuentra haciendo revisión de la demanda colectiva y se pronunciará en los próximos días a través de su equipo jurídico.
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“Por ser una acción popular cualquier persona puede entrar y participar en ella con la presentación de una coadyuvancia que respalde a los demandantes en esta iniciativa de alto impacto, invitación que precisamente extiende el GAP, pues los derechos afectados nos pertenecen a todos y todos podemos defenderlos”, explica la profesora López.
El proceso se encuentra a la espera de una Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento.