La Superintendencia de Transporte informó que abrió una investigación y formuló cargos contra las empresas Servientrega, Transportadora Mercantil del Valle, Lamkarga, Compañía Nacional de Carga y Cotranscopetrol, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control.
Estas empresas estarían presuntamente infringiendo en la prohibición de contratar la prestación del servicio o expedir manifiestos de carga a vehículos que presentan omisiones en las condiciones establecidas en la normativa vigente al momento de su registro inicial.
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El Gobierno explicó que contratación o expedición de manifiestos de carga a vehículos mal matriculados está prohibida en la normatividad vigente.
No obstante, la entidad determinó que las empresas mencionadas expidieron manifiestos electrónicos de carga a esos vehículos mal matriculados, incluso con posterioridad a que el Ministerio de Transporte publicó el Primer Reporte de Vehículos de Carga Mal Matriculados en noviembre de 2018. Ese reporte, a su turno, se basó en información reportada por los diferentes organismos de tránsito del país.
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"La contratación con vehículos mal matriculados afecta la legalidad, la formalización y el emprendimiento en el sector transporte. En caso de encontrarse responsables a las empresas mencionadas, las multas para cada cargo podrán ser hasta por 700 salarios mínimos mensuales vigentes", señaló la Supertransporte, en un comunicado.
A ese respecto la entidad afirma haber hecho un llamado en febrero de este año todos los gremios de generadores de carga y de empresas de transporte, para que estos se encarguen de recordar a sus miembros el deber de no contratar con vehículos mal matriculados.
De conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, así como lo señalado en la Resolución de apertura, "las personas que deseen intervenir en la investigación, solicitar y aportar pruebas, podrán hacerlo acreditando su calidad de tercero interesado en la actuación", agregó la Superintendencia de Transporte.
Igualmente reiteró que vigila, inspecciona y controla las empresas prestadoras de transporte terrestre de carga, con el propósito de velar por la calidad y legalidad del servicio.
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