La Anla ya empezó a decirle NO al fracking

Mientras que hace unas semanas el Consejo de Estado decidió suspender la vigencia de un decreto y una resolución que establecían las condiciones técnicas para aprobar el fracking en Colombia, se conoció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió negar la licencia ambiental para los primeros dos proyectos de este tipo en el país.

Se trata de los bloques VMM2 y VMM3 de la multinacional Conoco Phillips.

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Dentro de los argumentos de la autoridad se encuentran varios, pero uno de los más importantes es una supuesta “contradicción en los términos de referencia” que exige la normativa vigente para este tipo de proyectos. Eso significa que para la Anla, la compañía que solicitó la licencia no cumplió con lo exigido por la normativa. 

Se refiere específicamente a la definición de las áreas de influencia y de revisión. El área de influencia se refiere a las zonas que serán directamente afectadas por la operación del proyecto, mientras que el área de revisión es una zona que se define en un sentido más amplio y no solo asociada a los impactos del proyecto sino a dimensiones definidas por la norma.

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Para la Anla, es necesario que en el caso de estos proyectos, el área de influencia corresponda exactamente al área de revisión. Esa será una de las peleas que dará la compañía, pues considera que con esa definición muchas comunidades que no se afectan por el proyecto entrarían a pelear por los recursos de inversión y compensación ambiental con los que cuenta la compañía para desarrollar estos bloques.

Inmediatamente, Conoco interpuso un recurso de reposición con el objetivo de que la Anla revise la decisión. El pronunciamiento en segunda instancia deberá ser estudiado por la entidad.

Al conocer la noticia, la compañía emitió un comunicado en el que señala que cumplió con todos los requisitos. “Es importante destacar que, dentro de los procesos de formulación de los estudios de impacto ambiental, ConocoPhillips Colombia y autoridades nacionales se reunieron en más de 100 oportunidades con las partes interesadas y las comunidades de los proyectos en mención, en donde escuchamos las preocupaciones de las personas interesadas y respondimos a sus preguntas sobre nuestros planes de desarrollo”.

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La compañía destaca que “este proyecto generaría billones de pesos de inversión en los municipios de San Martín, Aguachica y Río de Oro, departamento del Cesar, así como un número significativo de ofertas laborales para la región (aproximadamente 1.000 puestos de trabajo) e inversiones sociales que propenden al desarrollo y el bienestar de las comunidades que formarían parte de las áreas de influencia de los proyectos”.

El debate sigue abierto

El anuncio pone de nuevo sobre la mesa la polémica acerca de la idoneidad de las autoridades colombianas para garantizar el control de este tipo de actividades. Lo que el Consejo de Estado señaló en su reciente decisión es que que el país le debe dar prioridad al principio de precaución, que indica que en los casos de duda, es mejor abstenerse de iniciar proyectos que puedan afectar gravemente el medio ambiente. Eso lo que significa es que ni siquiera las autoridades deberían considerar la aprobación de licencias para el fracking, porque se supone que no hay forma de control eficaz.

Esto lleva a poner la lupa en la capacidad de las autoridades sectoriales y ambientales de garantizarle al país que se cumplirán todos los protocolos para impedir cualquier afectación al medio ambiente.

La decisión que la Anla adoptó sobre los proyectos de ConocoPhillips puede ser leída como una demostración de que en Colombia las autoridades sí tienen el suficiente conocimiento técnico y la capacidad de ejecutiva para inclusive negar una licencia.

Por eso, debe ser debatido cuál es el verdadero espectro de aplicación del principio de precaución, porque hacerlo a “raja tabla” es suponer que la institucionalidad tanto minera como ambiental no tiene cómo cumplir con sus obligaciones. El caso de ConocoPhillips, la primera licencia ambiental asociada a un proyecto de fracking, muestra que la Anla sí está haciendo la tarea.

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Según el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, el país tiene una regulación estricta que permite a las autoridades garantizar la protección del medio ambiente en estos casos.

Además considera que la práctica del fracking no significa riesgos contra el medio ambiente más allá de los de cualquier otra actividad humana. Según él, hoy existen en el país estándares técnicos de nivel internacional, inclusive superiores a los de muchos otros países donde se ha hecho fracking.

Los críticos del fracking son más partidarios de que se aplique el principio de precaución sin ningún matiz y que se declare la moratoria para estas prácticas por los potenciales impactos no solo en los acuíferos, sino en los lugares donde existen fallas geológicas, por la posible sismicidad que podría generar esta técnica.

La primera decisión sobre un proyecto de fracking va a abrir de nuevo el debate, pues en las regiones donde se iba a iniciar el proyecto, muchos se empezaron a quejar por la posibilidad de que esas inversiones no lleguen a la región. Esta tecnología permitirá al país ampliar sus reservas y alejar el fantasma del desabastecimiento. De otra parte, aquellos que quieren declarar la moratoria para los proyectos no convencionales de hidrocarburos también tienen sus argumentos. Esta novela apenas está empezando.