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La extorsión es un delito en Colombia y se castiga con mínimo 12 años de prisión.

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Petroleras piden aclarar presuntos pagos extorsivos

La Asociación Colombiana de Petróleo pidió el martes al gobierno aclarar "rápidamente" cuál empresa estaría presuntamente haciendo pagos extorsivos a grupos ilegales armados, como denunció el presidente Juan Manuel Santos.

21 de junio de 2011

En el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela y entre los tres principales productores de crudo del país, el mandatario dijo el lunes que estaban investigando datos en torno a que una empresa extranjera había hecho un pago extorsivo.

"No sabemos (cuál es la empresa) y nos parece imperativo que el gobierno rápidamente aclare cuál contratista de servicios es el que se ha visto involucrado en esta situación porque mientras tanto todo el sector...queda un poco en el banquillo de los acusados", dijo en diálogo telefónico Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo.

Pero si las autoridades llegan a determinar que efectivamente se hizo, de cuánto y en qué condiciones pagos extorsivos, entonces la contratista o empresa deben ser sancionados, agregó Martínez.

"Si violaron la ley debe caerle toda la sanción", añadió.

Los pagos extorsivos se refieren a dineros que grupos ilegales armados hasta delincuencia común han cobrado a empresas o particulares a cambio, por ejemplo, de evitar un atentado a instalaciones, entre otros.

La extorsión es un delito en Colombia y se castiga con mínimo 12 años de prisión.

Martínez aseguró que ha recibido de sus asociados un creciente número de denuncias sobre intentos de cobro de esos pagos en los últimos meses, pero no ofreció detalles.

José Juan Rivera, presidente de la Asociación de Municipios Petroleros de Colombia (Ampet), que agrupa a 48 de los 80 municipios productores de crudo del país, dijo telefónicamente que aunque no llevan una estadística de esos casos de denuncias de extorsión ni sobre cuáles empresas, tales casos se "conocen de tiempo atrás".

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, aseguró en la jornada que las declaraciones del presidente surgieron por datos encontrados a un guerrillero. Pero "no se puede decir más de eso para no interferir en la investigación", dijo el ministro a la radio Caracol.

Sólo ratificó que esos dineros de la extorsión son parte de las fuentes de financiamiento de los ilegales para su accionar en contra del Estado y la sociedad.

El mandatario no identificó ni a la empresa, ni reveló el monto del presunto pago o cuál grupo se habría hecho con el dinero. En Arauca operan diferentes grupos armados al margen de la ley como las Farc y el Eln, tanto como bandas de narcos.

"Es una empresa extranjera y esa empresa la sacamos del país" si se comprueba el pago, dijo Santos.

La Policía Nacional ha dicho que la búsqueda de un pago extorsivo sería una de las causas del secuestro de cuatro ciudadanos chinos, contratistas de la empresa multinacional petrolera Emerald Energy, el pasado 8 de junio en Caquetá, al sur del país por presuntos rebeldes de las Farc. Hasta ahora se desconoce el paradero de los cuatro contratistas.

 

 

 

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