La Superintendencia de Transporte diseñó una estrategia que tiene cuatro frentes para apoyar a los empresarios del sector que se han visto afectados por la pandemia del covid-19.
El primer frente es reducción y eliminación de costos para las empresas. La SuperTransporte junto con el sector privado identificó costos que se pueden eliminar. Además, modificó la fórmula para la liquidación de la contribución especial que se paga por parte de los vigilados, para que se tenga como base de liquidación los ingresos reales y no los ingresos proyectados de las empresas.
Asimismo, convocó al sector privado a identificar la circular que genera costos para los vigilados y no genera valor para el sector transporte proferida por la Superintendencia, asumiendo el compromiso de derogarla. De esa forma, está trabajando en la Circular Única de la Superintendencia que abrirá un espacio de cocreación de la norma con el sector y también facilitará el entendimiento de las obligaciones que tienen las empresas con la entidad.
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El segundo frente es el diferimiento de costos que no puedan eliminarse, la SuperTransporte está identificando qué obligaciones de los empresarios se pueden aplazar, para que los costos no se generen en este momento sino con posterioridad.
Por tal razón la entidad tomó la decisión de aplazar la fecha límite para adoptar el logo de la Superintendencia en los vehículos, facturas y demás papelería, permitiendo que se realice a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Del mismo modo, aplazó el pago de la contribución especial, permitiendo que las empresas lo hagan en diciembre de 2020.
El tercer frente es acciones para mejorar la liquidez inmediata de las empresas. La SuperTransporte está revisando mecanismos que le generen liquidez a las empresas en este momento de crisis. La entidad ha revisado más de 15.000 procesos sancionatorios y, como consecuencia, están levantando los embargos de sanciones que habían sido impuestos de manera injusta entre los años 2016 a 2018.
Asimismo, exoneró a los empresarios de multas por más de $4.800 millones que ya se habían causado y ya eran exigibles.
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De igual forma, inició la devolución de más de $2.000 millones por multas que los empresarios ya pagaron, para lo cual expidió un abecé con cuatro cuatro pasos sencillos para que los empresarios puedan reclamar los dineros a la SuperTransporte.
El último frente es la agenda de supervisión contra la ilegalidad. La Superintendencia inició sesiones de trabajo con agremiaciones del sector para identificar los problemas que más afectan a cada modalidad de transporte y así formular una agenda de supervisión que impacte en los principales problemas.
Asimismo, por primera vez requirió a las autoridades municipales y departamentales la formulación del Plan Estratégico de Control al Transporte Ilegal, exigiendo acciones en cada una de sus jurisdicciones para controlar el mototaxismo y otras formas de transporte ilegal.
“Estamos repensando el rol de la Superintendencia en medio de la pandemia para que podamos acompañar y apoyar a los empresarios que se esfuerzan por cumplir la ley, así como sancionar a quienes deliberadamente no quieren hacerlo”, señaló el superintendente Camilo Pabón Almanza.