¿Al fin sí se violaron topes para recoger firmas reeleccionistas?

Se acerca la hora cero para que la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre las cuentas de la recolección de firmas que respaldan el referendo reeleccionista arroje resultados. El viernes de la semana pasada se vencieron los tres meses de plazo en los que el CNE debía recopilar y analizar la documentación que soporta la contabilidad de la fase inicial de la consulta popular, que busca habilitar al presidente Álvaro Uribe para que pueda aspirar a otro período presidencial.

El magistrado ponente de la investigación es José Joaquín Vives. Él presentará una ponencia ante los magistrados que integran el CNE, en la que demostrará si los promotores del referendo reeleccionista violaron o no los topes establecidos legalmente para la financiación de iniciativas populares. Aunque Vives aún no ha radicado su ponencia y varios de los magistrados están recién llegados de otros países en donde han servido de garantes electorales, es probable que aborden el tema esta semana.

Las cuentas del referendo han sido motivo de un álgido debate entre los defensores de la iniciativa, opositores al gobierno y uribistas no reeleccionistas. La razón: las cuentas no fueron claras desde el principio.

Por ejemplo, a pesar de que Semana.com solicitó a Luis Guillermo Giraldo, ex secretario del Partido de la U y representante de los promotores, revelar los nombres de los financiadores, como el artículo 95 de  la ley 134 de 1994 lo permite, él se negó a hacerlo.

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El número de firmas y su validez fueron certificadas por el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. No obstante, la financiación no, porque en su criterio habían varias inconsistencias.

En el transcurso de los debates en el Congreso salió a la luz quiénes fueron los financiadores de la polémica iniciativa. Entre ellos están los nombres de varias empresas contratistas del Estado y de sectores que han recibido un gran apoyo de este gobierno.
 
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Pero, lo que más generó dudas es que los aportes individuales al proyecto sobrepasan el tope que fija el CNE cada año, a través de una resolución. Esta norma dice que el monto total de una financiación no podrá superar los 335 millones de pesos, y que el aporte individual no podrá superar el uno por ciento de esa financiación.
 
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No obstante, la cuentas que presentó Giraldo y los promotores del referendo incluyen fondos por más de 2 mil millones de pesos. Además, dentro de los 109 donantes hay un aporte de 150 millones de pesos –que supera en 40 veces el tope legal- que lo hizo la firma Consultores del Desarrollo perteneciente a la familia Name, reconocida por su cacicazgo electoral en la Costa Caribe y contratista del Estado.
 
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Sin embargo, pese a estas cuentas los promotores de la iniciativa del referendo (que también son investigados penalmente por la Fiscalía por el delito de fraude procesal) justificaron las cuentas del proyecto diciendo que se trató de un préstamo que les hizo la Asociación Colombia Primero, que es integrada por varios de los mismos promotores.

Pero, un alto ejecutivo de una de las empresas que más aportó dinero a la campaña y que aparece en la contabilidad, consultado por Semana.com, explicó que la organización Colombia Primero no pidió en calidad de préstamo el dinero, sino en calidad de donación. “Para actividades relacionadas con el referendo y otras”, dijo la fuente que pidió su reserva. Por esta razón, para muchos analistas se trató de una triangulación en la que el dinero salió de un bolsillo de los promotores y pasó a otro de ellos mismos.

El efecto legal de la investigación está por definirse. Así lo explicó este miércoles el diario El Nuevo Siglo que citó al Registrador Sánchez: “es posible que las cuentas sí constituyan una infracción a la ley de los topes en las campañas de recolección. Los efectos de la violación de los topes para este tema no están establecidos en la Constitución y la ley, y será la Corte la que diga el alcance de una infracción”.

El Registrador se refería a la Corte Constitucional, que en caso de que el proyecto salga avante en el Congreso, donde hace falta la conciliación del proyecto, deberá pronunciarse sobre la legalidad del trámite teniendo en cuenta los resultados de la investigación del CNE.

Lo que sí puede hacer el Registrador, en caso de que se compruebe la violación de los topes, es no certificar la financiación del proyecto. Esta decisión  podría servir de argumento a los magistrados de la Corte Constitucional para decir que el proyecto no tiene los requisitos constitucionales.

No obstante, esta no es la única talanquera que tiene enredado el referendo reeleccionista. En la legislatura pasada, los congresistas elegidos por la Cámara y el Senado para conciliar un texto del proyecto no se atrevieron a hacerlo por que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigacion preliminar a los 86 representantes que votaron a favor de la iniciativa a pesar de que su contabilidad no estaba certificada. 
 
Por esta razón, la conciliación quedó suspendida para después del 20 de julio, cuando el Congreso reanude funciones. Falta ver si después de todas las denuncias de falta de transparencia y de irregularidades en su trámite, la iniciativa logra salir de su estado de coma.