Buscan revivir millonario negocio con póliza de vehículos que beneficiaría al polémico clan Torres. Esta es toda la historia

Un proyecto de ley en el Congreso tiene encendidas las alarmas. Revive un artículo de una norma denunciada como pieza clave de un plan del clan del empresario Euclides Torres, quien tiene en su poder buena parte del negocio de los centros de apoyo al tránsito en Colombia.

Los gremios de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) padecieron por casi un año debido a la Ley 2283 de 2023, expedida el 5 de enero de ese año. En el proyecto aprobado en el Congreso, que tenía como objetivo garantizar el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), se incluyó un mico que obligaba a expedir un seguro que cubría daños a terceros por cada revisión técnico-mecánica. Expedir la póliza de seguro, que costaba entre el 21 y el 23 por ciento del valor de esa revisión, era obligatorio. Esto no cambió el precio del procedimiento, que fue estipulado en máximo 298.000 pesos por el Ministerio de Transporte.

En su momento, la Corporación Colombiana de Apoyo (Corpcap), que reúne a pequeños empresarios de los CDA, advirtió que podría ser una estrategia para debilitarlos, quebrarlos y abrir la puerta a una monopolización del sector, que podría ser de interés para Torres, quien, según Nicolás Petro, fue un cercano colaborador de la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro.

Incluso, el exdiputado del Atlántico, procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, aseguró que el clan político financió el recordado evento de la P en Barranquilla.

“Lo más probable es que el clan Torres se quiera apoderar de los CDA y de todos los organismos de apoyo. Somos empresarios pequeños. El clan siempre está metido y facturando por cada cosa que hacemos”, dijo en su momento Juan Steiner Carvajal, presidente de Corpcap.

Por las demandas de varios grupos del sector, la Corte Constitucional declaró inexequible en noviembre de 2023 el artículo que los obligaba a expedir la póliza. Todas las intervenciones, incluso la de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), pidieron tumbar ese requisito, menos la Asociación Colombiana de CDA.

SEMANA conoció que existe un grupo de centros de diagnóstico que ya expedían la póliza en alianza con la empresa Seguros Mundial. Luego de expedida la norma, fueron los únicos que pudieron seguir asegurando los vehículos que entraban por una revisión técnico-mecánica.

Ahora llama la atención de los gremios que el proyecto de Ley 428 de 2024, radicado en abril de este año, reviva la póliza de forma muy similar al planteamiento en el mico que denunciaban por sus supuestos beneficios al clan Torres.

La iniciativa, de Julián López, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido de la U, rescata el seguro haciéndolo obligatorio para todos los propietarios de vehículos, sin que este sea entregado por los CDA.

“Todos los vehículos matriculados en Colombia de servicio particular y las motocicletas y similares en el territorio nacional deben estar amparados por el seguro obligatorio de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños materiales causados a terceros en accidentes de tránsito”, dice el proyecto.

Las características, las mismas descritas en el artículo tumbado por la Corte, son una cobertura mínima de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para vehículos particulares (SMLMV) y 7 para motocicletas y similares.

Y agrega que las compañías que lo ofrezcan podrán determinar “con libertad de oferta la tarifa y demás características propias del seguro”.

Frente a esto, el abogado Alejandro Márquez, experto en el sector transporte, denuncia la similitud entre el mico y el nuevo proyecto. Además, asegura que la única empresa de seguros que puede expedirla con un precio competitivo es Seguros Mundial, la misma que vendió más de 520.000 pólizas durante la vigencia del polémico artículo que perjudicó a los CDA.

“La póliza hoy existe y la única aseguradora que ya hizo el depósito a la Superintendencia Financiera para venderla es Seguros Mundial. Es idéntica a la consagrada en el artículo 6 de la Ley 2283, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Tiene demasiadas exclusiones, además de un deducible de un salario mínimo mensual vigente. Hoy no se entiende cuál es el afán de que esa póliza tenga que ser adquirida y entre en vigencia”, dijo Márquez en SEMANA.

El abogado Carlos Rubio, quien asesoró a los CDA en el proceso de eliminar el artículo que los obligaba a expedir la póliza, también expresó sus reparos frente al asunto.

“La idea es muy buena. Los obligamos a portar un seguro, pero la norma, como está concebida, tiene un escenario pernicioso que busca un monopolio a favor de una única aseguradora, que es Seguros Mundial. El proyecto también dice que las aseguradoras deben fijar la tarifa como quieran, pero es el Gobierno quien debería establecer el monto”, manifestó Rubio a este medio.

Y agregó que las ganancias de la aseguradora en cinco meses, a través del seguro de los CDA, fueron cercanas a los 23.000 millones de pesos. “Estoy haciendo cuentas conservadoras”, dijo Rubio.

Finalmente, aseguró que no le extrañaría que el clan Torres estuviera detrás de algunas de las repercusiones de la nueva iniciativa.

“Uno los ve jugando en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), pero está documentada la forma en la que están metidos en el recaudo y en el Sicov, en los CDA. En la superficie no se ve, pero en las cuerdas invisibles no sería remoto”, dijo el abogado.

SEMANA conoció el expediente de Seguros Mundial en la Superintendencia de Transporte, donde fue investigada por presuntos incentivos para que usuarios asistan a un CDA, cubriendo parte del costo de la revisión.

La Superintendencia no sancionó, pero los propietarios de los centros creen que esta póliza puede seguir siendo expedida por algunos CDA, tal como ocurría con la anterior ley, con el fin de ser más atractivos para los usuarios del servicio y acumular más clientes.

Habla el autor del proyecto

En conversación con SEMANA, el representante Julián López resaltó los atributos de su propuesta.

“Quiere darle la oportunidad de que los colombianos aseguren su patrimonio. Costaría 70 pesos diarios para motos y para carros cerca de 110. Puede valer entre los 36.000 y 42.000 pesos anualmente. Se necesita y es una belleza”, dijo el congresista, quien asegura que es una “maravilla de proyecto”.

Y desmintió que se trate de una ayuda a la familia Torres o un posible negocio para Seguros Mundial.

“Los Torres no están en ese negocio, no venden seguros. Los CDA no tienen nada que ver con esto. (...) Cuando se requirió el seguro, la única aseguradora que estaba dispuesta era Seguros Mundial. Van a salir otras aseguradoras para ofrecerlo, seguramente. Es un proyecto neutral y necesario”, indicó.

Resaltó la necesidad de que se apruebe el seguro obligatorio: “La Corte Constitucional es la mayor promotora del proyecto”.

Llama la atención cómo un artículo de una norma, criticada por la posibilidad de que se puedan conformar monopolios en torno a la expedición de seguros y el manejo de los CDA en el país, es revivido por un proyecto de ley que, según expertos, podría tener los mismos vicios.

El clan de Euclides Torres viene de perder una batalla en el Congreso de la República con el hundimiento del proyecto de “movilidad segura e incluyente”, que pretendía aumentar el recaudo del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov) de los centros de apoyo al tránsito.

El proyecto que revive el mico será debatido en segundo debate en la Cámara de Representantes, luego de ser aprobado por unanimidad en la Comisión Sexta de la Cámara.

En respuesta a las denuncias, Seguros Mundial le dijo a SEMANA que no fue la única aseguradora que ofreció la póliza de los CDA y que no es de “particular interés” el proyecto de ley.

“Nuestro compromiso ha sido siempre ofrecer soluciones de protección para los diferentes sectores económicos del país”, respondió.