¿Cuáles son las controversias entre Vargas Lleras y los conservadores?

Aunque la coalición y el Gobierno acordaron pasar la página y superar posibles fisuras, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y los senadores conservadores Eduardo Enríquez Maya y Juan Manuel Corzo hicieron una catarsis pública donde ventilaron algunas de los mutuos malestares.
 
Esa catarsis se produjo pocas horas después de la reunión de este miércoles en la Casa de Nariño. La muy sonada (por estos días) Comisión Primera del Senado fue el escenario.
 
Allí quedaron sobre la mesa los motivos de una controversia que ha venido amenazando la armonía de la Unidad Nacional y que pasiblemente tendrá este jueves un nuevo capítulo.
 
El presidente del partido conservador, José Darío Salazar, quiere que Vargas Lleras se reúna con los cuatro senadores conservadores de la Comisión Primera (Eduardo Enríquez, Roberto Gerlein, Juan Manuel Corzo y Hernán Andrade). Allí, como lo dijo el propio Vargas Lleras, quedará claro si las diferencias son personales.
 
Pero, ¿cuáles son los motivos de la controversia? Desde posiciones en proyectos de ley hasta algunas decisiones del gobierno han motivado los malestares de uno y otro lado.
 
Estatuto anticorrupción
 
El pasado sábado en Armero, en el Acuerdo para la prosperidad, Juan Manuel Santos le preguntó públicamente sobre la suerte del estatuto anticorrupción. El ministro Vargas Lleras respondió: “tengo la mala noticia que la comisión Primera del Senado no lo ha discutido y probablemente no lo haga”.
 
Pero Vargas Lleras dijo que él tendría que remitirse a los resultados, y aunque reconoce el avance de la agenda legislativa, “no le puedo decir mentiras al jefe del estado. Tengo que decirle que el proyecto no marcha y fue radicado el 7 de septiembre”.
 
Eduardo Enríquez Maya dice que el único “pecado” que ha cometido es preguntarle al Ministro de Hacienda sobre el costo fiscal de un proyecto que contempla aumento de penas y eliminación de subrogados penales, es decir, beneficios de rebaja de penas o de prisión domiciliaria. “Lo que queremos es colaborarle al país por encima de los intereses políticos (…) por eso no pueden tildarnos de corruptos o de estar en contra del proyecto”.
 
El presidente de la Comisión primera tuvo sustento en posiciones del vicefiscal, Fernando Pareja, que consideró que leyes que aumentan penas obligarían a duplicar la planta de la Fiscalía y generarían hacinamiento carcelario.
 
Vargas Lleras controvirtió esa posición al afirmar que sólo el 2 por ciento de los 85 mil reclusos fueron sentenciados por delitos contra la administración pública. “No debe ser un argumento contra el estatuto”, explicó el Ministro.
 
El senador Juan Manuel Corzo dijo que el Gobierno está buscando la corrupción “río arriba”, y que no hay que buscarla en el congreso ni en los partidos políticos, sino en el propio Ejecutivo.
 
“No podemos señalar a los congresistas -que puede haber algunos que tengan de pronto esos vicios (de corrupción) en su función- pero está demostrado que en la rama Ejecutiva se dan los grande escándalos de corrupción”, dijo Corzo.
 
Ley de ‘jubileo’
 
El polémico proyecto que busca la rebaja de la quinta parte de la pena para todos los presos del país, con motivo del bicentenario, tuvo como ponentes a los conservadores Juan Manuel Corzo y a Roberto Gerlein.
 
La Comisión primera del senado lo aprobó en primer debate, pero sin ningún tipo de condiciones, como sugirió el Gobierno en esa primera instancia. El Ministro del Interior había insistido en que la rebaja de la quinta parte de la pena debía estar condicionada a determinados delitos y a determinados perfiles.
 
Como el proyecto pasó a la plenaria sin condiciones, en su debate el Ministro alertó que hasta algunos ex congresistas detenidos por la parapolítica podrían quedar en libertad.
Los ponentes, los senadores Corzo y Gerlein fueron señalados por la opinión pública de querer dejar en libertad a dirigentes políticos.
 
Corzo y Gerlein rechazaron tal afirmación, mientras que Vargas Lleras insistió en que el Gobierno no comparte ese proyecto, al afirmar que de aprobarse la iniciativa 7.366 personas recobrarían su libertad, de ellas 185 fueron condenadas por delitos sexuales, 444 por delitos contra el patrimonio, y una lista de casos particulares en las que están “delincuentes de alta peligrosidad”, señalando casos de miembros de las Águilas Negras, Bandas Criminales y hasta de guerrilleros como alias ‘Negro Antonio’ o alias ‘Gafas’, uno de los secuestradores de Íngrid Betancourt.
 
El ministro del Interior pidió poner condiciones para los beneficios que contempla ese proyecto, y que será discutido en segundo debate en la plenaria del Senado.
 
Intervención a Estupefacientes
 
La reciente decisión del Gobierno de intervenir la Dirección Nacional Estupefacientes tuvo consenso. Sin embargo, al advertir las irregularidades, las miradas en general se dirigieron a las antiguas administraciones del Ministerio del Interior, que fue durante ocho años cuota del partido conservador.
 
Eduardo Enríquez Maya rechazó públicamente esa afirmación, al insinuar que el origen de esa tesis había sido el propio ministro Germán Vargas Lleras. Incluso recordó que el más reciente ex director de la DNE, Ómar Adolfo Figueroa, tenía filiación con el partido liberal.
 
Vargas Lleras dijo que la decisión de intervenir la DNE no podía ser objeto de controversia política y que en las denuncias sobre irregularidades “no se ha señalado a ningún partido como responsable”. El Ministro del Interior dijo que las autoridades judiciales deben determinar a quién le caen las responsabilidades.