Política
El enredo jurídico que tiene el Partido Conservador por una demanda. Esta es la historia
Un juzgado ordenó medidas cautelares y embargó, preliminarmente, dos bienes del partido político.
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El Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá ordenó aplicar medidas cautelares sobre una cuenta bancaria y la sede del Partido Conservador, en medio de una demanda que cursa en su contra.
La organización política asegura que actuó conforme a la norma y espera que las autoridades levanten el embargo preliminar en los próximos días.
La historia se remonta al 3 de febrero de 2022, cuando la compañía Media Consulting Group Colombia S. A. S. fue contratada por el Partido para la planeación, negociación y ejecución de un plan de medios con destino a la campaña del Senado y la Cámara de Representantes para el mismo período.
En medio de esa contratación, supuestamente, integrantes del Conservador habrían solicitado a la empresa ceder espacios publicitarios establecidos para la campaña legislativa a la campaña presidencial del entonces precandidato David Barguil, “argumentando limitaciones en los topes de gasto de su campaña”.
El representante legal de la compañía, Marlon Díaz, manifestó a SEMANA que las tareas adiciones se cumplieron, siguiendo aparentes decisiones del Partido: “Dichas instrucciones fueron cumplidas de buena fue por Media Consulting Group bajo el entendido de que el Partido reconocería y reintegraría los valores desviados”.
Díaz detalló que, a la fecha, el Partido no ha reintegrado ni reconocido los valores de esa campaña presidencial, “pese a múltiples requerimientos formales enviados entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 a la Presidencia del Partido, Gerencia Administrativa, Secretaría General, Jurídica y Veeduría Interna”.
Ante este escenario, la empresa emprendió acciones legales y el Juzgado 52 Civil del Circuito de Bogotá impuso medidas cautelares sobre la sede principal del partido político y el bloque de hasta 1.100 millones de pesos de sus cuentas del Fondo Nacional Económico, “medida que busca garantizar el pago de las obligaciones adeudadas”.
El Partido respondió a la demanda, reconoció haber tenido una relación contractual con la compañía y negó que adquirió servicios adicionales que estén pendientes de pagos para la campaña del 2022.
En consecuencia, contrademandó a Marlon Díaz por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado; también solicitó revocar las medidas cautelares y devolver el control de los bienes al Partido.
