Ministerio de la Igualdad, ¿compromiso con los más vulnerables o más burocracia?

El Congreso de la República aprobó en último debate la que es considerada una de las principales promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y un compromiso con la vicepresidenta Francia Márquez, quien liderará la entidad: la creación del Ministerio de la Igualdad.

Entre las funciones del Ministerio de la Igualdad que se contemplan en el texto están la de dirigir y coordinar todo lo relacionado con proyectos y políticas públicas en pro a la igualdad, la no discriminación y la defensa de sujetos de especial protección constitucional y de grupos “marginados”.

Otro de los puntos de este proyecto es el que señala que se deberá hacer especial énfasis en los territorios “excluidos y marginados”, con el objetivo de proteger los derechos con enfoque diferencial e interseccional y atender a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Se detalla que esos grupos serán: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rrom, campesinos y campesinas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de calle y migrantes.

La sede del Ministerio de la Igualdad será Bogotá, según el articulado del proyecto. Además, tendrá muebles e inmuebles que pueda adquirir o que sean cedidos por otras dependencias del Gobierno o de privados.

Sin embargo, a pesar de que las mayorías se manifestaron a favor de la iniciativa, que queda pendiente solo de la conciliación para convertirse en ley, no se despejaron todas las dudas sobre los costos del nuevo ministerio y la posible duplicidad de funciones con otras dependencias.

El proyecto no detalla qué despachos del Estado conformarán el Ministerio de la Igualdad y Equidad, pero sí se habla de un despliegue nacional con direcciones regionales.

Tampoco se especifica, como ocurrió con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, qué institución preexistente será la base de la nueva cartera.

El proyecto le entrega facultades extraordinarias al presidente Petro para conformar el sector y definir la nueva planta de personal, sin que la ciudadanía y el Congreso conozcan los detalles. Por ese motivo, hoy hay más incógnitas que certezas frente a ese nuevo ministerio.

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, lanzó una advertencia: “El Congreso, al entregar facultades como un cheque en blanco, pierde su función principal. Estas comisiones primeras tienen una función esencial y es precisamente las plantas de personal, conocerlas y que el país las sepa”.

Chacón exige que se informe sobre lo que se pretende hacer con las facultades y cuáles serían las posibles fusiones de despachos, consejerías y entidades para darle vida al ministerio.

Varios congresistas temen que se entregue un “cheque en blanco” que excedería las facultades del Congreso al darle la capacidad al presidente de configurar un ministerio como lo considere.

Así mismo, hay temor porque hay más de diez entidades que cumplen las funciones descritas para el Ministerio de la Igualdad y Equidad, lo cual provocaría, de no fusionarse debidamente, duplicidad de funciones y desorden.

Mientras los colombianos se preparan para la entrada en vigencia de la reforma tributaria en tiempos de inminente recesión, el Gobierno busca ampliar el gasto público con un nuevo ministerio.

Aún no se tiene conocimiento sobre lo que costará, pero los ponentes del proyecto afirman que sería cercano a 30.000 millones de pesos anuales.

No obstante, llama la atención que, al fusionarse otras entidades y despachos, este presupuesto sea mayor, generando más incertidumbre sobre el posible poder de Francia Márquez como ministra.

Cabe resaltar que, en caso de que se apruebe que el Departamento de Prosperidad Social sea absorbido por el Ministerio de la Igualdad, se le sumarían cerca de 6 billones de pesos al presupuesto.

A su vez, el ICBF, otra de las entidades con las que habría duplicidad, podría aportar cerca de 8 billones de pesos.

La iniciativa queda ahora a la espera de su conciliación para pasar a sanción presidencial.