Toma y dame: gobierno no cambia terna a Fiscal

La Presidencia emitió un comunicado de tres puntos en el que ratifica su posición de no cambiar la terna que envió a la Corte Suprema de Justicia para que elija al Fiscal General de la Nación.

En el comunicado, semejante a uno emitido hace tres días, el gobierno aduce que los tres postulados cumplen con los requisitos “legales, de legitimidad y de idoneidad” para aspirar al cargo.

"El Gobierno Nacional solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia proceder a la elección del Fiscal General de la Nación, evitando así la omisión en el cumplimiento de su obligación constitucional", dice el comunicado. 

Ayer, la Corte reiteró también que los integrantes de la terna propuesta por el Presidente - el ex embajador de Colombia ante la OEA Camilo Ospina, el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio y la abogada Virginia Uribe- no son idóneos para ocupar uno de los cargos más importantes de la rama de la Justicia.
 
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La elección del Fiscal se ha convertido en otro capítulo más de los pulsos entre el Ejecutivo y la Corte. Para el gobierno la negativa de la Corte es una injerencia en política y está desconociendo el derecho del Presidente a elegir la terna. Asimismo ha defendido la permanencia de la terna con el argumento de que los tres postulados cumplen con los requisitos constitucionales para aspirar al cargo de Fiscal.

Acción de cumplimiento

Una de las opciones legales que tiene a la mano el gobierno, y que eventualmente podría utilizar, es instaurar una acción de cumplimiento para obligar a la Corte a elegir al Fiscal.

En caso de que el Ejecutivo opte por esta medida, lo más probable es que gane el pulso con la Corte. No obstante, cualquiera de los tres postulados que sea elegido, llegará al cargo con la sombra de no haber sido elegido entre los mejores, a pesar de que cumple con los requisitos.

La preocupación de la Corte radica en cuál será el futuro de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. El temor de que la justicia colombiana se quede corta para cumplir con los estándares internacionales de la justicia es una de las consideraciones que la Corte ha tenido para expresar sus reservas sobre la terna presentada por el Ejecutivo.

En los últimos días Palacio fue cuestionado por su presunta participación en una red de tráfico de influencias cuando integraba el Consejo de Estado. Unas grabaciones publicadas por varios medios radiales, de las que se infiere que Palacio hacía tratos con otras personas para influir en decisiones del tribunal lo expusieron a la picota pública. Aunque estas grabaciones no sirvieron para que una investigación penal avanzara, la imagen del ex consejero Palacio no salió bien librada.

En el caso del ex embajador Camilo Ospina en los medios de comunicación también se ha ventilado su presunta relación con Víctor Carranza, el llamado ‘zar de las esmeraldas’. Además es cuestionado por ser quien diseñó la política de recompensas a militares por sus logros contra la guerrilla, en su paso por el Ministerio de Defensa. Varios analistas aseguran que la falta de precisión en la redacción de las causas por las cuales el gobierno pagaría las recompensas fue la que derivó en las ejecuciones extrajudiciales de inocentes, presentados como guerrilleros caídos en combate.

La abogada Uribe en sus respuestas sobre sus conocimientos del derecho penal y el derecho internacional humanitario tampoco ha convencido a los magistrados de ser la persona capaz de asumir las riendas del organismo.

La Fiscalía, entre otros retos tiene el de llevar a feliz término las investigaciones de los paramilitares acogidos a la Ley de justicia y paz y las de los militares involucrados en la ejecución de inocentes.