Una 'vieja deuda' del Congreso con las víctimas

Pocas, por no decir excepcionales, son las veces en que el Congreso en pleno (Senado y Cámara de Representantes) está obligado a sesionar de forma conjunta.

Según la Constitución, lo hace para posesionar al presidente de la República, elegir al contralor y a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para decidir sobre las mociones de censura contra los ministros, y, en caso extraordinario, para elegir al vicepresidente de la República si el titular deja vacante el cargo.

Pero la Ley de Víctimas, sancionada por el Gobierno el año pasado, le otorga otra obligación al Congreso en pleno. Desde este año, y cada 9 de abril, ambas Cámaras deberán reunirse para escuchar a las víctimas del conflicto interno en sesión permanente, es decir, sin límite de tiempo.

La disposición, dice uno de los autores de la ley, el senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), no fue un "capricho”. Se adoptó como una de las acciones centrales de las instituciones del Estado en el día nacional de memoria y solidaridad con las víctimas.

Pero más allá de eso, se trata de una especie de desagravio del Congreso, que a pesar de haber impulsado una ley en favor de las víctimas, hace cinco años dejó una cicatriz en decenas de víctimas que viajaron de todos los rincones del país con el propósito de que el parlamento las escuchara, cosa que no sucedió.
 
Cristo recuerda que el 24 de julio del 2007, la plenaria del Senado fue convocada con ese propósito. Por esos días el Congreso soportaba la peor imagen de su historia por cuenta de las decisiones judiciales contra varios de sus miembros por el proceso de la parapolítica, que en ese entonces cogía vuelo.

Pero lo sucedido en aquella plenaria lesionó aún más la imagen del Senado. Tan solo 30 parlamentarios escucharon hasta el final los testimonios de víctimas, una precaria asistencia que contrastaba con aquella sesión del 2003 en la que se reunieron en pleno los 268 congresistas en el salón elíptico del Capitolio, en la que no hubo una sola curul vacía ante la invitación que hizo el Congreso a los jefes paramilitares Ramón Isaza, Ernesto Báez y Salvatore Mancuso en la que, incluso, fueron aplaudidos los discursos de los líderes de las Autodefensas que llegaron gracias a unos salvoconductos otorgados para la ocasión.

El Congreso había tramitado la Ley de Justicia y Paz y dejó la imagen de que era más generoso con los victimarios que con las víctimas.

Por eso, Cristo considera que este 9 de abril puede ser la oportunidad para que el Congreso haga un acto de desagravio con las víctimas que dejó con la “palabra en la boca” hace cinco años.

Guillermo Rivera (Partido Liberal), otro de los autores de la Ley de Víctimas, va más allá. Y al considerar que la ley establece esa nueva obligación al Congreso, la asistencia de los parlamentarios no es “discrecional sino obligatoria”.

Por eso les pidió a los presidentes de Senado y Cámara que se adopten el mismo régimen de sanciones para los ausentintas.

Según la Ley Quinta de 1992 (reglamento del Congreso), la inasistencia de los congresistas, sin excusa válida, “no causará los salarios y prestaciones correspondientes”. Y se comunicará al Consejo de Estado acerca de la inasistencia del Congresista, si hubiere causal no excusable o justificada, para originar la pérdida de la investidura.

El temor de varios parlamentarios es que por ser el primer día de solidaridad con las víctimas muchos no asistan al capitolio, más aún después de una semana de vacancia legislativa por los días santos.