¿Qué tan sólidas son las acusaciones de Olivo Saldaña contra el senador Guillermo Alfonso Jaramillo?

Guillermo Alfonso Jaramillo habría podido pasar una vida cómoda lejos de los agites políticos y los problemas propios de quienes se desempeñan en la vida pública. Su origen económicamente sólido y su formación académica en el exterior eran prenda de garantía para una existencia tranquila y sin tormentos. Algún día, inspirado en el antiguo modelo socialista de los países europeos en los que vivió y estudió medicina, decidió que eso era lo que quería para Colombia y se devolvió a hacer política en su país. Las consecuencias de esa ‘locura’ no fueron solo en pérdida de confort personal, sino que incluyen varios malos ratos por asuntos judiciales como la reciente acusación de un ex guerrillero por supuestos nexos con las Farc.

El trago amargo del momento tiene nombre propio: Olivo Saldaña. El ex jefe de la compañía Cacica la Gaitana, desmovilizado en hechos que aún son motivo de controversia, asegura tener pruebas de que el senador del Polo Democrático hizo pactos con la guerrilla y hasta de que la favoreció con contratos y nombramientos durante su periodo como gobernador del Tolima. Las acusaciones de Saldaña, difundidas por la revista Cambio, llegaron incluso a involucrar a Jaramillo en un complot para secuestrar al hijo de un rival político en el departamento.

¿Qué hay de cierto en estos señalamientos? Según Saldaña, su única intención es mostrarle al país quien es Jaramillo en la vida real. Dice el ex guerrillero y hoy informante del Ejército que durante su permanencia al frente de la gobernación Jaramillo cohonestó con las Farc, que gracias a la presión armada de ellas fue que accedió al cargo y que desde allí les pagó el favor con recursos del departamento.

El ex gobernador, quien se niega a hablar para los medios de comunicación, cree que tratándose del mismo ex guerrillero que protagonizó el ‘embuchado’ de la desmovilización de la compañía Cacica la Gaitana cualquier cosa se puede esperar.

Se refiere al oso de marzo de 2006 en el cual el presidente Álvaro Uribe terminó ofreciendo excusas al país y asumiendo la responsabilidad política por la supuesta dejación de armas de 70 miembros de las Farc al mando de Saldaña, quienes además habrían entregado a las autoridades un avión aerocommander. Lo que en principio se había presentado como el más grande golpe a la moral de las Farc terminó siendo un fiasco: no todos los ‘desmovilizados’ eran guerrilleros. Muchos de ellos vivían en Bogotá, tenían los uniformes nuevos, manicure y hasta cola de caballo muy bien cuidada, lo cual no concordaba con la versión oficial sobre sus 40 horas de travesía por las montañas del Tolima. La supuesta avioneta que entregaron también llevaba dos años decomisada en Corozal, Sucre. Y Saldaña, quien aparecía como el líder del grupo, no era un combatiente activo sino un delincuente que llevaba dos años preso y que se volvió delator para acogerse a la ley de justicia y paz y reducir así a unos cinco años la pena de 60 a la que estaba expuesto dado que era procesado por homicidio, secuestro y otros delitos.

El caso Saldaña

La declaración de Saldaña revive versiones de 2003 pero, de momento, aparece llena de contradicciones, errores históricos y confusión de lugares que un jefe guerrillero de la zona no debería cometer.

En primer lugar, acusa al gobernador de los mismos delitos que le imputó a varios comerciantes del sur del Tolima que estuvieron presos más de seis meses y que al final resultaron libres por falta de pruebas. Esa parece ser la situación a la que le teme Jaramillo, quien no está dispuesto a ir a prisión un solo día por cuenta de las versiones de Saldaña.

Los argumentos del ex gobernador son muy sencillos: Si es cierto que hubo algún pacto con las Farc ¿cómo se explica la arremetida de ese grupo contra el Tolima durante la administración Jaramillo? En esa época hubo tomas guerrilleras en Santa Isabel, Ataco, Dolores, Prado, Natagaima y San Antonio, ente otros municipios. También sostiene que cuando las Farc declararon objetivo militar a todos los alcaldes del país, al término de las negociaciones del Caguán, Jaramillo fue uno de los mandatarios que desconocieron esta amenaza al darle cabida a sus alcaldes para que despacharan desde el noveno piso de la gobernación. Y que pidió al presidente Uribe un batallón de alta montaña en el sur del Tolima y construyó los puestos de Policía de Villarrica y Roncesvalles, dos de los municipios en los que supuestamente tuvo nexos con el grupo guerrillero.

Una de las acusaciones más graves de Saldaña consiste en que el gobernador le habría enviado un mensaje a las Farc a través de su asesor de paz, Augusto Arias, para que hicieran algo en contra del diputado Orlando Durán Falla debido a sus posiciones enérgicas contra la gobernación. Según Saldaña, fue por ello que las Farc secuestraron a un hijo del diputado, por cuyo rescate cobraron $300 millones. En su edición de este martes y bajo el título “¿Fue Orlando Duran Falla un diputado “incomodo” para el gobernador Jaramillo?”, el diario el Nuevo Día de Ibagué desmintió la versión sobre las relaciones tensas entre los dos dirigentes.. Semana.com pudo establecer que para la época Durán tampoco era presidente de la Duma, como asegura el informante; que Falla no estaba haciendo oposición porque su partido Cambio Radical tenía burocracia en la gobernación; y que apenas dos meses después de la liberación del hijo del diputado, Falla le sirvió de fiador al asesor de paz de la gobernación para un crédito por $15 millones, lo cual también despejaría las dudas sobre una supuesta enemistad entre estos dos a raíz del plagio del muchacho.

El ex secretario de Agricultura del Tolima Nelson Tovar, otro de los funcionarios salpicados por la versión de Olivo Saldaña le dijo a Semana.com que llegó al cargo gracias a su participación en la campaña del gobernador Jaramillo y no por imposición de la guerrilla. Aunque negó tener vínculos con dicho grupo, Tovar reconoció en diálogo que tuvo que salir temporalmente del cargo durante más de seis meses en los que estuvo privado de la libertad por una investigación sobre vínculos con la guerrilla. Cuando la justicia lo absolvió, Jaramillo lo reintegró al cargo. Ingeniero agrónomo de origen indígena de la región de Coyaima, de la cual ha sido dos veces alcalde, Tovar reconoce que lleva 50 años militando en el Partido Comunista, pero dice que tiene muy claro su rechazo a la vía armada.

Ovidio Espinosa, otro de los supuestos recomendados de las Farc en la administración de Jaramillo, se desempeñó como secretario de educación de la gobernación hasta cuando el gobernador lo descubrió cambiando un listado de profesores que se beneficiarían con un estímulo especial de la gobernación por ejercer en zonas de alto riesgo. El gobernador denunció a su funcionario ante la Fiscalía y por cuenta de la investigación éste terminó fuera del cargo. ¿Usted cree que si el gobernador tuviera un pacto con las Farc y Espinosa fuera recomendado de la guerrilla –como dice Saldaña- habría sido posible que el doctor Jaramillo lo sacara del cargo de esa manera?”, se pregunta le abogada defensora del ex mandatario tolimense.

En cuanto a que los resultados electorales, Saldaña asegura que en las elecciones de gobernadores de 2000 hubo presión de las Farc en los municipios de “Río Claro, Planadas, Coyaima, Ataco, Rovira y Roncesvalles... en los cuales ganó Jaramillo” frente al candidato liberal Jorge García Orjuela, hermano del senador Carlos García. Según los resultados oficiales de la Registraduría Nacional, eso no es del todo cierto. Jaramillo ganó en Planadas, Ataco y Roncesvalles, pero perdió en Coyaima y Rovira. Además, el municipio de Río Claro no existe en Tolima. El que si existe es Ríoblanco, ubicado en la zona en la que supuestamente había orden de votar por Jaramillo, pero en el que ganó García Orjuela.

Finalmente, la administración de Jaramillo no construyó la carretera Santa Elena – Potosí (obra que supuestamente se hizo para permitir un corredor a la guerrilla) sino que firmó un convenio para hacerle mantenimiento. Aún así, la obra fue interrumpida por las Farc cuando secuestraron la maquinaria en el municipio de Cajamarca.

Antecedentes

Aunque el Fiscal General, Mario Iguarán, dijo que por el momento no hay investigación formal contra el ex gobernador, los asesores de Jaramillo no parecen confiados y han dedicado la última semana a armar su estrategia de defensa frente a lo que consideran un complot político por las posiciones del gobernador. En las oficinas de Jaramillo en Ibagué se siente la tensión y es común ver a su equipo de colaboradores interpretando cada una de las acusaciones de Olivo Saldaña y buscando documentos para demostrar que no son ciertas.

Semana.com conoció los argumentos principales de la defensa del ex mandatario, quien por el momento prefiere no hacer declaraciones en público hasta que la Fiscalía responda un derecho de petición en el cual le piden notificar si existe una nueva prueba en su contra por sus supuestos vínculos con las Farc. De esta manera quieren evitar que se hagan realidad los rumores que circulan en el Tolima, según los cuales se estaría preparando un operativo sorpresa para capturarlo desde hace más de una semana.

Jaramillo fue investigado en su época como gobernador pero la Fiscalía archivó el expediente a comienzos de 2004 por falta de pruebas. La principal testigo en contra en esa época fue la ex alcaldesa de Dolores (Tolima), Mercedes Ibarra, quien argumentó que el gobernador no le había ayudado para superar el asedio de las Farc al municipio. De los doce ex guerrilleros interrogados por la Fiscalía sobre el caso dos insinuaron que Jaramillo tuvo vínculos con la guerrilla, pero después dijeron que lo habían hecho a cambio de prebendas.

Así las cosas, la versión de Olivo Saldaña contra el ex gobernador pareciera caerse de su peso salvo que las anunciadas pruebas gráficas –que según el guerrillero solo serán entregadas a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia- sean tan concretas como para sustentar sus acusaciones. En otras palabras, si es cierto que existió algún nexo entre el ex mandatario y la guerrilla resulta poco probable que la prueba para demostrarlo esté entre las declaraciones hasta ahora concedidas a los medios por el informante.

Nexos mafiosos

Existen otras versiones de Saldaña en entredicho adicionales a las de su propia desmovilización y las que lanzó contra Jaramillo. Dirigentes del Tolima también dudan del testimonio en el que se autoinculpa por el asesinato del ex veedor del Tolima Félix Martínez, asesinado por una banda delincuencial conocida como ‘Pedro Pichas’. Para la época el veedor había sido uno de los más aguerridos denunciantes de la corrupción en la capital tolimense y del poder que iba ganando el narcotráfico en la zona. Iván Ramírez, abogado del desaparecido veedor, sostiene que el testimonio de Saldaña es contra evidencia y que busca hacerle un favor a Eduardo Restrepo (alias El Socio) y a Jorge Tulio Rodríguez, ex alcalde de Ibagué, quienes venían siendo procesados por ese caso.

En otras palabras, Olivo Saldaña estaría ayudando a una alianza de políticos y mafiosos que, según el abogado Ramírez, se vieron perjudicados por las denuncias que sobre el tema hizo el veedor.

El senador Mauricio Jaramillo, hermano del ex gobernador Guillermo Alfonso, se refirió a un tema similar durante la plenaria de este martes en el Senado. Sin la misma contundencia del abogado Ramírez y sin decir nombres propios, Jaramillo señaló que detrás de las acusaciones contra su hermano hay un complot en el que estarían vinculados sectores ilegales que se sintieron afectados por el accionar político del ex mandatario departamental.

Curiosamente el ex gobernador Jaramillo le declaró la guerra al narcotráfico durante su administración y, en pleno ejercicio del cargo, denunció a alias ‘el Socio’, entonces prestante miembro de la sociedad tolimense, por nexos con narcotraficantes y su misterioso control de millonarios negocios en el departamento. Las investigaciones de esa época precluyeron y ‘el Socio’ continuó con su vida de lujos exagerados demostrando el poder que tenía en la región. No obstante, fue capturado a mediados del año pasado acusado de ser la mano derecha de Wilber Varela (alias Jabón), testaferro de Henry Loaiza (alias el Alacrán) y uno de los mayores exportadores de droga hacia México y Estados Unidos. Según las investigaciones, una de las estrategias de lavado de dinero de ‘el Socio’ consistía en infiltrar sus recursos en empresas agrícolas del Tolima. Para algunos dirigentes de ese departamento, también lo hizo apoyando a líderes políticos de la zona.

El ex gobernador Jaramillo no pareció quedar satisfecho con la captura del capo y a finales del año pasado –ya como senador de la República- dijo en el Congreso que hace falta descubrir “las caletas” de ‘el Socio’ y sus tentáculos en otros sectores de la vida nacional. Por eso no deja de llamar la atención que ahora Saldaña se atribuya un crimen por cuya autoría intelectual estaba sindicado ‘el Socio’ y de paso niegue vínculos con él. Especialmente cuando sabe que acogiéndose a la ley de justicia y paz su pena no superará los ocho años, con o sin el homicidio del veedor.