¿La última ‘jugadita’ de Corcho?: ordenó implementar una microrreforma a la salud en La Guajira; las comunidades están en desacuerdo

El pueblo wayuu es el grupo indígena más grande del país. Corresponde al 38,43 % del total de estas comunidades étnicas. De acuerdo con información oficial, para el año 2018 estaba integrado por 394.683 personas. La crisis que afrontan se ha convertido en un tema que se prioriza en la agenda pública y la solución en una de las banderas de Gustavo Petro, desde su campaña presidencial.

No en vano y con frecuencia se han conocido imágenes de altos funcionarios en La Guajira. Desde la retirada Concepción Baracaldo con el ICBF hasta la exministra de Salud Carolina Corcho, pasando por funcionarios que continúan como la ministra de Vivienda, Catalina Campuzano; la actual directora del Instituto, Astrid Cáceres, y el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, entre otros. También se han realizado audiencias públicas que han liderado políticos de la zona como la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú.

La líder social Irama Movil le confirmó a SEMANA que efectivamente sí han sentido más presencia institucional, pero que en todos los casos esto no se traduce en concertación real con el pueblo indígena. Que si bien en gestiones, como la del ICBF, han logrado pactos, con el Ministerio de Salud y Protección Social, no se han llegado a acuerdos; aunque sí está en marcha la implementación de una resolución, que de un plumazo cambió el funcionamiento del sistema de salud para la zona.

“También vemos que hay una desarticulación de las entidades en cuanto al contexto territorial y se ahonda cuando hay un cambio estructural en las entidades. Ya no son las mismas personas que hablaron y avanzaron con nosotros, sino que llegan otros nuevos porque hicieron cambios de ministros, por ejemplo”, agrega Movil.

Específicamente se refieren a la resolución 654 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la que se adopta el Plan Provisional de Acción para materializar el derecho fundamental a la salud del pueblo wayuu en las comunidades de Uribia, Manaure, Maicao y el Distrito de Riohacha.

El asunto es que las comunidades allí incluidas están, en su mayoría, en desacuerdo con la resolución por la falta de concertación, información y confianza. Situación que consideran como incumplimiento de una de las órdenes de la Sentencia T 302 de 2017 y el auto 696 de 2022.

“La forma abrupta en que están entrando al territorio no es la adecuada. Te aseguro que es muy poca la población que está receptiva a esa intervención y son más los que están confundidos. Entonces firman y a mí me llamaron varias veces a decirme. Si sabíamos o conocíamos la resolución, pero no sabíamos que ya las IPS y las EPS estaban en territorio buscando la firma de las autoridades”, relata en tono certero.

Otras fuentes off the record coinciden con la versión de Irama Movil y agregaron que hay disgusto en las autoridades indígenas. Pero, en contraste, hay voces que con la experiencia directa de años en el trabajo con las comunidades indígenas relatan para SEMANA que hay otro interés más grande.

“Hay gente podrida en plata por los contratos con el Estado. Hay que preguntar qué están poniendo como comunidad, por qué los niños se mueren. No es solo por falta del Estado. Sacan con machete a funcionarios, no hay lactancia materna. Hay un paternalismo que afecta mucho la responsabilidad que les cabe a los indígenas; la responsabilidad de los niños es inicialmente de las familias. Hay una idealización de las comunidades”, cuentan con indignación.

Cuestionan también lo que sucede en el territorio. “Cuántas EPS son wayuu. Qué está pasando con la operación, porque casi todos los niños que han muerto están afiliados. Lo cierto es que se necesita un cambio en el sistema de salud, porque los niños siguen muriendo”.

Aseguran, insistiendo, que más que el contenido de la resolución son las formas. “Podría aportar en el buen sentido de que se realice en articulación con las comunidades, que realmente se ha implementado para el beneficio de estas. Lo que se presume es que están detrás de los contratos para implementar el plan del Ministerio de Salud. Por la forma en que lo están haciendo... La comunidad tiene el derecho de saber y elegir y se preparan, pero nada de eso pasó. ¿Qué hay en ese afán por llegar a las comunidades y lograr la firma?”, cuestiona la líder y maestrante de Derechos Humanos.

¿Qué dicen desde otra parte del sector salud?

Otras fuentes detallan que hay varios datos llamativos detrás de la resolución. El primero, que la exministra Corcho firmó el documento el 28 de abril, dos días después de que se anunció su salida. El segundo es que consideran que esta resolución “impone su reforma a la salud en el departamento de La Guajira y va en contra de la normatividad vigente... Es la imposición por vía administrativa de una microrreforma a la salud en el departamento”.

Consideran también que, entre todas las posibles irregularidades, esta es una de las de mayor gravedad.

“Son las extralimitaciones en que incurrió la ahora exministra al obligar a las EPS a contratar a 1.036 promotores de salud y a todos los equipos extramurales seleccionados a dedo por MinSalud para penetrar directamente en el territorio indígena”, aseveran.

Califican esto como impositivo y coinciden con las otras fuentes en que no se llevó a cabo el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. Desconociendo también que los voceros de la mesa técnica de salud, que integran 14 personas, entre ellas Irama Movil, en febrero de este año manifestaron que no avalaban dicha propuesta y exigían que se cumpliera con la consulta previa.

Como prueba están los comunicados del 14 y el 24 de febrero de 2023, en los que ocho de los 14 voceros se levantaron de la mesa técnica “por el incumplimiento de los acuerdos” por el Gobierno para “garantizar el diálogo genuino y el cumplimiento de la sentencia T-302″.

Allí dejaron anotado posibles asuntos turbios. Afirmaron que el Gobierno no estaba cumpliendo “con los acuerdos establecidos en el marco de la concertación de este plan” y expresaron que había una “confabulación entre algunos funcionarios del Gobierno y representantes de un sector” del pueblo wayuu, que sostuvieron “acuerdos ilegítimos y ocultos”.

Y otro dato adicional, estos mismos representantes declararon persona no grata a Julio Sáenz, enlace del MinSalud por considerar que “había coartado la voz y decisión de los voceros y de sus técnicos al asegurar que dicha resolución está debidamente concertada con las comunidades, lo que a juicio de las comunidades no es cierto”.

Pero este tema se pone más interesante cuando se analiza con más profundidad lo que ordena la resolución.

¿Qué dice la resolución 564 de 2023?

El documento oficial que hoy genera esta acusación tiene 43 páginas, siete artículos y unas órdenes que podrían considerarse ilegales “por imponer a las EPS una modalidad específica de contratación con los prestadores en forma de capitación”.

Es decir, les obliga a reconocer un valor por afiliado y no por servicio prestado, “desconociendo la libertad y la autonomía que tienen estas entidades para escoger la modalidad de contratación y además vulnerando, vía resolución, disposiciones de mayor jerarquía como las contenidas en el Decreto 780 de 2016 y la Ley 1438 de 2011″, argumentan.

Ahora, en la práctica, la resolución ordena a las EPS la conformación de una red funcional de prestadores de servicios mediante la contratación obligatoria de 69 equipos de salud -incluidos sus recursos técnicos, humanos y médicos necesarios- que serán pagados por giro directo a través de la Adres y todo esto para ser financiado con los recursos de la UPC.

Entre las exigencias están que dichos equipos sean extramurales, interdisciplinarios y conformados por un médico, un enfermero, un trabajador social, un técnico en salud ambiental y un promotor de salud, quienes deben brindar atención de manera ininterrumpida y permanente en los territorios definidos.

“Significa su funcionamiento en esas zonas todos los días del año sin que se disponga de recursos humanos, logísticos y económicos adicionales a la UPC para cumplir con dichas exigencias. Y todo esto sin considerar las condiciones de alta ruralidad, frontera, inseguridad y particularidades sociales, culturales y demográficas de este departamento”, recriminan desde la fuente.

Añade un delegado de la mesa wayuu y subcomisionado de salud indígena que esto “sería como tener a estos trabajadores acuartelados en condiciones extremas y disponibles en todo momento para prestar cualquier tipo de atención; no hay médico que les aguante trabajar en esas circunstancias porque no hay cómo garantizar la rotación al no contar con el recurso humano en salud suficiente en el territorio”.

Y para terminar de despachar, vuelven a uno de los puntos que se argumentan en el Ministerio de Salud para emitir la resolución: las órdenes de la Corte Constitucional, pero entonces explican que en este caso, “no pueden ser una licencia al Ministerio de Salud para violar derechos y autonomías de las EPS y las IPS para celebrar contratos y mucho menos para ordenar modelos de atención que se traducen en la contratación de un gran número de equipos extramurales y trabajadores funcionando 7x24 los 365 días al año, sin que se contemplen recursos adicionales que permitan la sustentabilidad de la UPC ante las demandas específicas del modelo”.

¿Qué dice la exministra Carolina Corcho?

Es cierto que en una crisis sobre situaciones de seres humanos se involucran más aspectos. Intereses, personalidades, culturas, visiones del mundo, formas de hacer y ser. Pero si algo puede servir de guía para entender de una forma más objetiva lo que está sucediendo son los anuncios y hechos.

En ese sentido, al revisar lo oficialmente conocido sobre la gestión de la doctora Carolina Corcho, se evidencia que en varias ocasiones visitó La Guajira o estuvo respondiendo públicamente por lo realizado desde la cartera.

• 10 de septiembre de 2022. En diálogo con las comunidades indígenas, entregó detalles de una concertación en la que se hablaba, entre otras propuestas, de 69 equipos de búsqueda activa en el territorio.

“Detener la mortalidad por desnutrición infantil no se puede hacer por fuera del sistema de creencias, capacidades y acumulados, que tiene el pueblo wayuu en materia de prestación de servicios, de atención primaria en salud, de prevención y promoción... Esta es una oportunidad que se nos presenta para implementar en La Guajira el modelo de salud preventiva, porque la Corte Constitucional nos está exigiendo tener una caracterización de cuál es la situación nutricional de todos los niños y niñas de La Guajira”, planteó Corcho.

• 14 de octubre de 2022. Asistencia a la audiencia pública en Fonseca, La Guajira.

“El modelo preventivo que venimos construyendo tiene que ver con que el propio pueblo wayuu haga un despliegue en el territorio para hacer la búsqueda de niñas y niños en situación de desnutrición y que sean efectivamente atendidos. Frente a la sentencia T302, el presidente Gustavo Petro ha puesto tareas enfocadas en su cumplimiento. No podemos permitir que en La Guajira se vuelva a morir una niña o un niño; vamos a cuidar la vida”, mencionó para ese día la exjefa de la cartera de Salud.

• 21 de octubre de 2022. Asistencia a sesión de la Corte Constitucional. “Emprendimos acciones concretas para dar cumplimiento a la sentencia T302. Desde el Ministerio de Salud realizamos proceso de concertación, para dar cumplimiento a las órdenes y peticiones de la Corte Constitucional, encontrando alternativas para superar la situación de desnutrición de menores”, señaló en ese momento Corcho.

También este medio ha intentado establecer comunicación con Corcho, sin respuesta alguna.

Finalmente, respecto a la relación actual de la mesa de concertación con la cartera que dirige Guillermo Jaramillo, asegura que por ahora no hay algún contacto.

“No nos han contactado para nada. Ahora estamos en un tema de reactivación de la ruta metodológica de la T 32 con el Ministerio del Interior, más bien. Lo que sabemos es por lo que hemos visto en territorio y lo sabíamos por la resolución y por los anuncios, pero más no, porque ellos hayan decidido decir por dónde van a empezar”, señaló Irama Movil.

Finalmente, coinciden las voces consultadas en la necesidad de ver resultados, más allá de anuncios, en que perciben desarticulación de las autoridades que no logran un consenso en asuntos de base como la unificación de cifras, “es un desorden”.

A continuación, se puede leer la resolución completa.