Ministerio de Salud le respondió a la Procuraduría; aseguró que no han generado una crisis que afecte la atención

Se conoció el primer pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud y Protección Social a la advertencia de la Procuraduría, sobre el riesgo financiero en el sistema de salud colombiano. Dicha carta fue conocida, en exclusiva, por SEMANA. El pronunciamiento lo hicieron a través de un comunicado de prensa en el que respondieron sobre cuatro temas, el cálculo de la UPC, lo que ha pasado con la covid-19, con los presupuestos máximos y con la escasez de medicamentos.Sostuvieron que contrario a lo manifestado por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal, los recursos destinados a la liquidación de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, están bien calculados.“Los aspectos técnicos bajo los cuales se ha proyectado esta permiten concluir que no se ha generado crisis alguna que impacte la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que se considera que la metodología adoptada recoge múltiples factores que afectan la estructura de costos del sistema”.“Se precisa que la construcción de dicha metodología se estructura con base en la información reportada por las mismas EPS, lo cual hace que el proceso cumpla con parámetros técnicos de confiabilidad, considerando que la gestión de la información es un proceso estructurado tendiente a la verificación de la calidad y cobertura, así como la conformación de la base de datos y retroalimentación de la información”, añadieron.Respecto al cálculo de la UPC para el siguiente año, aclararon que el porcentaje de aumento se prevé mediante actos administrativos que expiden, “con fundamento en criterios técnicos cuyos resultados se muestran dentro un documento denominado “Estudio de Suficiencia”, según las condiciones de sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el año siguiente a dicho estudio, el cual se efectúa con información del año anterior, reportada por las EPS”.También afirmaron que aunque buscan garantizar un aumento justo, las EPS tienen que asumir su responsabilidad económica.“El sistema se encuentra en un esquema de aseguramiento público y colectivo, la prima que se fija por el gobierno conocido como UPC tiene la finalidad de garantizar las tecnologías y servicios de salud definidos en el correspondiente acto administrativo, cuya prestación y gestión de riesgo se encuentra a cargo de las aseguradoras (EPS).Se trata de un seguro, que obliga a estas entidades a responder por los costos asociados a una posible siniestralidad futura (es decir, cualquier atención requerida durante el ciclo de una enfermedad que va desde la promoción hasta la paliación, pasando por el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) y que son desconocidos al momento de fijar la tarifa, lo cual implica la necesidad de utilizar metodologías actuariales apropiadas para estimar la prima, utilizando modelos prospectivos”explicaron.La Procuraduría advirtió de los efectos del long covid, demandan para diversas patologías mayor frecuencia de uso en los servicios. Como respuesta, la cartera de salud dijo que, a la fecha, en el país no hay estudios que demuestren que los efectos del covid-19 hayan transformado el perfil epidemiológico de la población.Que, además, se debe diferenciar el concepto de “correlación” y el de “causalidad”, dado que no toda enfermedad relacionada con temas cardiacos, circulatorios o neurológicos significa que sea causa o efecto de otra.Y que aunque quisieran, actualmente no existe una medición exacta de la carga de la enfermedad postcovid a nivel mundial, dado que los estudios de seguimiento de las poblaciones afectadas requieren al menos de dos años para realizar los cálculos respectivos de carga de enfermedad principalmente por las secuelas a nivel pulmonar derivadas de la neumonía organizativa que produce la neumonía viral postcovid.Eso si precisaron que están de acuerdo en que hay “una necesidad urgente de consenso sobre los resultados básicos de importancia crítica que se medirán en la condición posterior a la covid-19″.Los presupuestos máximos son una bolsa de recursos públicos, coordinada por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), destinada al pago de tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).Y sobre ello erspondieron que encontraron un déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022, por lo que se creó un procedimiento desde cero orientado a responder si los comportamientos crecientes del reporte de entregas de tecnologías en salud y servicios estaban acordes con la literatura, recomendaciones autorizadas y evidencia científica.“Dado este proceso, se tenía claro que no se podían asignar todos los recursos tanto de la vigencia 2022, como del ajuste de 2021, hasta tanto no se finalizara dicha revisión. Esta situación fue considerada en las Resoluciones 1318 y 1408 de 2022, que conllevaron a la asignación total para todas las tecnologías que no fueron objeto de revisión. Y, por otra parte, una asignación parcial–en algunos casos– para las tecnologías que si fueron objeto de revisión”, manifestaron.Por esto también anunciaron que esa asignación parcial conduce a reconocer que se debe realizar otro ajuste adicional para las EPS que tienen tecnologías en revisión y que no han sido reconocidas aún. Esto puede ser una luz para las EPS que compartieron la preocupación de la Procuraduría. “Se considera prudente conceder una nueva oportunidad de aclaraciones, para que las EPS vuelvan a ejercer su derecho a la defensa y contradicción, y así posteriormente, definir en qué casos efectivamente se requiere la intervención de la SNS, o incluso de otro ente de control; y de esta manera, con todos losregistros consistentes, expedir los actos administrativos que reconozcan los recursos faltantes tanto para la vigencia 2021 como para la 2022″, concluyeron en esa parte del comunicado.Como último punto del comunicado, dijeron que han estado trabajando con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- para garantizar el suministro oportuno de medicamentos a quienes lo requieran.Y fueron directos en decir que el desabastecimiento de medicamentos obedece a un fenómeno mundial, e impacta de manera negativa a la población, y que Colombia no es ajena a dicha problemática.Justificaron que por eso, como medidas de choque, han hecho la búsqueda de los titulares de los registros sanitarios de medicamentos con riesgo de desabastecimiento y han analizado al sistema de información de precios de medicamentos (SISMED) reunido en mesas de trabajo a los actores involucrados en la cadena de suministro de medicamentos con el fin de identificar las causas y plantear soluciones.Dijeron también que se adelantan reuniones periódicamente con el Invima para hacer seguimiento a estos trámites que permitan definir el estado de los procesos en algunos casos y la priorización de trámites que contribuyan a la solución de la problemática cuando se requiera.Como cierre de la respuesta oficial, “la cartera agradeció las observaciones expuestas y la disposición para participar en diálogos constructivos frente a los diferentes temas del Sistema”.