Transparencia para la Emergencia, el programa que lidera la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, sigue anunciando resultados de las pesquisas. En su tercera entrega, los entes de control dieron a conocer los avances que han venido registrando en el seguimiento a la contratación de programas y servicios para superar la emergencia sanitaria generada por la covid-19.
"Lo que más nos importa es que podamos ayudar a que esos recursos de todas las personas realmente lleguen a solucionar los problemas que están teniendo en este momento. Algunos gobernantes no lo hacen de la mejor manera y nosotros, los tres, debemos velar a nombre de los colombianos para que esas investigaciones sean veladas e investigadas, salvaguardando el dinero de los colombianos", relató el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
El funcionario público reveló, además, que todas las decisiones que han tomado los diferentes entes de control, la han realizado con pruebas contundentes con sus funcionarios de base. Córdoba reveló que la Contraloría inició 24 indagaciones preliminares a servidores de 9 gobernaciones, 11 alcaldías y un hospital. Además, abrió procesos de responsabilidad fiscal contra tres gobernaciones y el alcalde de una ciudad capital.
Para ilustrar los efectos que han tenido las investigaciones adelantadas por la Contraloría, Córdoba reveló los diferentes presuntos sobrecostos que han encontrado en los contratos de alcaldías y gobernaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. "Varios departamentos, entre estos el del Vichada, donde uno de sus aportantes a la campaña del actual Gobernador, Jorge Eliécer Moreno Gaitán, aportó $40 millones y tiene hoy un contrato por $1.714 millones. Vemos también la contrataciones de aportantes en el departamento de Boyacá, un aporte de $102 millones y hemos encontrado contratos de Transporte los Muiscas S.A. y Lizeth Johana Sierra Gómez por $70 millones. Contratación de apostantes de la campaña a la Gobernación de Caquetá por $157 millones y tienen contratos por $1.600 millones. Lo mismo en Amazonas, donde el apostante, el Grupo ACU SAS, aportó $20 millones y tiene un contrato por $316 millones", dijo el contralor.
"En la Alcaldía de Andes (Antioquia), Juan Diego Mendoza Ochoa hizo un aporte por $2 millones y le dieron un contrato por $29 millones. Alcaldía de Argelia (Antioquia), Carlos Arcila hizo un aporte por $8 millones y tiene un contrato por $120 millones. en la Alcaldía de Barbosa (Antioquia) Silvia Ruth Gómez hizo un aporte de $10 millones y tiene un contrato por $24,5 millones a la fecha", explicó.