¿Por qué el personal de salud se opone al proyecto de ley de dignificación?

Por medio de una carta, más de cincuenta organizaciones como la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la Confederación de Trabajadores, entre otras, les están solicitando a los representantes a la Cámara que archiven el proyecto de ley 331 “por medio del cual se fomenta el trabajo digno del Talento Humano en Salud y se dictan otras disposiciones”, porque consideran que este no previene la tercerización laboral, entre otras razones de peso.

La representante Norma Hurtado del Partido de La U, junto con Carlos Acosta de Colombia Justa Libres, son los ponentes del proyecto de ley que, para los profesionales que se oponen al mismo no lograría el objetivo que lo titula.

A pesar de que en el proyecto de ley se habla de la obligación de “vincular al talento humano es salud de manera directa”, los médicos consideran que debieron escribir “contratación laboral directa mediante un contrato laboral acogido al Código Sustantivo del Trabajo y la normatividad vigente de los trabajadores del sector salud”. Según explican en la carta, la palabra “directa” podría generar vicios, puesto que lo directo no necesariamente es legal o formal.

Asimismo, explican los profesionales de la salud que, a pesar de que el proyecto propone que no se vinculen personas mediante la modalidad de cooperativas o de contrato sindical, esto “contradice lo expresado al permitir la vinculación a través de contratos sindicales u otras formas de asociación de los profesionales especializados, evidenciando claramente la permisión de la FIGURA DE TERCERIZACION LABORAL”, dice la carta.

Para quienes escribieron la carta, el proyecto mantiene la tercerización y viola el marco normativo de contratación formal.

El proyecto de ley, en su artículo 6, dice que los agentes del sistema de salud deberán respetar las jornadas máximas legales establecidas “dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano”. Según los oponentes, “este artículo no es congruente, pues como está redactado se estaría en búsqueda de objetivos para la contratación civil, es decir, órdenes de prestación de servicios que tanto daño han hecho a los trabajadores de la salud”.

Entre otras críticas al proyecto de Hurtado y Acosta, también dicen que permite que a los trabajadores de la salud les adeuden salarios y que no puedan recibir los intereses cuando la demora sea de la ADRES “o de los actores principales del sistema general de seguridad social en salud”.

En cuanto a la remuneración, los firmantes de la carta dirigida a la Cámara de Representantes, son enfáticos en que es necesario que lo relacionado con la remuneración sea negociado y concertado con las agremiaciones y organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud, algo que no ven con claridad en la propuesta.

Por esas y otras razones, solicitan que el proyecto de ley 331 de 2020 sea archivado.

“Las iniciativas legislativas, para reconocer y hacer prevalecer de manera real y efectiva los derechos de los trabajadores del sector salud, deben prohibir, de manera expresa, toda forma de tercerización laboral en cualquiera de sus modalidades y propender por su vinculación formal laboral según lo establece el Código Sustantivo del Trabajo y la normatividad vigente para el sector salud, para todos los trabajadores de la salud que realicen “actividad permanente” en las instituciones públicas y privadas”, dice el documento que firman los presidentes de movimientos de la salud nacionales y regionales.

A pesar de las críticas de estas asociaciones, vale decir que sí hay un sector que apoya el proyecto, con algunas modificaciones, según dice en otra carta enviada por los integrantes de la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (ASSOSALUD), que son, entre otros, el Colegio Médico Colombiano, el Colegio Nacional de Bacteriología, la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, entre otras.

"Consideramos que de manera legal, el texto del Proyecto de Ley 331 de 2020 recoge las necesidades de los trabajadores de la salud (...) siendo necesarios ajustes que no cambian sustancialmente el propósito del proyecto", dice la misiva.

Asimismo, el representante Carlos Acosta, se manifestó y defendió el proyecto de ley impulsado por varios congresistas: "Invitamos a todas las organizaciones del sector, los colegios de profesionales, las asociaciones de profesionales de todas las disciplinas de la salud. Entendiendo que estamos hablando de una ley y no de un pliego de peticiones, que debía además ser incluyente. Es decir, no solo incluir a los médicos sino a todo el talento humano en salud profesional, técnico y auxiliar", dijo en una comunicación escrita con SEMANA Noticias.

Acosta ve en las críticas un interés político y, para él, es como "si no hubieran leído el proyecto. En el mismo se estipula la contratación laboral para todos los trabajadores de salud suprime la contratación por OPS y la tercerización. Se estipula un plazo de 15 días máximo para el pago de cuentas a los profesionales independientes. Se permite solo a los profesionales con especialización (3% de THS) hacer contrataciones diferentes que se ajustan a sus necesidades".

Sumado a eso, explicó que el proyecto incluye al personal en formación y crea una ruta de manejo y prevención frente a la violencia contra el personal de salud, "permitiendo, además, que el observatorio de salud haga una planeación seria de las necesidades futuras de talento humano en nuestro país". 

Finalmente, Acosta recuerda que asociaciones como Colegio Médico Colombiano, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, SCARE, Asosalud, entre otras, sí apoyan el proyecto de ley 331 del 2020.