Los bienes incautados a responsables del carro bomba en la General Santander

La Policía General y la Fiscalía General de la Nación anunciaron la ocupación, con fines de extinción de dominio, de nueve predios que presuntamente pertenecerían a miembros del ELN relacionados con el atentado a la Escuela General Santander. Las autoridades hablaron, particularmente, de un monto que asciende a los 15 mil millones de pesos divididos así: 8 fincas, una casa, 5 establecimientos de comercio, una sociedad comercial y 13 automóviles.

Dichos bienes estaban ubicados en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en el departamento de Arauca, así como también en Bogotá. Es de recordar que el pasado 2 de julio la Fiscalía anunció la captura de varias personas que conformaban la estructura de apoyo financiero a la guerrilla del ELN.

Adicionalmente, fue informado este miércoles que en el allanamiento realizado en mayo de 2019 al establecimiento ‘El Arauqueño’ se encontró material importante de finanzas y se evidenció que a través de estas empresas lavaban activos producto de de extorsiones y secuestro. Las autoridades agregaron que recibían divisas, hacían pagos a través del sector financiero de Bogotá hacia Arauca y se evidenció un aparato para lavar finanzas.

En los vehículos ocupados, que en teoría eran usados para transportar quesos, se encontró material de intendencia, explosivos y carpas, ubicadas en una interceptación a uno de estos vehículos el año pasado. “Estamos atacando el músculo financiero del ELN. Una de las personas era de los brazos financieros más importantes”, dijo el mayor general Fabio Hernández, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional de la Dijín.

En 2019 y lo corrido de 2020, las operaciones de extinción de dominio suman 9,2 billones de pesos. La Dijín de la Policía nacional indicó que se han realizado 49 operaciones en las que, como consecuencia, se han afectado 16.545 bienes con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio.

Se resalta que con estas operaciones se afectaron las finanzas de los principales actores criminales del país, entre los que se encuentran los grupos armados organizados como el ELN, el Clan del Golfo, el Grupo Armado Organizado Residual y grupos de delincuencia organizada como el Clan Herrera, el Clan Rincón, La Terraza, Los Triana, Pachelly, Picacho y la Oficina de Envigado.