La Defensoría del Pueblo emitió la alerta 041 de 2020 en la que advierte que en las capitales de Quindío, Risaralda y Caldas, que son Armenia, Pereira y Manizales, respectivamente, hay un alto número de personas en riesgo por “el proceso expansivo de las autodenominadas AGC y la incursión de presuntos emisarios carteles extranjeros en la región, mediante la transformación de sus formas de relacionamiento y negociaciones”.
Según el documento del ente, personas jóvenes hasta los 28 años, así como niños, niñas y adolescentes, población afrodescendiente e indígena, en su mayoría víctimas del conflicto, población LGBTIQ, migrantes y habitantes de calle, son los grupos sociales vulnerables.
Específicamente, la Defensoría se refiere a líderes comunales, ambientales, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, profesores, líderes políticos de partidos alternativos, personas privadas de la libertad en cárceles e inclusive, funcionarios públicos, que realizan acciones que afectan los intereses de las estructuras criminales, son algunas de las personas que enfrentan el mayor peligro.
En cuanto al riesgo, lo que dice el documento de la alerta temprana es que desde la salida de las FARC como grupo armado ilegal, el ELN y las AGC se están disputando la expansión del control hacia las zonas de cultivos ilícitos y producción de alcaloides en las regiones Pacífico y Sur del país.
“Las AGC lograron posicionarse estratégicamente en la zona de puertos y salidas hacia el Pacífico, Buenaventura (Valle), Pizarro, Bahía Solano y Nuquí en el Chocó y las facciones disidentes de las FARC-EP han mantenido su dominio sobre una de las salidas con mayor potencial para la exportación de drogas, el departamento de Nariño. El ELN por su parte, a través de su Frente de Guerra Occidental (FGO), viene experimentando un proceso de fortalecimiento y expansión hacia la zona cordillerana de los municipios del noroccidente de Risaralda (Pueblo Rico y Mistrató), y hacia los municipios de Alto Occidente de Caldas (Riosucio, Supía y Marmato)”, añade.
Entonces, las AGC han expandido su control hacia el interior del país, incluyendo gran parte de los municipios del Eje Cafetero, articulando fuerzas en algunas zonas de Chocó, y desde Antioquia hacia el sur y centro del país.
Por otro lado, se suma la llegada de presuntos emisarios de carteles extranjeros en algunas ciudades, que pretenden eliminar “los demás eslabones de las cadenas de producción de economías ilegales a través de los hechos de violencia, teniendo un notorio impacto la situación de vulneración de los derechos humanos en los contextos urbanos en el Eje Cafetero”.
Sumado a lo anterior, la emergencia por covid-19 también ha tenido un impacto. Por un lado, las prioridades y recursos estatales se han destinado a acciones tendientes a reducir los efectos negativos de la pandemia. Por el otro, el hacinamiento carcelario y el virus, han posiblemente motivado una reducción de los operativos de captura para desarticular organizaciones criminales.
Con lo anterior, la Defensoría también hace énfasis en el desempleo y la crisis económica generada por la situación actual, que producen problemas de convivencia familiar, aumento de la pobreza, etc.
Debido a todo lo mencionado y otras razones adicionales, la Defensoría insta a las distintas instituciones y entes del Estado, así como autoridades, a adoptar las medidas necesarias y efectivas para garantizar la vigencia de los derechos humanos.
Entre las mencionadas están las gobernaciones de Armenia, Pereira y Quindío, los ministerio de Defensa, Trabajo e Interior, las personerías, la Fiscalía, la Consejería Presidencial para los DDHH, entre otros.