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Vicky en Semana

| 2020/01/23

Polémica por eliminación de intereses de cesantías y posible salida de cajas...

La Anif reveló cuatro propuestas que deberían ser incluidas en la Reforma Pensional. Las reacciones en redes no se hicieron esperar.

En el marco de las manifestaciones que se vivieron en Colombia el pasado 21 de enero, donde las personas salieron a las calles en rechazo al gobierno de Iván Duque tanto por la Reforma Laboral como la Pensional, así como otras inconformidades que se han venido gestando a lo largo de los años, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) puso sobre la mesa cuatro alternativas que han causado controversia en el país.

De acuerdo con el boletín económico, firmado por Nelson Vera Concha, vicepresidente de la Anif, las cuatro propuestas que sugiere buscan dar solución a la preocupación que gira en torno al mercado laboral colombiano. En 2019, la tasa de desempleo se ubicó en 10,6%, un punto porcentual más que la registrada en 2018, por lo que, según el informe, se convirtió en la principal preocupación macroeconómica en lo corrido del año.

Vera señala que si se compara el salario mínimo de Colombia en dólares frente a los demás países grandes de la región, según la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), se ubica como el segundo más alto, después del de Chile. Adicional a ello, destaca que si se suman los costos no salariales (subsidio de transporte, seguridad social, cesantías, Cofamiliares, entre otros), “dicho nivel supera el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico”, dijo.

“Dicho en otras palabras, además del repunte cíclico del desempleo, la tensión del mercado laboral nos habla de complejas inflexibilidades estructurales (en estos frentes, la Administración Duque acierta al calificarlos de “problemas que han envejecido mal”)”, recalcó Vera. Por lo anterior, el economista subraya que son cuatro elementos que permitirían atacar los vacíos que hay en materia laboral en el país, lo cuales deberían incluirse en la Reforma Laboral que propone el Gobierno de Iván Duque.

El primero, busca continuar “reduciendo los costos no salariales, en línea con lo logrado en la Ley 1607 de 2012”. Lo anterior se lograría mediante la eliminación de las Cajas de compensación Familiar, también conocidas como Cofamiliares, las cuales representan 4% de sobrecosto empresarial. Como segunda medida, destaca que los intereses de las cesantías, que equivalen al 1% del valor de la nómina, sean eliminados. Lo anterior, bajo el argumento de que “sus inversiones en AFPs ya reconocen intereses reales que han venido promediando un 3% anual en 2005-2018”, señala Vera.

En el tercer y cuarto punto, el vicepresidente de la Anif propone reducir los costos de enganche-despido, “replicando lo logrado en España en 2012” y “atar el ajuste del SML a la Regla Universal, de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en Productividad Laboral”. Frente a la propuesta, las reacciones no se hicieron esperar.

“Las Cajas de Compensación Familiar son ejemplo mundial, no entendemos ni compartimos la idea de que las mismas sean eliminadas o debilitadas. Puede si, haber espacio para optimizar el uso de recursos aportados por las empresas que deben ser invertidos en el beneficio de todos”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró a través de su cuenta de Twitter que “Las Cajas de Compensación son un mecanismo valioso para brindarle a los trabajadores oportunidades y servicios para mejorar su calidad de vida. Nuestro gobierno nunca respaldará propuestas que las debiliten o eliminen. Trabajaremos por fortalecer sus beneficios a los colombianos”.

En línea con lo que escribió el presidente Duque, Adriana María Guillén Arango, presidente ejecutiva de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), señaló que, si bien es importante reducir el costo de crear empleo, “también se debe ser cuidadoso al momento de decidir de qué costos prescindir, pues no podemos perder de vista la proporción del beneficio que se irradia a partir de este aporte a 22 millones de personas y la imposibilidad actual de que el mismo sea asumido por el presupuesto público como ocurrió en el caso de los aportes al Sena y al Icbf”.

Guillén agregó que “eliminar este aporte empresarial pondría en serios aprietos al sector vivienda, salud y educación con el cual indirectamente generamos de formalidad y acabaría de tajo con el acceso a recreación cultura y turismo para la población”.

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