Los dos negocios del año

Los analistas vaticinaron que Colombia sería el mercado del año en las telecomunicaciones latinoamericanas; dos grandes movimientos tendrán lugar este año en nuestro país – la llegada de socios privados para Telecom y OLA - y no habrá otros de igual magnitud en la región. Colombia es el país con la tasa de expansión de la telefonía móvil más dinámica del continente y lo que ocurra este año acá modificará sensiblemente el mapa de propiedad del negocio de las telecomunicaciones en la región.

Telecom (o Colombiana Telecomunicaciones, como prefieren llamarla ahora) tendrá un socio privado. El año pasado esa operación, que estaba casi cerrada con el multimillonario mexicano Carlos Slim, debió abortarse porque en un acto de prudencia digno de aplaudir, el Contralor Hernández Gamarra encontró que era inconveniente. Aunque a la opinión pública le pintaron un negocio maravilloso en donde Slim pagaría 350 millones de dólares, en realidad el mexicano pondría sólo 90 millones en efectivo, a cuenta gotas durante varios años y los cuales recuperaría con altos costos por cargos de administración que había que pagar a Telmex, la empresa de Slim. Las utilidades no llegarían a la nación, ni el erario público se vería alimentado con ellas, pues irían todas al pago del pasivo pensional que esta empresa tiene. Era, a todas luces, un mal negocio para el país y el Contralor lo advirtió a tiempo.

Se avecina la subasta pública en la que nuevamente Telmex participará, y también su rival Telefónica Móviles (de España), así como un conglomerado encabezado a nivel nacional por el operador de cable Cablecentro. El banco contratado para valorar a Telecom puso una cifra muy por debajo de los 350 millones que supuestamente pagaría Slim el año pasado; en la puja seguramente el precio subirá y estará cerca de esa suma. Lo interesante no es la cifra, sino las condiciones del negocio, que no son públicas todavía. Los expertos confían en que no habrá de nuevo chance para que Slim o quien quiera que formule la mejor oferta, pueda hacerse con el 51 por ciento de la empresa emblemática de las telecomunicaciones colombianas a cambio de casi ninguna inversión en efectivo, cobrando onerosas cuotas de administración y sin que los colombianos se beneficien realmente del negocio. Eso no debería ocurrir otra vez. Pero es todavía un escenario posible y de hecho, multinacionales del negocio de las telecomunicaciones han realizado en el pasado y en otros países, operaciones similares, en donde primero hacen una oferta alta pero inconveniente, que las autoridades rechazan, para después hacer la adquisición por menos dinero aún del que ofrecieron inicialmente. Es una vieja jugada en el mundo de los negocios y sólo una rigurosa ética de defensa del patrimonio público por parte de los funcionarios del Estado podrá mantenernos a salvo de ella.

El otro gran negocio del año será la llegada de un socio privado para OLA. La envergadura de este negocio es mayor, porque la empresa ha sido valorada en más de 800 millones de dólares, debido a sus 2,4 millones de abonados y su rápido crecimiento en el sector de la telefonía móvil. Y aunque no pocos analistas quisieron hacer creer a los colombianos que OLA no vale un peso, la verdad es que apenas las empresas propietarias – ETB y EPM – anunciaron la búsqueda de socio estratégico privado, ocho compañías multinacionales se mostraron interesadas, e incluso algunas que no estaban en la lista de invitados se comunicaron desde Europa para pedir que las incluyeran entre los posibles inversionistas, como fue el caso de la británica Cable and Wireless. En breve estos inversionistas tendrán acceso al cuarto de datos y después formularán sus ofertas para hacerse socias.

Estos dos serán los negocios más grandes del año en la economía colombiana. En ambos casos se trata de empresas de propiedad pública, localizadas en el sector más dinámico, el de las telecomunicaciones. Es decir, jugoso patrimonio público que será vendido parcialmente a empresarios privados internacionales y por tanto estas operaciones son de interés nacional. Los colombianos tienen derecho y obligación de conocer cada detalle y de que se garantice un par de buenos negocios para la nación.