Puente Nayero: paz en medio del terror

Orlando Castillo ya no sabe cuántas veces lo han amenazado con matarlo. Por eso, solo cuenta las que ha denunciado en la Fiscalía. Treinta y dos en total. Hace unos meses, hombres a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta en la que se movilizaba y le dispararon mientras cambiaba el semáforo. Esa vez, como todas las otras, salió ileso.

La historia la cuenta vestido con un pantalón de paño, zapatos de amarrar y una camiseta de colores apagados por el sol bonaverense. Es un hombre pequeño y un líder social gigante. Lo quieren matar, dice enérgico, por ser creador de una especie de oasis en medio de la Comuna 4, uno de los sectores más violentos de Buenaventura. 

Se trata del denominado Espacio Humanitario Puente Nayero, un ejercicio de resistencia en torno a una calle larga que más parece un barrizal, con casas de madera desvencijada, ropa tendida en las fachadas y de fondo el grisáceo como el océano Pacífico. Ese debe ser el único lugar de todo el Puerto vetado para los grupos armados ilegales.

“Somos una comunidad de paz desde el 13 de abril de 2014. El espacio se crea como una forma de preservar la vida y el territorio”, dice recio Orlando, con la autoridad que le da ser sociólogo, especialista en cultura de paz y Derecho Internacional Humanitario, tener dos maestrías y cursar un doctorado; además, haber sido desplazado junto con sus vecinos del Naya, entre Valle y Cauca, tras la masacre hace más de dos décadas perpetrada por un comando paramilitar al mando de José Éver Veloza, alias HH.
 

Así, con antecedentes de zonas humanitarias en el país como las de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) y la comunidad de paz de Apartadó, en el Urabá, un Domingo de Ramos nació el Espacio Humanitario Puente Nayero con una única consigna: un lugar en donde no se le permitiría el ingreso a ningún actor armado ilegal.

Luego, la comunidad, de la que hoy hacen parte unas 2 mil personas, estableció otros ocho principios: no consumir sustancias psicoactivas, la obligatoriedad de participar en las asambleas comunitarias y la prohibición expresa de relacionarse con quienes hagan parte de bandas u organizaciones delincuenciales. 

El reglamento también contempla castigos comunitarios y pedagógicos para quienes cometan delitos menores como robo y, cada día, las puertas se cierran a las 6 de la tarde y se vuelven a abrir a las 5 de la mañana. Todo en medio de un barrio en el que son constantes los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, ELN y bandas sucesoras del paramilitarismo, como ‘La Local’ o ‘La gente del orden’. 

Antes de ser espacio humanitario, esa calle —al igual que todas las del barrio La Playita—, se hicieron famosas por las escalofriantes prácticas de tortura en las denominadas ‘casas de pique’ denunciadas por la Diócesis, construcciones palafíticas en donde se descuartizaba y mutilaba a menudo con la única intención de enviar mensajes de terror a la comunidad.
 

Entonces, en medio de esa zozobra, Orlando y un puñado de líderes juntaron a los vecinos y constituyeron el espacio que contó con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conminó al Estado colombiano a brindar seguridad ahí las 24 horas del día. “Demostramos la incapacidad del Estado para proteger a toda la población afro que vive ahí”, agrega Orlando.

Entonces, encerraron la zona y han logrado —según cuenta el líder— mantener a raya asesinatos, desapariciones forzadas y extorsiones. Hoy, aunque pulula la pobreza al lado de niños descalzos, ventas de mango y partidas de parqués, el espacio humanitario ha logrado mantenerse en pie.

“La lucha no ha sido fácil. Un par de veces se nos han metido hombres armados.Pero gracias a que estamos unidos hemos podido mantenernos firmes y lejos de esta violencia y del recrudecimiento del conflicto que vive Buenaventura”, sentencia Orlando a quien, definitivamente, las amenazas no van a detener.

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