El 24 de octubre, el presidente Gustavo Petro se convirtió en el primer mandatario colombiano en ser incluido en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), conocida como la Lista Clinton. La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incluyó a Verónica Alcocer, a Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Una de las mayores tensiones por esta determinación la está registrando con el sector financiero. La inclusión en la Lista Clinton es el aislamiento o incluso la muerte financiera de una persona: no tendría acceso a cuentas ni productos financieros, pues los bancos en Colombia, por los vasos comunicantes que tienen con Estados Unidos, buscan evitar el contagio y caer en posibles sanciones.
Tras la inclusión del presidente y sus allegados en la Lista Clinton, Asobancaria reafirmó su compromiso con los estándares internacionales y dijo que continuará actuando conforme a la normativa local, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los derechos del consumidor financiero.
Pero el jefe de Estado lanzó una advertencia: “Vamos a ver si los bancos en Colombia obedecen la ley de un país extranjero o a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Corte Constitucional”. Días antes, Petro había anticipado su enfrentamiento con ese sector. “Puedo entender que un banco extranjero me diga no, pero que un banco nacional me diga que no me abre una cuenta bancaria siendo el presidente y jefe del Estado, me parece grosería conmigo y con mi país, un irrespeto. ¿Acaso son oficina de asuntos extranjeros?”, dijo en un trino.
Para un experto abogado, el financiero es un servicio público, pero no igual al agua o a la energía: “Es un servicio público condicional, porque la vinculación tiene que ser de carácter objetivo”.
Como explicó un alto exfuncionario del sector de Hacienda en el país, la lista OFAC está por fuera de Colombia y, si bien es cierto que no aplica dentro del país, sí implica un riesgo para las entidades del sistema financiero. “Les puede generar unos perjuicios que afectan al interés público. Por lo tanto, cuando una persona está incluida en la Lista Clinton, es una causal objetiva para negar la prestación de un servicio financiero”.
Y agregó: “El riesgo que se asume, si no se reacciona cerrando y bloqueando productos de los que se han incluido en la lista, es que se pueda considerar a la entidad que mantiene la relación como partícipe de lavado y que la incluyan también en la lista o le bloqueen los activos que tenga en Estados Unidos. Además, ninguna entidad en ese país va a arriesgarse a mantener relaciones con entidades que no acojan las decisiones de la OFAC”.
Distintos expertos consultados por SEMANA han señalado que todos los bancos en Colombia, incluido el Banco Agrario, tienen de alguna manera relación con Estados Unidos: activos, cuentas, licencias para operar franquicias financieras, como las tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o la necesidad de mover los recursos de comercio exterior, inversión extranjera o compras en línea.
Por eso, ninguna firma abriría una cuenta o producto financiero al presidente Petro o a alguna de las personas vinculadas a la lista de la OFAC. Es más, si el Gobierno considerara hacerlo por alguna entidad pública, seguramente esta también tendría vínculos con Estados Unidos. El propio Banco Agrario tiene dos cuentas con la banca de Estados Unidos para hacer transacciones internacionales, explicó Francisco Mejía, expresidente de esta entidad. Son cuentas en Citigroup y en J.P. Morgan.
“La cuenta de J.P. Morgan la abrimos en mi administración, porque esa institución se había negado a abrir una cuenta del banco, pues dudaba de sus procedimientos de compliance”. Mejía agregó que no es opcional para una empresa estadounidense decidir si hace transacciones o no con alguien de la lista. “Automáticamente, quien está incluido en la OFAC deja de tener algún tipo de relación con empresas norteamericanas”.
La Corte Constitucional ha definido su posición en diferentes sentencias. En la T468-03, afirmó que las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema financiero o terminar los contratos bancarios cuando se presenten causales objetivas. Y la inclusión de una persona en la Lista Clinton es una causal objetiva “en razón de las graves consecuencias económicas que se producirían en ese sector” y, además, en aras de garantizar el interés general de los ahorradores.
La causal, según la Corte, se encuentra vinculada al riesgo de la operación y no a la capacidad de pago del solicitante, “por las consecuencias de tipo económico derivadas del estado de indefensión de la banca colombiana”; por ejemplo, a través de la confiscación de depósitos en sucursales o agencias del exterior, y “por la pérdida de confianza pública que es el principal activo de una entidad del sector financiero dado el riesgo o menoscabo de su reputación y por las posibles sanciones o multas derivadas de falta de control al lavado de activos”.
Además, afirmó que no es necesario que la persona incluida en la Lista Clinton haya sido condenada o esté siendo investigada por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia para considerar legítima la conducta de las entidades bancarias. El fundamento reposa, entre otros factores, en una afectación al interés general de los ahorradores.
De hecho, sorprendió el trino del presidente mencionando a la Superintendencia de Servicios Públicos y no a la Superintendencia Financiera. De acuerdo con expertos consultados por SEMANA, al parecer el mandatario se estaría refiriendo a un concepto de la Superservicios: “No es posible que se niegue la prestación del servicio público domiciliario por hacer parte de una lista vinculante o restrictiva, la empresa solo puede negar la prestación del servicio por razones técnicas, financieras, de seguridad o por incumplimiento de requisitos legales o contractuales expresamente establecidos en el régimen de los servicios públicos domiciliarios”.
“Por eso, hábilmente, trata de decir que es el precedente que aplica, olvidando los pronunciamientos de la Superintendencia Financiera”, agregó un experto.
La Superfinanciera también se ha pronunciado. Así lo explicó Ricardo Fandiño, socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, al señalar que la posición reiterada de esta superintendencia ha sido que la decisión de la institución financiera colombiana de terminar la relación con un individuo incluido en la Lista Clinton es una decisión objetiva ajustada a la ley.
“Eso sí, el afectado, en este caso el presidente Petro, tiene el derecho de adelantar las actuaciones legales que considere ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
Ante este panorama, ¿el presidente podría contar con algún producto financiero? “La relación laboral sigue. Lo que pasa es que ya no le van a poder depositar su sueldo en un banco. ¿Qué le consignen en una cuenta y que esté activa? Yo lo veo difícil, muy difícil”, dijo el alto exfuncionario.
Según un abogado experto en manejo de finanzas, hay una doctrina de la Superfinanciera que advierte que las entidades de seguridad social están obligadas a mantener, por ejemplo, aportes a salud o pensión, o el pago de pensiones, independientemente de que estén en una lista restrictiva. “En cuanto al sueldo, ya no se lo van a poder pagar en una cuenta bancaria. Tendrían que pagárselo en efectivo, porque no hay otra forma de hacerlo. Cualquiera que se preste para servir como intermediario, también se expone a quedar atrapado en la red de las sanciones”.
La otra gran preocupación es que no hay confianza en la institucionalidad. Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, una red internacional para el intercambio de información de inteligencia financiera, tras la filtración del presidente Gustavo Petro sobre la compra del software Pegasus. “Básicamente, ya no se comparte información, ya no hay confianza en un sentido u otro”, señaló un exfuncionario.
¿Qué esperar? Podrían venir acciones como tutelas, argumentando, por ejemplo, protección al consumidor. “Pero aquí hay un interés superior, pues el castigo para quienes hagan negocios con personas que están en la Lista Clinton es muy complejo”.
Para los expertos consultados, el margen de maniobra no es mayor. Aunque el presidente podría exigirle a la Superfinanciera que obligara a que le abrieran una cuenta, la entidad se ha caracterizado por ser exigente en los cumplimientos de las normas, en especial las internacionales.
“Una decisión de ese tipo seguramente sería impugnada y la jurisdicción contenciosa la suspendería”, aseveró un abogado. Explicó, además, que el funcionario que firme esa obligación también podría ser incluido en la lista de la OFAC.
Algunos son más extremos y consideran que el presidente podría presionar a las instituciones financieras con la licencia de operación. “Pero eso sería tanto como amenazar con un riesgo sistémico. Además, debe tener en cuenta que los recursos en los bancos son de los ahorradores y ellos podrían terminar pagando los platos rotos”, señaló una fuente del sector.
Apenas empiezan a aparecer las implicaciones de la medida.