En 1990, en una de las reformas impulsadas por el gobierno de César Gaviria, se creó en Colombia el salario integral, una alternativa de remuneración que buscaba atraer talento altamente calificado con paquetes más simplificados.
Hasta ese momento, todos los trabajadores formales tenían salarios ordinarios con prestaciones obligatorias separadas (prima, cesantías, recargos, vacaciones, etc.) y la innovación del salario integral consistía en que permitía flexibilizar las relaciones laborales, reducir costos administrativos y parafiscales, así como facilitar esquemas de compensación ejecutiva y gerencial.
Desde su creación, el salario integral unifica en un solo pago el salario básico, las prestaciones, los recargos y la prima. Para acceder a esta modalidad, se debe devengar mínimo un sueldo equivalente a 10 salarios legales vigentes (hoy 14,2 millones de pesos), más un 30 % adicional correspondiente al factor prestacional —donde se incorporan las prestaciones—, lo que actualmente suma un total de 18,5 millones de pesos mensuales.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántas personas devengan salario integral, pero si se mira por cotizaciones a seguridad social, a septiembre de este año 1,1 millones cotizaban por encima de los 4 salarios mínimos (por encima de 5,6 millones de pesos).
Sin embargo, este grupo minoritario hoy está en crisis, pues esta figura salarial no está resultando conveniente ni para los trabajadores, ni para las empresas. La explicación la da Camilo Cuervo, abogado laboralista y socio de Holland & Knight.
En su concepto, son tres las razones que hoy tienen a varias empresas pensando cómo reversar los salarios integrales. La primera de ellas está relacionada con los incrementos del salario mínimo. Como este se viene ajustando de forma acelerada desde el gobierno de Iván Duque, el salario mínimo integral, que sube en la misma proporción, se ha incrementado muy rápido, equiparando las remuneraciones de personas con cargos más altos o con mayores remuneraciones.
“Anteriormente, los salarios mínimos integrales no eran tan altos, sino que correspondían a rangos medios dentro de las organizaciones, pero ahora, por cuenta de que el salario mínimo está subiendo mucho más que la inflación, el salario mínimo integral se pegó a los salarios de rangos medios altos y altos”, explica el abogado y advierte que si el Gobierno cumple su promesa llevar el salario mínimo a 1.600.000 pesos, el salario mínimo integral subiría a 21 millones de pesos, que es lo que se gana en promedio el gerente de una empresa mediana en Colombia y quedaría en el mismo nivel que cargos inferiores.
El segundo factor en contra de los salarios integrales está relacionado con sus costos de aseguramiento, pues quienes reciben esos sueldos no pagan su seguridad social sobre el total de su ingreso, sino sobre el 70 % (así en el caso de los 18,5 millones de pesos actuales cotizan sobre 12,9 millones). Por eso, cuando se enferman o se incapacitan su salario se baja considerablemente (con los descuentos puede llegar a 8 o 9 millones). Lo mismo ocurre al calcular su pensión. “En ese aspecto están perdiendo un montón de plata, es una ilusión medio rarita de aseguramiento, que muchos no sienten, porque numerosas empresas cubren la diferencia, pero cada vez son menos porque el gap de aseguramiento es muy alto”, precisa Cuervo.
El tercer factor es la más reciente reforma tributaria que le dio un duro golpe a ese rango salarial. Con las nuevas tablas de retención en la fuente, un salario ordinario de 14 millones de pesos paga menos que el integral, porque ahí sí le meten las prestaciones.
Como resultado, muchas empresas están tratando de desmontarse de los salarios integrales para pasarse a ordinarios, los cuales no crecen con el salario mínimo, sino con la inflación (y en algunos años ni siquiera suben, pues los empleadores solo están obligados a subirles cada año a quienes devengan el mínimo). La mala noticia es que para deshacer esos salarios es necesario terminar el contrato de trabajo e iniciar uno nuevo con otras condiciones de remuneración.