En medio de una apremiante situación económica, con un gasto público al alza y unos ingresos que se contraen de forma dramática, el Gobierno anda en busca de recursos y está escarbando hasta debajo de las piedras.
El escenario es tan complejo que se estima que la meta de recaudo tributario prevista para 2025 no se logrará y tendrá un descuadre de al menos 8 billones de pesos.
La apuesta del Gobierno está en la reforma tributaria, que se le llama ley de financiamiento porque es parte de las fuentes de ingreso para el presupuesto de 2026. Sin embargo, no tendría mucho futuro en su trámite, según el consenso que dicen tener los congresistas.
El tiempo para evacuar la agenda legislativa ordinaria ya es breve. Las sesiones concluyen el 16 de diciembre, a lo que se le suma que en cerca de cuatro meses los colombianos decidirán en las urnas quiénes se deben quedar en las curules de Senado y Cámara, o quiénes deben ser relevados por una nueva generación de parlamentarios.
De ahí que, ni siquiera los integrantes del Pacto Histórico, el partido que respalda al Gobierno, se arriesgarían a promover impuestos para ‘salvar la patria’, ante la aguda crisis fiscal.
Gremios como la Andi han manifestado su rechazo y hasta piden que el Congreso tumbe la reforma tributaria porque “no contribuiría a la reactivación económica e impactaría negativamente en indicadores como la inversión, inflación, formación bruta de capital fijo y la competitividad del sistema tributario”.
Si bien el Ministerio de Hacienda, durante la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, aceptó bajar 10 billones de pesos, de los 26,3 billones que buscaba con la reforma a los impuestos en su versión original, el ambiente político no da para debatir un tema tan sensible como el de poner más carga tributaria.
De ahí que los mismos coordinadores y ponentes nombrados alrededor del proyecto oficial de ley de financiamiento, convencidos de que no hay manera de tramitar una iniciativa sobre impuestos en los actuales momentos, decidieron hacer una alianza, entre distintos partidos políticos, para construir una ponencia diferente, pues lo que plantean no es tributaria ni ley de financiamiento, sino una estrategia para la reactivación económica, según argumentan.
Cualquiera que sea el nombre que se le dé a la iniciativa, es claro que lo que se busca es plata, pero esta vez tratando de no poner más tributos que, además de impopulares, terminan desestimulando el consumo de los hogares e impactando el crecimiento económico que, de por sí, será solo de 2,6 por ciento en este año, de acuerdo con la revisión a la baja que hizo el Banco de la República.
Un IVA saludable
Según confirmó Olga Lucía Velásquez, integrante del equipo de ponentes, el único gravamen nuevo en el que están trabajando es el que recae sobre las plataformas digitales, el cual, entre otras, se planteará como un impuesto saludable. Tocaría a poderosas compañías que generan contenidos 7x24, como Google, TikTok, Instagram y similares, con un IVA cuyo recaudo se destinará a la subcuenta para financiar los programas de salud mental. “Así como el cigarrillo y los licores aportan impuestos, también lo harán las plataformas digitales, que se han constituido en una adicción y están afectando la salud mental”, sostuvo Velásquez.
El proyecto de ley que, según contó el representante a la Cámara Álvaro Monedero, es similar al que presentó el Partido Liberal en 2024, como alternativa ante el hundimiento de la entonces segunda reforma tributaria del Gobierno Petro, tiene hasta ahora 32 artículos y se enfoca en recaudar recursos de morosos de la Dian. Para ello, se proponen reducciones de tarifas hasta del 90 por ciento en sanciones e intereses por mora para el caso de todas las deudas tributarias, incluidos IVA, impuesto al consumo, retención en la fuente y hasta los parafiscales que tienen pendientes los contribuyentes con la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). “Sería una medida transitoria. La Dian tiene una suma millonaria en deuda que prácticamente es incobrable. Buscamos que con el beneficio propuesto no solo se genere un ingreso que al menos llegue a 2 o 3 billones de pesos, sino que también se evite que una empresa llegue a liquidarse porque ya no puede asumir la obligación”.
Nada agresivo
Con este artículo también quedarían habilitados los departamentos y municipios para aplicar la ‘gabela’ tributaria, sin tener que pasar por el Concejo o la Asamblea para obtener la autorización.
En el esquema tributario colombiano hay mucha tela por cortar, como lo evidenció la propuesta original del Gobierno en la que se planteaba tocar el IVA, la renta, el impuesto al patrimonio, la tributación de personas naturales y el impuesto al consumo, además de incorporar incentivos para la transición energética.
Pero desde la perspectiva del congresista Monedero, se trataba de “una agresividad excesiva” a veces sin sentido. “Poner un impuesto a personas naturales que tienen un ingreso tan alto, que es casi inexistente en Colombia, no recauda nada y, en cambio, sí produce tanto rechazo que la gente termina por llevarse la plata a otros lugares”, argumentó.
Ante esas prerrogativas, la ponencia que se adelanta, en la que se juntan congresistas liberales, del partido Alianza Verde y del mismo Pacto Histórico, con la intención de ir sumando a más bancadas, procura no tocar temas álgidos que puedan enredar el camino. Entre tanto, aborda circunstancias que han generado cierta receptividad, como lo es la inclusión de un artículo para que el Fondo Nacional del Ahorro pueda otorgar créditos sin cuota inicial, lo que tendría unidad de materia con la reactivación económica.
En medio de la polarización política en el país ya surgen voces que critican a los congresistas que intentan sacar adelante la iniciativa legislativa, porque ello solo le daría recursos al Gobierno de Petro, sostienen algunos.
No obstante, lo cierto es que el difícil panorama fiscal no da tregua, lo que está llevando a los promotores de la llamada ley de reactivación económica a argumentar que varias de las medidas darán caja, pero al próximo gobierno. Es el caso de la norma relacionada con el IVA a las importaciones de gasolina y ACPM, que están gravadas con una tarifa del 19 por ciento y que, tras concepto de la Dian, puede ser cobrado de manera retroactiva, por los años 2022, 2023 y 2024, lo que llevó a Ecopetrol –implicado directo– a adeudar 1,5 billones de pesos de un momento a otro, y, en consecuencia, a interponer una demanda contra la también entidad pública.
Según confirmó Monedero, en el proyecto de ley se aprovecharía la oportunidad para que la norma quede clara y no dé margen a interpretaciones como las que permiten los conceptos de la Dian.
La lluvia de ideas tributarias, de cara al debate de la propuesta legislativa, ya es torrencial, y proviene de distintas esquinas, pero no todos los efectos que causan son para el presente.
El presidente de Anif, José Ignacio López, por ejemplo, hizo el lanzamiento del proyecto Colombia Progresa 2630, que surge de una alianza entre seis centros de pensamiento económico. “El fin es darle al próximo Gobierno una hoja de ruta concreta, priorizada y accionable para enfrentar los desafíos más urgentes del país”, expresó.
López habló de la necesidad de crecer que tiene el país, si es que se quiere evitar que Colombia siga en el rezago por otro siglo más. Para ello, la política tributaria que conduzca a la reactivación es definitiva, por lo que puso como ejemplo el incremento en la facturación de las empresas cuando se les aplica una exención en las retenciones. “En 2024, los micronegocios que activaron el beneficio tributario aumentaron su facturación en 34 por ciento”. De hecho, la reversa que dio el Ministerio de Hacienda, con el proyecto de decreto que imponía retención en la fuente de 1,5 por ciento a plataformas de pagos electrónicos, fue bien recibida por López.
Pero en esta oportunidad, cuando seguramente se tendrá que tramitar una reforma tributaria exprés para cubrir el faltante que hay en el presupuesto de 2026, las pinzas finas tendrán que estar sobre la mesa. No en vano, Monedero afirma que, aunque se ha hablado de bajar el impuesto de renta a las empresas, del 35 al 33 por ciento, buscando entre distintas fórmulas para hacerlo de manera progresiva y evitar la contracción en los ingresos públicos, la estrechez fiscal que tiene el Estado podría ser talanquera para que se adopten medidas de estímulo al crecimiento por la vía de una menor carga al sector productivo. La segunda semana de noviembre será crucial para las decisiones.