El financiamiento de la educación superior en Colombia se ha convertido en un punto crítico para el desarrollo económico.
Para Mario Posada García-Peña, rector de la Universidad de América, no se trata solo de recursos, sino de la capacidad del país para formar talento y competir en una economía basada en el conocimiento.
Hoy, el sistema supera los 2,4 millones de estudiantes matriculados, de los cuales cerca del 50 % cursa sus estudios en universidades privadas. Este equilibrio confirma que el modelo mixto es clave para ampliar la cobertura.
Sin embargo, las tensiones son evidentes: mientras las universidades públicas siguen operando bajo esquemas definidos por la Ley 30 de 1992, las privadas enfrentan una caída en la capacidad de pago de los hogares en medio de presiones inflacionarias recientes.
El contexto económico no ayuda. Según datos del Dane, el crecimiento del país ha mostrado desaceleración y el ingreso real de las familias ha perdido poder adquisitivo, lo que impacta directamente la matrícula y permanencia estudiantil.
En paralelo, el desafío de la investigación es aún más profundo: Colombia invierte apenas alrededor del 0,3 % del PIB en ciencia y tecnología, muy por debajo del promedio de la Ocde, que supera el 2 %.
A esto se suma que las universidades deben destinar cada vez más recursos a becas, financiación interna y programas de apoyo para evitar la deserción estudiantil, uno de los principales desafíos estructurales del sistema.
Para Posada, el panorama exige una respuesta estructural: fortalecer los esquemas de crédito educativo, incentivar la inversión en investigación y ofrecer estabilidad normativa.
De lo contrario, advierte, el país arriesga su capacidad de innovar y crecer. Financiar la educación superior, insiste, no es un gasto: es una inversión directa en la productividad y el futuro de Colombia.