Durante más de veinticinco años ejercí la profesión que heredé en casa y que elegí por convicción, y en todo ese tiempo siempre me hicieron la misma pregunta. En los pasillos de los juzgados, en las emisoras, en los almuerzos familiares y, cómo no, en redes sociales: “¿Y usted cómo hace para defender a esa gente?”. Unas veces con curiosidad, otras con reproche y muchas con desprecio. Nunca me molestó responderla. Lo que sí me preocupa, y lo digo con todas las letras, es que después de tantos años la pregunta siga siendo necesaria. Porque esa pregunta dice menos de mi oficio que de lo poco que hemos entendido qué significa vivir en un Estado de derecho.
Empecemos por ahí. El abogado defensor no es el cómplice de su cliente ni el vocero de sus conductas. Es el contrapeso del poder más grande que tiene el Estado sobre una persona, que es el de quitarle la libertad. Sin defensa técnica no hay proceso, hay trámite. Y un trámite que encarcela tiene otro nombre, uno que este país ya conoció y que no debería volver a conocer.
Lo he escrito muchas veces y hoy lo sostengo desde otra silla: las garantías no se diseñaron para los simpáticos, ni para los conocidos, ni para quienes despiertan aplausos. Se diseñaron para los que incomodan. Ahí se prueban. Si se debilitan para uno, se debilitan para todos, porque son indivisibles. Por eso el abogado que asume la defensa de la persona más impopular del país está prestando un servicio público, aunque casi nadie se lo agradezca.
Pero sería injusto reducir la profesión al litigio de defensa, porque también me tocó conocer la otra orilla. Como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, aprendí algo que no siempre se enseña bien en las aulas: acusar es tan difícil y tan digno como defender. El fiscal que archiva cuando debe archivar también hace justicia. Y la objetividad, que a veces se lleva como un estorbo, es en realidad todo el cargo. Confieso que esos años me hicieron mejor defensor, porque entendí que del otro lado del expediente hay un profesional con una responsabilidad enorme y, casi siempre, con demasiados casos encima.
Y están los jueces, que también son abogados, aunque a veces lo olvidemos. Nuestros jueces trabajan con despachos congestionados, con salas que se caen a pedazos, con audiencias que se aplazan por razones que darían risa si no dieran rabia, y encima cargan con el linchamiento digital de quien perdió el pleito. Un juez insultado por decidir es un juez presionado para decidir distinto, y un juez presionado ya no es del todo un juez. Eso lo pagamos todos. Dignificar el oficio de jueces y fiscales no es un eslogan bonito, es la condición para que las decisiones se tomen con expedientes y no con tendencias.
Ahora bien, la profesión tampoco es la que sale en televisión. El país jurídico real es otro. Es la abogada que en un municipio del Atlántico redacta una tutela para que le autoricen una cirugía a una señora que ya no sabe a quién más acudir. Es el defensor público con ochenta procesos a cuestas que igual se estudia el suyo con juicio. Es el litigante de provincia al que la virtualidad, por fin, le permitió competir, porque antes el cliente contrataba donde estaba el juzgado y no donde estaba el mejor. Es el abogado laboralista, el de familia, el que hace una sucesión por honorarios modestos y termina además haciendo de psicólogo, de contador y de paño de lágrimas. Esos son los que sostienen el acceso a la justicia en Colombia, y ninguno sale en los titulares.
No es un tema menor. Para millones de colombianos, la primera cara del Estado es la de un abogado, mucho antes que la de un juez o un funcionario.
Y ahora lo incómodo, porque defender la profesión no puede volverse un ejercicio de autocomplacencia. También tenemos nuestras vergüenzas. El que cobra por lo que sabe que no puede cumplir. El que promete resultados en vez de gestión. El que ofrece “contactos” en lugar de argumentos. El que abusa de la confianza de una familia desesperada. Callarlo sería deshonesto. Defender la profesión no es defender a todos los que la ejercen, y quien más daño le hace al abogado honesto es el que la usa de disfraz.
De ahí que haya un debate pendiente que tenemos que dar en serio, y lo digo también como profesor y como hijo de una decana de derecho: calidad de la enseñanza del derecho, número y nivel de las facultades, formación práctica, ética profesional. Pero démoslo como corresponde, con propuestas concretas y no con diagnósticos rabiosos, que de esos ya tenemos suficientes.
Hoy miro todo esto desde un lugar distinto, y ese lugar me obliga a hablar con otra prudencia. Desde el Ministerio uno entiende rápido que ninguna reforma, por bien redactada que esté, funciona sin abogados que la hagan andar. Se puede cambiar un código completo, pero si el defensor no tiene tiempo para estudiar el caso, si el fiscal no tiene equipo, si el juez no tiene sala, la norma se queda en el papel y el ciudadano se queda sin justicia. Las instituciones se sostienen en personas con formación, con condiciones dignas y con independencia.
Hay algo, eso sí, que no cambia con el cargo. La convicción de que una sociedad que desprecia a sus abogados termina despreciando sus propias garantías, y que ese desprecio siempre se cobra tarde, cuando ya es uno el que necesita que alguien lo defienda.
Así que cuando vuelvan a preguntarme cómo se hace para defender a esa gente, la respuesta seguirá siendo la misma, aunque hoy la firme desde otra silla: se defiende porque alguien tiene que hacerlo, porque el día que nadie quiera hacerlo, el problema no será de los abogados. Ahí no pierde el defensor. Pierde el país.
Quiero decirles a los miles de abogados que ejercen con honestidad, muchas veces sin reconocimiento y casi siempre sin aplausos: ustedes son, todos los días, la primera línea de defensa de la libertad de los demás. Gracias por sostenerla.