La expectativa del sector energético es que Colombia recupere la confianza y vuelva a poner la seguridad energética como prioridad. El país necesita una matriz diversificada donde convivan todos los tipos de energía: hidroeléctricas, térmicas, solar y las nuevas tecnologías que lleguen al sistema.
Se requiere acelerar licenciamientos, consultas previas, redes de transmisión y regulaciones para que los proyectos entren a operar. El próximo cuatrienio será determinante para recuperar el margen de oferta de energía firme frente a la demanda. Según Acolgen, venimos de varios años de retrasos en proyectos y de incertidumbres que frenaron inversiones. Será clave enviar mensajes de estabilidad jurídica y respeto por las reglas de juego.
“Esperamos que el país logre desideologizar la conversación energética. La energía no puede verse solo desde el lente político. Detrás de cada decisión están la competitividad del país, las tarifas de usuarios, la atracción de inversión, la generación de empleo y la calidad de vida de millones de colombianos”, dicen desde el gremio de los generadores.
Construir una relación madura entre Estado, empresarios, trabajadores y sociedad
El sector industrial espera un país que vuelva a creer, pero con realismo, responsabilidad y sentido institucional. La prioridad: proteger la democracia, preservar la estabilidad macroeconómica, recuperar la inversión, defender el empleo y construir una relación madura entre Estado, empresarios, trabajadores y sociedad. Colombia necesita menos confrontación y más resultados; menos improvisación y más estrategia; menos discursos contra la producción y más compromiso con una economía que funcione para todos. Para la Andi, el próximo cuatrienio debe ser el de la reconstrucción de acuerdos nacionales básicos. La industria espera una agenda seria de productividad, infraestructura, energía, seguridad, educación pertinente, ciencia, tecnología e internacionalización.
Se requieren reglas claras y estables
Para Fenalco, el Gobierno entrante deberá concentrarse en recuperar la confianza empresarial como base para reactivar el comercio, la inversión y el empleo formal. El gremio propone reglas claras y estables, una agenda de formalización que reduzca la competencia desleal, alivios tributarios para las mipymes, simplificación de trámites y eliminación de barreras regulatorias. También plantea fortalecer el consumo interno mediante medidas que mejoren el poder adquisitivo de los hogares, impulsen el crédito y dinamicen la demanda. En los primeros 100 días, pide revisar normas que hayan afectado la libre competencia, instalar un diálogo permanente con gremios, sindicatos y academia, y reforzar la seguridad, clave para la actividad empresarial en las regiones.
Cinco tareas claves
Las cinco principales tareas del próximo Gobierno en el sector que representa la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas son: uno, garantizar la seguridad energética mediante la exploración y producción para aumentar reservas. Esto implica apostarle al fracking y ejecutar los proyectos del plan de abastecimiento de gas natural. Dos, asegurar estabilidad regulatoria, fiscal y contractual para atraer inversión y reactivar proyectos. Tres, fortalecer la articulación territorial, la seguridad, el orden público, la inversión social y la prevención y gestión de la conflictividad social. Cuatro, asegurar el abastecimiento y desarrollar la confiabilidad del sistema en combustibles líquidos. Y cinco, avanzar en una transición energética realista, basada en complementariedad y adición.
A recuperar la confianza
Para Camacol, la reactivación de la vivienda debe comenzar por recuperar la confianza de hogares y constructores. El gremio propone garantizar recursos suficientes y oportunos para los subsidios, fortalecer programas como Mi Casa Ya, ampliar los alivios a la tasa de interés y dar estabilidad a las reglas de juego. También plantea acelerar licencias, habilitar suelo urbano, reducir trámites y articular mejor a la nación con alcaldías y gobernaciones. No se trata solo de impulsar ventas, sino de proteger empleo, inversión y actividad económica en una cadena que mueve industria, comercio y servicios, y que hoy acumula varios trimestres de contracción, especialmente en vivienda de interés social.
Seguridad física y jurídica
Para la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la seguridad física en el territorio, amenazada por grupos al margen de la ley, es prioritaria. Hay extorsión a los productores, violencia contra los trabajadores rurales y bloqueos en las carreteras. También es clave “la seguridad jurídica para producir comida” y eso implicará revisar normas que este Gobierno expidió. Además, será fundamental el desarrollo de bienes públicos, como vías terciarias y conectividad digital, para que el campo sea atractivo y competitivo; al igual que la incorporación de un régimen laboral para combatir la informalidad en el campo, que es del 84 por ciento. Y, por último, contar con instrumentos de financiamiento en tiempos de altas tasas y duros efectos climáticos.
Hoja de ruta para la innovación
En lo que resta de la presente década, Colombia requiere una agenda de crecimiento basada en confianza, estabilidad macroeconómica y profundización del crédito. Según el gremio de banqueros, esa meta no se decreta, se construye, y exige una hoja de ruta que promueva la competencia, impulse la innovación y permita que el sistema financiero aporte aún más al desarrollo del país. “Desde la banca construimos la Agenda Financiera 2026-2030 como insumo técnico y accionable para el nuevo Gobierno, con propuestas para impulsar el desarrollo y mejorar la vida de los colombianos. El próximo cuatrienio será una oportunidad para construir un frente común entre Gobierno, reguladores, sector privado y la banca”, señalan en la asociación.
Estabilizar la operación del sistema de salud
Antes de impulsar reformas estructurales al sector salud para el próximo cuatrienio, Acemi, el gremio de las EPS, plantea como condición estabilizar la operación del sistema y descongestionar con urgencia las atenciones de pacientes oncológicos, crónicos y con enfermedades raras. Asimismo, plantea una reingeniería de la UPC, cuyo cálculo debería evolucionar para no limitarse solo a edad, sexo, municipio y régimen, sino también tener en cuenta tipo de enfermedad, exposición a riesgos, siniestralidad real e inflación observada, entre otras variables.
También proponen poner al día las cuentas del sistema, para luego definir cómo pagarlas. Su idea es que se haga en un plazo de cuatro años, discriminado así: 40 por ciento en el primer año, 30 por ciento en el segundo, 20 por ciento en el tercero y 10 por ciento al finalizar el periodo de gobierno. “Otro asunto urgente es definir el futuro de las EPS intervenidas, que atienden mal a 18 millones de colombianos y eso debe detenerse”, insisten.
Es necesario atraer inversión
Hace unos años se habló de la locomotora minero-energética. “Hoy podríamos hablar del gas como un motor silencioso que mueve la economía”, dice Naturgas. Pero es necesario atraer inversión. Para hacerlo, estos son los pilares: generar mecanismos y normas que garanticen la estabilidad jurídica y tributaria durante plazos de al menos 15 o 20 años; ofrecer incentivos económicos graduales, como los que ya están dando otros países como Argentina, Guyana, Brasil o México, que mejoren la competitividad del país; establecer mecanismos de articulación interinstitucional, como fueron los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), para agilizar y solucionar obstáculos en temas como las consultas previas; la creación de un banco de proyectos de alto impacto, de la mano de las comunidades. Y avanzar en una estrategia de diversificación de fuentes de suministro que combine producción nacional e importaciones de respaldo. El nuevo Gobierno tendrá el reto de fortalecer la competitividad del gas.
Infraestructura como política de Estado
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) propone al próximo Gobierno convertir la infraestructura en política de Estado, con una visión multimodal que impulse competitividad, equidad territorial e integración. Aunque el país avanzó con los programas 4G y 5G, el gremio advierte que persiste una red vial desbalanceada, altos costos logísticos, brechas regionales y restricciones fiscales que frenan nuevos proyectos.
Entre las acciones urgentes para los primeros 30 días de gobierno, el gremio propone fortalecer la institucionalidad del sector y sus capacidades técnicas, implementar una gerencia del Plan Maestro de Transporte Intermodal, atender saldos pendientes de la ANI y el Invías, crear una comisión de expertos para obras estratégicas y reforzar la seguridad física en los proyectos.
Para los primeros 90 días, plantea impulsar las iniciativas privadas, avanzar en el pago de conciliaciones, laudos y sentencias, y revisar el marco normativo. Para los primeros 180 días, recomienda aprovechar el Plan Nacional de Desarrollo, definir un plan de obra pública para vías regionales, regular los contratos interadministrativos y promover nuevas fuentes de financiación.
La apuesta es pasar de una visión centrada en carreteras a un sistema multimodal que integre modos carretero, férreo, fluvial, marítimo y aéreo. En vías, la prioridad es terminar las 4G, agilizar las 5G, cerrar tramos estratégicos e invertir en redes secundarias y terciarias. También proponen reactivar corredores férreos de carga, garantizar la navegabilidad de ríos clave, fortalecer puertos y dragados, mejorar accesos y modernizar aeropuertos mediante concesiones e iniciativas privadas.
Seis prioridades para la minería
Para el sector minero, el próximo Gobierno debe concentrarse en seis prioridades: la primera, Colombia debe decidir ser un país minero y actuar en consecuencia. La segunda, fortalecer la exploración para atraer inversión y conocer el potencial geológico del país. La tercera, rodear la industria que hoy genera empleo, exportaciones y desarrollo regional. La cuarta, viabilizar los proyectos que están en fase final de exploración. La quinta, restablecer la seguridad jurídica y la confianza inversionista mediante reglas claras y estables. Y el Gobierno deberá combatir la extracción ilícita y criminal, una de las mayores amenazas ambientales y sociales. “La verdadera discusión ambiental no debe estar entre minería y sostenibilidad, sino entre institucionalidad y criminalidad. Colombia tiene una oportunidad única para convertir su riqueza natural en desarrollo, empleo y crecimiento”, señala la Asociación Colombiana de Minería.
Plan de choque energético
Según Andesco, es urgente recuperar la soberanía energética. “El nuevo Gobierno debe ejecutar un plan de choque que estabilice el sistema y evite un apagón en 2026, recuperar la confianza inversionista para impulsar el crecimiento y modernizar el mercado con miras a competir en 2030”. En los primeros 100 días hay dos acciones clave: garantizar el pago de la deuda acumulada, priorizando a los generadores térmicos que necesitan comprar gas natural licuado antes de que llegue El Niño, y activar el programa de respuesta de demanda con incentivos de desconexión; también destrabar los proyectos de generación y transmisión para que puedan entrar en operación en 2026 y 2027, así como las plantas de regasificación adicionales. Hay que definir una política pública que impulse las TIC como motor de desarrollo, facilite el despliegue de infraestructura y garantice la disponibilidad de agua para las próximas décadas.
Proteger el orden público
La inseguridad en las vías se ha consolidado como el principal flagelo del transporte de carga. La solicitud de Colfecar al próximo Gobierno es que restaure el orden público en las carreteras del país y contar con garantías para cumplir con este servicio esencial. “Necesitamos fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (el actual Fosevi, administrado por Invías), creado para garantizar la seguridad en las vías, por medio del recaudo de una tasa incluida en tarifas de peajes, y no se entiende por qué no se destina el 100 por ciento para garantizar la seguridad física en las vías”, dicen desde el gremio, y consideran que no se deben permitir los bloqueos bajo ninguna circunstancia. “El bien general debe primar sobre el particular”. Se necesita seguridad jurídica frente a una sobrecarga normativa para su cumplimiento: hay más de 192 normas que implican unas 2.800 horas anuales para su cumplimiento.