El más reciente dato de crecimiento económico del país muestra que, mientras el PIB total creció el 2,2 % en el primer trimestre de 2026, el de la construcción de edificaciones residenciales se redujo el 8,2 %, acumulando 11 trimestres consecutivos de contracción.
“Este sector está en rojo hace ya casi tres años, lo que claramente demuestra que está en recesión técnica”, aseguró Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien señaló que el problema inició a partir del tercer trimestre de 2022, cuando se cambiaron las políticas de vivienda en el país y vino un quiebre, que coincidió con un momento difícil para la economía. Esos dos factores hicieron que la construcción de vivienda se viniera al piso y no contribuyera al valor agregado total.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, explica por qué la construcción de edificaciones en el país atraviesa una recesión técnica. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KpotHV8juO
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026
Precisamente, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Planeación Nacional, presentó un estudio en el que cuantificó el impacto que ha tenido la caída del sector vivienda en la economía y el bienestar de los colombianos.
Según sus cuentas, los cambios en el programa Mi Casa Ya afectaron a 70.000 hogares que tenían una expectativa legítima de acceso a subsidios, tan solo entre 2023 y 2024. Así mismo, los desistimientos en la compra de vivienda de interés social (VIS) crecieron 287 % frente al promedio prepandemia.

Según Mejía, el sector de edificaciones, que en el pasado fue el gran motor del crecimiento, dejó de generar cerca de 47 billones de pesos en valor agregado. Esta cifra corresponde a la producción que el subsector edificador habría podido alcanzar en un escenario de mejor desempeño, calculada a precios de 2025.
Esos 47 billones perdidos corresponden al 2,5 % del PIB anual del país. Además, mientras toda la actividad productiva está un 98 % más alta de lo que registraba en 2006, la de la construcción de vivienda apenas está un 16 % más alta.

Mejía, quien junto con Herrera participó en el encuentro “Por una Colombia en Crecimiento 2026–2045”, organizado por el BID, presentó una serie de recomendaciones para enderezar el rumbo del sector, que fueron trabajadas en asocio con Camacol, Asocajas y Asobancaria. Una de las claves de ese plan de reactivación está en revivir los subsidios para la compra de vivienda, dado que generan retornos sociales medibles y significativos. Por ejemplo, quienes acceden a estos apoyos tienen una probabilidad del 73,7 % de no ser pobres ni vulnerables; del 31 % de obtener la aprobación de una tarjeta de crédito, y una reducción del 30 % en el riesgo de caer en pobreza moderada.
El estudio de Mejía propone retomar los subsidios, pero bajo un esquema progresivo que segmente a los beneficiarios según su nivel de ingresos. Así, quienes ganen hasta 1,5 salarios mínimos recibirían un subsidio equivalente a 50 salarios mínimos; quienes devenguen entre 1,5 y 2 salarios mínimos, uno de 40 salarios mínimos; quienes tengan ingresos de entre 2 y 3 salarios mínimos, uno de 20 salarios mínimos, y quienes perciban entre 3 y 4 salarios mínimos podrían acceder a una ayuda de 10 salarios mínimos.

La meta sería entregar 240.000 subsidios en el cuatrienio. También se ofrecería un programa de subsidio a la tasa de interés de 507.000 pesos por mes durante los primeros siete años del crédito, para hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos que adquieran VIS urbana. En este caso, la meta sería de 40.000 coberturas, con un costo de 1,7 billones de pesos.
Igualmente, se propone un subsidio a la tasa de interés de 386.000 pesos mensuales durante los primeros 7 años del crédito para la compra de vivienda no VIS que valga hasta 335 salarios mínimos. El objetivo también serían 40.000 coberturas, pero el costo sería un poco menor: 1,3 billones de pesos.

El plan de reactivación de la vivienda también contempla un subsidio equivalente al 85 % del valor del inmueble para los hogares de menores ingresos, así como la creación de un voucher de arrendamiento. Este último funcionaría como una ayuda temporal para el pago del alquiler, con el fin de que los beneficiarios construyan un historial de pago que, en el futuro, les facilite el acceso a un crédito hipotecario.
