Las denuncias por corrupción en Ecopetrol podrían destapar uno de los mayores escándalos de contratación pública del país, incluso por encima de los casos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Centros Poblados. Así lo advirtió Luis Felipe Henao, miembro de la junta directiva de la petrolera y representante de los accionistas minoritarios, quien presidió ese órgano hasta el jueves 17 de septiembre. Antes de dejar el cargo, Henao se refirió a la auditoría forense que revisa las denuncias sobre un presunto saqueo a la compañía estatal.
En sus declaraciones públicas, Henao advirtió que hay 32 casos identificados hasta ahora en la mencionada auditoría, lo que dijo “sería el mayor detrimento que ha sufrido el país en su historia”.
También se conocieron sendos audios de Manel Grau y Eva Ferrer, los catalanes cercanos a la ex primera dama y al expresidente Petro, lo que evidenciaría su presunta injerencia en la petrolera y en algunas de sus filiales, con miras a repartir cargos, contratos y operaciones clave. Además, la lupa está puesta en transacciones de gas y mantenimientos de plantas, entre otros controvertidos negocios.
A ello se suma la compleja situación de Ricardo Roa, expresidente de la petrolera, acusado ante la Fiscalía por violación de topes electorales, como gerente de la campaña Petro Presidente, y por la polémica compra de un apartamento, con posible tráfico de influencias.
Los casos de corrupción estallaron en medio de denuncias de ruptura del gobierno corporativo de la petrolera, atribuido a la –cada vez frecuente– injerencia del Gobierno en las decisiones, que estaban marcadas por una fuerte carga ideológica contra el sector. En paralelo, en ese periodo se profundizó el déficit de gas, llevando al país a importar más del 30 por ciento de su demanda, cifra que podría ser mayor a medida que el fenómeno de El Niño agudiza su presencia.
En contravía del principal negocio de Ecopetrol, el de los hidrocarburos, la petrolera no recibió nuevos contratos de exploración ni avanzó en fracking. Tampoco concretó un negocio en el campo Permian de Estados Unidos, que buscaba aumentar recursos, utilidades y reservas. La decisión llevó a la renuncia de dos miembros de la junta directiva: Luis Zuleta y Juan José Echavarría.
El futuro jurídico
Ya con una nueva junta directiva, en la que permanecen, además de Henao, Ricardo Rodríguez Yee, por las regiones, y César Loza, por los trabajadores, hay expectativa por el desenlace de las denuncias, mientras se espera el nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol y avanza la purga que ha hecho el nuevo Gobierno en las directivas de la empresa.
El exsenador Jorge Enrique Robledo, accionista minoritario de Ecopetrol, al ser preguntado sobre qué tanto pueden ellos alzar su voz, dijo: “Como minoritarios somos muy débiles, no tenemos acceso a toda la información. Entonces es difícil también hacer parte del control”.
Y se despachó contra la junta anterior: “La mediocridad y la alcahuetería de esa junta es una vergüenza. Su papel mínimo era el de estar vigilante, revisar si la empresa acertaba o no. Y frente a la nueva junta, quiero decir que creo que esta entidad necesita gente seria que haya hecho méritos en el sector”.
En esta tormenta de hechos de corrupción y malas decisiones, la anterior junta directiva está en la mira. ¿Qué responsabilidad le cabe? Es el interrogante que se le planteó a Luis Guillermo Vélez, exsuperintendente de Sociedades y expresidente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. “Les cabe toda la responsabilidad. Los administradores —el presidente, los directivos y los miembros de la junta— responden por lo que haya podido ocurrir en detrimento de la empresa y del patrimonio de los accionistas”, dijo.
A esa posición se suman otros abogados consultados por SEMANA, quienes afirman que los miembros de la junta tienen el deber fiduciario de velar por lo que más le convenga a la compañía, no por el interés de sus nominadores. Igualmente, deben vigilar y realizar los controles necesarios para la correcta operación de la empresa. Hay una responsabilidad de la junta, pero también una individual –de cada miembro de ella– que pudo haberse apartado de algunas determinaciones.
“El miembro de cualquier junta directiva tiene unos deberes fiduciarios que pueden acarrear responsabilidades civiles y penales. El estándar de comportamiento incluido en la Ley 222 de 1995 es el del ‘buen hombre de negocios’. En el caso específico de Ecopetrol, la función del integrante de junta directiva no es hacer lo que diga el presidente de la República, sino actuar en busca del mayor beneficio de la compañía. En el Gobierno pasado, la ideología iba en contra de los mejores intereses de la compañía, y, por supuesto, los hechos de corrupción también”, advierte Andrés Jiménez, socio de la firma Riveros Bazzani Abogados y quien fue delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General.
“Si yo fuera miembro de la anterior junta, estaría muy preocupado, porque podrían abrirse varias acciones. Por ese órgano pasaron decisiones frente a las cuales pudo haber negligencia en la evaluación de riesgos y controles o falta de medidas oportunas”, señala uno de los juristas consultados.
Por ello, como agrega Jiménez, la pregunta es si, frente a las denuncias recibidas internamente o conocidas públicamente, se ordenaron todas las investigaciones y si tomaron decisiones que les correspondían a un “buen hombre de negocios” o si Ricardo Roa y demás personas que pudieran haber sido denunciados fueron mantenidos a pesar de los resultados de las investigaciones.
Ángela María Robledo, quien fue miembro de la junta anterior, afirmó: “Nosotros tramitamos todas las denuncias que nos llegaron. Ya Luis Felipe Henao, quien presidía el Comité de Gobierno Corporativo, explicó por qué estas denuncias no llegaron a la junta directiva”.
Un exmiembro de junta consultado por SEMANA señaló que se destapó el caso de Roa, en buena parte, gracias a la prensa. “Hicimos la evaluación de Control Risk y promovimos la investigación con Covington, que Roa luego filtró para pararla. Sobre la corrupción interna, puestos, contratos, entre otros, es muy difícil que lo vea la junta si la administración lo esconde”. Añadió que varios miembros de junta desautorizaron seguir la investigación de Covington sobre Roa.
De acuerdo con los juristas, existe el delito de administración desleal, es decir, contra quien cause un perjuicio o detrimento a la empresa, y hay acciones de responsabilidad de los administradores, que ya están reguladas.
Vélez explica que los accionistas tienen una herramienta para hacer responsables a los administradores de su gestión. Se trata de la acción social de responsabilidad, que se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades y la aprueba la asamblea. Pero va más allá: “Cuando la acción del administrador se realiza en contravención de la ley o de los estatutos, hay una presunción de responsabilidad por parte del administrador. O sea, la carga de la prueba se invierte”, señala el exsuperintendente.
Un experto en arbitrajes y conflictos societarios explica el escenario que podría abrirse en el mediano plazo: “Seguramente, la nueva junta directiva de Ecopetrol buscará desmarcarse de la anterior y podría emprender acciones en su contra. Esa nueva junta podría declararse víctima o hacerlo Ecopetrol, como persona jurídica, y denunciar a sus antiguos integrantes”.
Sin embargo, no solo está el frente local. La acción de Ecopetrol está listada en Nueva York. En esa jurisdicción, como advierte un banquero de inversión, los estándares son más altos. “Cuando se hacen asesorías para listar compañías en Estados Unidos, hay una norma, la 10b5, que le permite a un comprador de ADR, por ejemplo, de Ecopetrol en Nueva York, demandar a la compañía por cualquier tipo de fraude o de corrupción que le genere un perjuicio. Bajo esa regla podría haber acciones contra la compañía”, dice un abogado experto en transacciones empresariales internacionales.
Y no descarta instrumentos como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ley mediante la cual se podría demandar al accionista controlante y no solo a la compañía que conllevó ese tipo de actuaciones. “Y bajo esta norma todos tiemblan, porque son los brazos largos de la justicia estadounidense contra quienes cometen actos de corrupción en otros países, pero que afectan, de alguna manera, a sus bancos, a sus compañías listadas o a sus mercados de valores”, añade el abogado.
Por ahora, la nueva junta y, una vez sean designados, el presidente y los demás directivos de la petrolera quedarán a la espera de los resultados de las auditorías y de las eventuales responsabilidades que se deriven. Apenas empieza a abrirse la caja de Pandora.