El proyecto de decreto con el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca actualizar la reglamentación del Registro Nacional de Turismo (RNT) abrió una división entre los principales gremios del sector.
El sector turístico que apoya el decreto
Mientras un grupo de organizaciones respalda la iniciativa y pide acelerar su expedición, otras asociaciones expresan su rechazo al considerar que el texto incorpora nuevas cargas para las viviendas de uso turístico y deja de lado las observaciones que habían presentado durante el proceso de discusión.
Los gremios que respaldan la propuesta aseguran que la publicación del borrador representa un paso necesario para fortalecer la institucionalidad del turismo y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
En un comunicado conjunto firmado por ACOLTÉS, ACOLAP, ACOTUR, ANATO, Asobares, ASTIEMPO y Cotelco, se señala que el proyecto es el resultado de varios meses de mesas técnicas, reuniones de trabajo y observaciones al texto regulatorio.
“Los gremios consideramos que resulta urgente culminar este proceso regulatorio”, indicó esta agremiación turística.
Según explica el comunicado, el país “no puede seguir permitiendo que el Registro Nacional de Turismo sea otorgado o renovado sin la verificación efectiva de requisitos que ya se encuentran establecidos en la ley y en las normas vigentes”.
También se sostiene que el decreto permitiría fortalecer los mecanismos de control y ofrecer “mayor seguridad jurídica, transparencia y confianza para todos los actores del sector”.
Para estas organizaciones, la iniciativa responde a una tendencia internacional que busca reforzar la identificación y supervisión de quienes prestan servicios turísticos, con el objetivo de proteger a los viajeros, combatir la competencia desleal y promover la formalidad.
La resistencia al borrador de decreto
Sin embargo, la propuesta encontró resistencia en otros representantes del sector. La Asociación de Alojamientos Turísticos de Colombia (Asohost) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) manifestaron su preocupación por el contenido del nuevo borrador y advirtieron que introduce requisitos adicionales para las viviendas turísticas.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalaron que el proyecto fue divulgado cuando faltan pocas semanas para el cambio de gobierno y afirmaron que el documento no incorpora las recomendaciones técnicas que, según indican, fueron presentadas durante varios meses de diálogo con el Ministerio.
De acuerdo con Asohost y la CCCE, las nuevas condiciones podrían afectar especialmente a miles de familias y pequeños emprendedores que obtienen ingresos mediante el alquiler de alojamientos turísticos a través de plataformas digitales.
A juicio de estos gremios, el texto incrementa las exigencias regulatorias para un segmento que ha crecido de manera significativa en los últimos años.
Las organizaciones también expresaron preocupación por el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones sobre la oferta de hospedaje turístico y pidieron que el Gobierno reconsidere el contenido del proyecto antes de expedir el decreto definitivo.
Los puntos de encuentro
Pese a estas diferencias, los gremios que respaldan la iniciativa consideran que la consulta pública es precisamente el escenario para recibir observaciones y perfeccionar el texto.
En su pronunciamiento manifestaron que esperan que el Ministerio analice los comentarios “de manera integral, técnica y objetiva” antes de adoptar la versión definitiva de la norma.
Además, plantearon que el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo debe ir acompañado de un régimen sancionatorio más estricto para quienes operen sin RNT, incumplan las obligaciones previstas en la legislación o suministren información falsa.
Los gremios favorables a la reforma sostienen que el fortalecimiento del registro contribuiría a mejorar la trazabilidad de quienes participan en la actividad turística, facilitaría la labor de las autoridades y protegería más tanto a turistas nacionales como extranjeros.
También consideran que una regulación más robusta favorecerá el empleo formal, la inversión y un desarrollo sostenible del sector.