En el río revuelto de intereses en torno a la ancestral, global y enriquecedora actividad minera colombiana, los actores armados e ilegales son los únicos beneficiados hasta ahora con la falta de reglas de juego claras y los fallidos intentos por reformar el Código de Minas vigente desde 2001 mediante la Ley 685.
Testigos de esa dura realidad son Sandra Manrique y Daniela Devia, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), quienes vieron cómo la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 132 de 2010 mediante la Sentencia C-366 de 2011.
A renglón seguido, también observaron cómo el proyecto de ley 405 de 2023, promovido por el Partido Conservador, terminó archivado porque no se cumplió con el deber de realizar consultas previas con las comunidades étnicas.
Para los equipos jurídicos del sector minero, la minería ilegal en Colombia está ligada a la falta de empleo, la presencia de grupos ilegales y las condiciones económicas de las regiones.
A su vez, el Gobierno Petro quiere defender la soberanía del subsuelo, pero tampoco ha podido cantar victoria.
El anteproyecto, denominado ‘Ley minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida’, publicado para comentarios desde febrero de 2024, al parecer, ya cumplió con las consultas previas con las comunidades étnicas, pero sigue esperando ser radicado ante el Congreso.
Al respecto, Alejandro Mesa, managing partner, y Camila Jiménez, líder de la práctica ambiental de Baker McKenzie, consideran que “la proliferación de cambios normativos presenta un panorama poco favorable para la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones del sector”.
Adicionalmente, el proyecto de ley que creaba la cuestionada empresa estatal Ecominerales, considerado un retorno a antiguos modelos estatales, fue archivado por no superar los cuatro debates antes del 20 de junio de 2025.
Estefanny Pardo, senior counsel en Holland & Knight, advierte que el proyecto ha enfrentado resistencia de gremios y comunidades, y hasta la fecha solo algunos de sus lineamientos han sido retomados vía decretos reglamentarios y resoluciones. Estos, a su vez, han sido demandados por miembros del sector minero al considerar que violan derechos adquiridos y generan inseguridad jurídica.
“Hoy en día, hemos visto que algunos de esos cambios estructurales han sido impuestos a través de decretos y resoluciones irregularmente expedidos”, dijo.
Para el Gobierno, los cambios normativos se están haciendo para cumplir con fallos judiciales que han impactado al sector como la ventanilla única, el ordenamiento del territorio, la cesión de soberanía del subsuelo porque el Estado, desde hace más de dos décadas, perdió el conocimiento geológico sobre los yacimientos, y esa información hoy está en manos solo de los privados.
Por su parte, los socios de Lloreda Camacho, Ángela María Salazar e Ignacio Santamaría, consideran importantes algunas modificaciones adoptadas por decretos y resoluciones que han impactado al sector, como el proceso de otorgamiento de contratos de concesión minera.
“Dentro de estas medidas cabe resaltar la modificación a la resolución para acreditar capacidad económica, o la forma en que la Agencia Nacional de Minería ha interpretado la exigencia de allegar una certificación ambiental junto con las propuestas de contrato de concesión minera”, afirmó Salazar.
“La industria minera en Colombia es resiliente y ha sabido adaptarse a los cambios y a las exigencias a las que se enfrenta. Por eso, los ejes temáticos sobre los cuales se apoya el proyecto de ley minera ya están resueltos. Esta industria es respetuosa del ambiente, de la participación ciudadana y de las comunidades a quienes consulta y con las que cuenta, no por necesidad, o por obligación, sino como verdaderos aliados”, dijo Santamaría.
Despojados y llenos de oro
Por el lado del Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, lo que se sabe es que la Ley 685 debilitó la autoridad minera y entregó títulos sin mirar quién estaba en un territorio haciendo minería desde hace más de 200 años, despojando a los mineros ancestrales y tradicionales.
José Luis Palacios, socio de energía y recursos naturales de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, considera que para controlar eficazmente la minería ilegal de oro –fenómeno que ha crecido en Colombia junto con el incremento en el precio del metal–, el Estado debe asignar funcionarios especializados y suficientes recursos dedicados exclusivamente a enfrentar estos grupos que operan sin títulos mineros.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2022, la minería ilegal representaba el 73 por ciento de la actividad de explotación de oro detectada por percepción remota en Colombia y abarca más de 69.000 hectáreas, con un aumento del 8 por ciento solo entre 2021 y 2022.
Palacios considera importante que el Estado promueva políticas públicas integrales dirigidas a las comunidades en donde la minería ilegal es predominante, incluyendo alternativas económicas sostenibles y proyectos de desarrollo social que reduzcan la dependencia de la minería informal y el control de grupos armados ilegales.
Para el jurista, la dificultad principal para otorgar licencias no es la carencia de un marco legal, sino la demora y falta de sinergia completa en la práctica para que los títulos mineros cuenten efectivamente con la respectiva licencia ambiental en un tiempo que resulte no solo razonable desde el contexto jurídico, sino que además reconozca las necesidades de la operación minera en la práctica, sin que por retrasos o demoras injustificadas generen una sensación de que la licencia ambiental es un trámite engorroso y demorado.
De hecho, informes sectoriales indican que la mayoría de los proyectos mineros enfrentan obstáculos para obtener licencias definitivas, especialmente en minería pequeña y tradicional.
“Una solución a corto plazo de esta sinergia ha sido la Licencia Ambiental Temporal para pequeños mineros, lo que ha facilitado algunos avances en la formalización de la minería artesanal. Sin embargo, la mayoría de los proyectos mineros sigue enfrentando demoras para obtener licencias definitivas, principalmente por falta de coordinación efectiva entre autoridades ambientales y mineras”, dijo Palacios, con la esperanza de que la minería no siga perdida.
El lío del carbón
“En un país con tantas necesidades sociales y económicas, resulta fundamental aprovechar de manera responsable y sostenible los recursos naturales disponibles”, dice el abogado Hernán Rodríguez, socio y conocedor de los temas jurídicos relacionados con la minería en la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas, a propósito de los líos que se han desatado en diferentes frentes respecto a la explotación de carbón a cielo abierto o exportación a Israel por los ataques al pueblo palestino.
Para Rodríguez, sería deseable que el Congreso de la República, por el bienestar del país y algunos municipios, evalúe con especial cuidado las implicaciones de una eventual aprobación de la Ley Minera que contempla la prohibición de la explotación de carbón térmico a cielo abierto como el caso de Drummond.
Un ejemplo que ha generado inquietudes en el sector es el de las minas de Prodeco en el Cesar, donde se decidió no desarrollar las reservas existentes. Esta situación se relaciona con una figura regulada en el Código de Minas conocida como “esterilización de reservas”, la cual puede tener implicaciones patrimoniales para el Estado si no se gestiona adecuadamente.
En este contexto, es importante que las decisiones de política pública se alineen con el marco normativo vigente y que se evalúen cuidadosamente sus efectos económicos y sociales, especialmente en regiones que dependen de la actividad minera para su desarrollo, explicó Rodríguez.
Respecto al lío con los contratos de exportación a Israel, el socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas advierte que el decreto no contempla mecanismos de compensación para los productores afectados y, en contextos similares, es común que se activen mecanismos de resolución de disputas contemplados en los tratados internacionales de protección a la inversión.
“Estos instrumentos están diseñados precisamente para brindar garantías a quienes han decidido invertir en el país, asegurando que cambios significativos en las condiciones regulatorias no afecten de manera desproporcionada sus proyectos”, concluyó Rodríguez.