Aunque el presidente Gustavo Petro había negado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991, en la parte final de su gobierno comenzó este proceso.
A finales de enero, como lo advirtió la Presidencia de la República, la autoridad electoral reconoció al comité promotor, lo que permitió iniciar la recolección de firmas, primera etapa de esta propuesta. Ya varios miembros del gabinete, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el del Trabajo, Antonio Sanguino, han apoyado la iniciativa con sus firmas.
“La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República”, dijo Petro hace unas semanas.
El mandatario ha señalado que entre los temas que propondría en una eventual asamblea constituyente se encuentran las reformas sociales que, según él, “fueron bloqueadas”, como la pensional, la de salud, los cambios al código minero, a los servicios públicos y a la educación. También incluye la reforma agraria, la adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática, el ordenamiento territorial y las reformas a la justicia y la política. A eso se suman temas de seguridad, paz y la posición del país en el mundo.
En un proyecto que se conoció a finales del año pasado, liderado por el exministro Eduardo Montealegre, se plantea analizar el papel del jefe de Estado en la política monetaria, que es liderada por el Banco de la República. Sería una potestad que se ejercería a través de “reglamentos constitucionales”.
El exconstituyente Iván Marulanda calificó como “histórica” la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que formó parte, al señalar que surgió de manera espontánea de la voluntad soberana del pueblo. “Fue el pueblo quien realmente la convocó. Es una Constitución popular, democrática y fruto de consensos”, afirmó.
Y frente a esta reciente iniciativa, dijo: “Esas constituyentes que se inventan presidentes autoritarios, que quieren dejarlas como impronta de su administración, son un fracaso cuando logran hacerlas”. Agregó que no tiene consenso ni asidero. “Eso es fruto de una ambición megalómana de una persona. Un embeleco muy estorboso en el curso de la política colombiana. No le veo ningún futuro”, señaló Marulanda.
Sin embargo, el anuncio de una constituyente no solo genera dudas, sino que puede convertirse en una caja de Pandora.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, advirtió que un proceso de asamblea constituyente puede generar incertidumbre sobre las reglas de juego. “Si hay algo que define el funcionamiento de una economía, es la Constitución: allí se establece el marco jurídico que da claridad a los inversionistas sobre cómo y bajo qué condiciones operar. Pensar que un próximo Gobierno impulse una constituyente, es decir, una reescritura de esas reglas, implicaría una parálisis de la inversión y del crecimiento mientras se define ese nuevo marco”, señaló.
El exministro Juan Carlos Esguerra, quien también formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, advirtió que un cambio de las normas constitucionales es “un salto al vacío”. Y anticipó: “Genera una gran incertidumbre y eso, generalmente, crea desconfianza en los mercados, en los inversionistas, en los consumidores, en los productores y afecta las perspectivas de la economía”.
La iniciativa, al parecer, busca un papel más protagónico del Estado. Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, destacó que dentro de los elementos que incorpora esta propuesta está un cambio en el sistema general de seguridad social en salud, y pasa a ser provisto únicamente por el Estado como se tuvo antes de la Constitución del 91, es decir, el modelo del Seguro Social. “Trae también el fin de lo que conocíamos como una participación privada en muchos de los sectores económicos asociados con la provisión de bienes y servicios públicos, en infraestructura, en energía, en gas, en hidrocarburos, en educación, en salud. En todos los frentes se estaría transitando de un modelo en el que las alianzas público-privadas habían mostrado resultados positivos y una rápida mejoría, hacia uno en el que se busca un Estado productor y proveedor”.
Impacto en los vulnerables
Estas transformaciones traerían alteraciones con las dinámicas del sector privado. “Son modelos que llevan a un Estado fallido y lo que dicen promover, que es el bienestar de los vulnerables, pues termina afectando a esta población”, afirmó Soto, para quien el riesgo de una constituyente es que el país tendría menos capacidad productiva y menos ingresos para enfrentar flagelos, como el narcotráfico y la guerrilla.
Soto recordó que en las negociaciones del acuerdo de paz de 2016, dentro de las líneas rojas que tenía, estaba preservar el modelo económico. “Una economía de mercado, que es lo que nos caracteriza y lo que viene implícito en la Constitución del 91, no se tocaba. Pero lo que nos presentan en ese proyecto de constituyente es un cambio de modelo económico, dejando un poco marginada la economía de mercado”.
Esguerra coincidió en que la convocatoria de una constituyente genera incertidumbre. “Por lo que se ha dicho y por lo que parece, da la impresión de que todo apuntaría a la estatización de la economía, de los servicios públicos y, por supuesto, del modelo económico de planeación centralizada, típicamente marxista, con las incertidumbres que acarrea”.
Hace cerca de 35 años, el país generó una visión para avanzar como un Estado social de derecho y garantizar los derechos, incluyendo el de la libertad económica. “Eso nos ha funcionado por más de 30 años y ha dado resultados, aunque, claro, falta mucho, pero hemos avanzado”, agregó Soto.
De hecho, Mejía resaltó los logros que ha tenido Colombia. “No es para decir que todo está bien; por supuesto, hay elementos para mejorar, pero el crecimiento promedio de Colombia en estos 25 años de este siglo XXI ha sido del 3,6 por ciento, cuando el de América Latina y el Caribe ha sido del 2,4 por ciento. Es decir, Colombia ha crecido un 50 por ciento más rápido que toda la región. Otro tema para destacar es que, en 125 años de historia, Colombia ha tenido solo cuatro años de recesión. Dos de ellos en la famosa Gran Depresión de la década de los treinta. En 1999, la gran crisis de finales del siglo pasado, y en 2020 el covid. El siguiente mejor país es Perú, con 16 años de recesiones”.
Para Mejía, este crecimiento más acelerado del país está fundamentado en dos pilares: la seriedad en el manejo fiscal, en donde ahora hay riesgos, y la política monetaria, con la independencia del Banco de la República.
Precisamente, un cambio en la Constitución amenazaría esa independencia, que ha sido clave en el control de la inflación. “Se convertiría en un Banco de la República de bolsillo”, anticipó Esguerra.
Según Soto, lo que se está planteando en este proyecto es que el presidente tenga un permiso constitucional para poder ejercer funciones en materia de política monetaria. Pero también queda abierta la puerta para que se le cambie el objeto al Emisor. Hoy su mandato consiste en preservar el poder adquisitivo, es decir, controlar la inflación. En algunos países hay mandatos más amplios, en donde también tiene la lupa en materia de empleo y crecimiento.
A esto se suma otra preocupación. Como explica Soto, la Constitución del 91 prohibió que desde el banco central se le diera créditos al Gobierno de turno y solo se dejó la posibilidad de hacerlo si lo aprueba la junta directiva del Emisor, por unanimidad. “Eso también se puede modificar. ¿Qué produce? Que se emita moneda para poder financiar los gastos del Gobierno, lo que genera más inflación. En el borrador de proyecto de constituyente que conocimos, se pone en riesgo la independencia del Banco de la República y su gran logro ha sido mantener la inflación controlada y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país”, añadió Soto.
Hoy, es clave, como dice Mejía, mirar el espejo de Chile, que tuvo un estallido social parecido al de Colombia y que generó un cambio de Gobierno. “El presidente Boric intentó en dos ocasiones aprobar una nueva constitución y las votaciones no fueron favorables. Al final, no tuvo lugar una nueva constitución y terminó dejando atrás otra serie de importantes reformas que podría haber hecho”, puntualizó.