En los últimos días se conoció el proyecto de ley que elaboró el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que se presentará al recolectar las firmas necesarias ante el Congreso de la República.
El comité —conformado por Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía— asegura que actúa como un bloque ciudadano en pro de la constituyente, pero es evidente la cercanía con el Gobierno nacional.
El día en que se presentó el comité ante la Registraduría, fueron acompañados por Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, y también contaron con la ayuda ideológica y jurídica de Eduardo Montealegre, exministro de Justicia.
Fuentes del comité promotor le confirmaron a SEMANA que Montealegre, como exmagistrado de la Corte Constitucional, estuvo en varias etapas de la elaboración del proyecto.
Durante tres meses, se definió la justificación, los motivos y la visión de lo que sería la asamblea, así como la norma que abrirá paso al proceso de conformación de la misma.
Montealegre, además, estuvo presente en las mesas técnicas en las que se diseñó el proyecto, realizadas en las instalaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Y es que Montealegre, incluso desde el Ministerio de Justicia, ya había presentado un borrador de proyecto para convocar la constituyente, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de dar por iniciado el proceso.
El proyecto presentado por Montealegre cuenta con múltiples similitudes si se le compara con el presentado por el comité. Por ejemplo, ambos se basan argumentalmente en que en Colombia existe un bloqueo institucional.
También coinciden el formato académico y los autores citados en las exposiciones de motivos.
El panorama preocupa porque el proyecto plantea cambios estructurales.
Habla de “robustecer la jurisdicción constitucional”, quizá con un tribunal constitucional autónomo, y propone revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República y “complementar el mandato” del emisor.
Igualmente, menciona beneficios sociojurídicos para “los violentos” y la posibilidad de fortalecer la JEP y ampliar su marco temporal. Además, abre la puerta a superpoderes presidenciales con una “cláusula residual de competencia legislativa” para que el presidente actúe ante omisiones legislativas y con facultades extraordinarias por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley sobre los detalles del sistema electoral de la constituyente.