El pasado viernes, 26 de diciembre, se inscribió el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Junto a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, se dio por iniciado el proceso de recolección de firmas en favor de esta iniciativa.
Lo cierto es que pese a que se trata de un comité de nueve ciudadanos, el proyecto es impulsado por el presidente Gustavo Petro, quien incluso pidió recoger 10 millones de firmas para respaldar la constituyente.
SEMANA conoció que los integrantes del comité —Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía— tienen lista la primera versión del proyecto que sería presentada ante el Congreso de la República.
El documento, de 36 páginas, fue elaborado durante tres meses por parte de los promotores, contando con ayuda de asesores externos como Eduardo Montealegre, exministro de Justicia.
Ahí se dan a conocer las intenciones del comité y lo que ocurriría en caso de que la constituyente logre los respaldos necesarios.
Los motivos
En principio, se refieren al sistema político que rige en Colombia, que es presidencial, la fortaleza del mismo frente al Congreso y su tendencia a la “parálisis” y al “bloqueo institucional”.
“Por esta razón, el ‘bloqueo institucional’ que practica actualmente el Congreso colombiano implica soluciones sin rupturas institucionales. Se impone, entonces, repensar el modelo institucional para el logro de los objetivos del Estado social de derecho. De allí la procedencia de una asamblea constituyente", justifica el documento.
Según el proyecto, se tomaron en cuenta nueve grandes motivos: bloqueo institucional; colapso climático; cumplimiento del acuerdo de paz; derechos sociales, económicos y climáticos; reforma a la salud; derecho a la vivienda; reforma a la educación; derecho a la cultura; el modelo económico; reforma agraria; autonomía territorial de pueblos étnicos; reordenamiento territorial; reforma a la justicia; reforma política, y droga y narcotráfico.
La primera parte dice que se compondrá una asamblea de 125 delegados, elegidos por voto popular. Serían 87 delegados por circunscripción nacional, cuotas de 10 para afrodescendientes, indígenas y campesinos, 16 representantes de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, y dos delegados de los colombianos en el exterior.
La idea principal es reformar la Constitución, donde solo se salvan compromisos adquiridos internacionalmente a través de tratados, y derechos de comunidades étnicas.
Tribunal Constitucional Autónomo y replantear el Banco de la República
Y apenas se inicie la asamblea, que sesionará por un periodo de tres meses, se les quitará poder tanto a la rama legislativa como a la judicial.
“El Congreso y las demás autoridades conservarán sus atribuciones en las materias no reservadas a la Asamblea y deberán colaborar armónicamente con esta para el cumplimiento de su mandato”, se lee en el proyecto.
En otro aparte, se habla de “robustecer la jurisdicción constitucional, quizá mediante un Tribunal Constitucional Autónomo con facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas estructurales, en los términos que defina el poder constituyente”.
También, en el replanteamiento del modelo económico, se habla de una revisión del funcionamiento del Banco de la República, que últimamente ha sido objeto de críticas por parte del presidente Petro.
“Así mismo, se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral. Finalmente, el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía", dijo, planteando en otro aparte “complementar el mandato” del emisor.
También, en el nuevo modelo habrá mayor control estatal: “Con creación de zonas especiales donde el Estado tenga la mayor participación en la producción y el reparto de las ganancias, fomente la economía popular, asociativa, cooperativa y solidaria”.
Beneficios para los violentos y ampliación de la JEP
Dentro de los enfoques paradigmáticos, se habla del proceso como una reconciliación nacional. Incluso, dice que la constituyente será “una oportunidad para que los violentos —todas las categorías y géneros— procedan a deponer las armas en el marco de procesos de sometimiento a la justicia con beneficios socio jurídicos y de negociación política, según el caso".
Incluso, se habla de una posibilidad de dar rango constitucional a mecanismos de justicia restaurativa y “fortalecer la Justicia Especial para la Paz y ampliar su marco temporal, mientras subsistan las graves causas que motivan las violencias y el desconocimiento de los derechos”.
Superpoderes presidenciales
En el aparte de reforma política, se abre la puerta a que, dentro del sistema político colombiano, haya superpoderes presidenciales, con posible “producción normativa”.
“Estos aspectos muestran la gravedad de la ausencia de interés del legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas, hasta ahora carentes de control constitucional. Por lo tanto, debe existir una cláusula residual de competencia legislativa que le permita al Presidente de la República actuar ante omisiones legislativas absolutas en estas materias”, propone.
A su vez, dentro del proyecto, previo a la elección, piden facultades extraordinarias por seis meses para el presidente, con el fin de que “expida decretos con fuerza de ley que precisen los detalles del sistema electoral de la Constituyente”.
De esta manera, se le da la potestad de ordenar sobre los detalles operativos de cuando los colombianos decidan si habrá constituyente o no en las urnas.
SEMANA conoció que el panorama preocupa en todas las ramas del poder público, dado que se trata de un proyecto con cambios estructurales, y que concentra en el presidente y la asamblea gran parte del poder estatal en Colombia.