En términos generales, el riesgo país mide la posibilidad de que una nación incumpla sus compromisos financieros internacionales, lo que puede impactar la inversión y la actividad empresarial dentro de su territorio. En este sentido, un mayor nivel del indicador refleja una percepción de riesgo más elevada por parte de los inversionistas. Como consecuencia, los países deben asumir costos más altos para acceder a financiamiento y emitir deuda en los mercados internacionales.
Según cifras de JP Morgan Chase con corte al 22 de junio de 2026, con un indicador de 425 puntos básicos Bolivia lidera el ranking regional, seguido por Argentina y ecuador con 420 y 403 puntos respectivamente. En el lado opuesto, están Uruguay (59 puntos) y chile (82 puntos), mientras que con 6.356 puntos básicos aparece Venezuela como un caso atípico.
Con un riesgo país de 181 puntos básicos, Colombia se ubicó por debajo tanto del promedio latinoamericano, que alcanzó los 247 puntos, como de la media mundial, situada en 211 puntos básicos. Dentro del panorama regional, el país mostró un nivel de riesgo inferior al de México, que registró 201 puntos básicos.
No obstante, Colombia se situó por encima de economías como Brasil, con 176 puntos básicos, República Dominicana, con 157 y Perú, con 108 puntos, entre otras naciones de la región.
Las cifras evidencian que varias economías latinoamericanas conservan niveles de riesgo país relativamente moderados. Tras Uruguay y Chile se ubicaron Paraguay, con 99 puntos básicos; Guatemala, con 107; Perú, con 108; Panamá, con 112; Costa Rica, con 124; y Honduras, con 146 puntos básicos.
En el otro extremo de la clasificación aparecen países con una percepción de riesgo significativamente más alta. El Salvador registró 291 puntos básicos, mientras que Bolivia, Argentina y Ecuador se posicionaron como las economías con los indicadores más elevados de la región.
De ahora en adelante, la evolución del riesgo país estará sujeto a las decisiones del nuevo gobierno en términos económicos, sobre todo en lo que hace referencia al fortalecimiento de las finanza públicas y a garantizar la sostenibilidad fiscal. Esto generaría mejores condiciones en el acceso a financiamiento para el país.