En el contexto del cambio de Gobierno, la educación comienza a posicionarse como uno de los temas centrales del debate nacional. Aunque la discusión pública ha estado marcada por temas como la seguridad, el empleo y el crecimiento económico, expertos del sector consideran que la próxima administración también deberá enfrentar retos relacionados con la permanencia escolar, la calidad de los aprendizajes, la educación rural y la sostenibilidad de las instituciones educativas.
En los últimos cinco años han cerrado cerca de 800 instituciones educativas en el país, según cifras de Acopricol. Esta situación se asocia con la caída de la natalidad, el aumento de los costos operativos y la reducción de la matrícula escolar.
Sin embargo, el panorama combina señales de recuperación con importantes desafíos financieros. Así lo revela el informe Mattilda 2026: El cambio que viene, según el cual el 95,9 % de los colegios privados encuestados considera que su institución estará en una mejor situación dentro de los próximos cinco años. Además, el 92,3 % asegura tener proyectos de crecimiento para este año, lo que refleja una visión positiva sobre el futuro del sector.
Este optimismo coincide con una recuperación de la matrícula escolar. El 47,2 % de las instituciones reportó un aumento en el número de estudiantes frente a 2025, casi el doble del 24 % registrado un año antes. Sin embargo, ese crecimiento aún no se traduce en una mayor solidez económica.
De acuerdo con el estudio, el 58,4 % de los colegios no cuenta con un colchón financiero que les permita sostener su operación durante seis meses, y el 70,8 % carece de reservas para afrontar el próximo año. Estas cifras muestran que, pese a las expectativas favorables, buena parte de las instituciones continúa operando con una capacidad limitada para responder a eventuales dificultades económicas.
Sobre este panorama, José David Tena Gascón, chief revenue officer de Mattilda, afirmó que “en Colombia se habla mucho de cobertura, permanencia y calidad, pero también es necesario hablar de la sostenibilidad de quienes prestan el servicio educativo. Un colegio sin estabilidad financiera difícilmente puede invertir en innovación, fortalecer sus equipos o acompañar mejor a sus estudiantes. Por eso, si el próximo gobierno quiere impulsar una agenda educativa de largo plazo, la gestión administrativa y financiera de las instituciones también debe hacer parte de la conversación”.
El informe también advierte que la recuperación de la matrícula sigue siendo parcial. Aunque más instituciones registraron crecimiento en este indicador frente a 2025, la ocupación promedio pasó del 68 % al 62 %. Al mismo tiempo, las instituciones sin fuentes de ingreso adicionales pasaron del 29 % al 43,5 %, lo que aumentó su dependencia de las pensiones y su exposición a la morosidad.
Precisamente, la morosidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para la operación de las instituciones. En 2026, el 91,7 % de los colegios reconoce que esta situación afecta su funcionamiento mensual. Además, los establecimientos con una cartera superior al 10 % al cierre del año aumentaron del 6 % al 12,3 %.
El acceso a recursos también representa un desafío. Aunque solo el 35,2 % de los colegios tiene un crédito activo, el 67 % manifiesta interés en acceder a financiamiento y el 51,6 % ya ha intentado obtenerlo, lo que evidencia una brecha entre la necesidad de recursos y las posibilidades reales de conseguirlos.
A esto se suman los retos asociados al uso de la tecnología. Casi dos de cada tres colegios trabajan con plataformas que no están integradas a su gestión diaria, lo que genera duplicidad de tareas en el 85 % de los casos y reduce el tiempo disponible de los directivos para enfocarse en la planeación, el crecimiento e innovación.
“Uno de los mayores riesgos para los colegios es que la operación diaria termine absorbiendo la estrategia. Cuando una institución mantiene infraestructura subutilizada, procesos administrativos poco eficientes y poco margen financiero, le queda menos capacidad para invertir, modernizarse y competir por nuevas familias”, añadió Tena.
En ese sentido, el informe concluye que la discusión educativa del próximo gobierno no debería concentrarse únicamente en ampliar la cobertura, sino también en crear condiciones que permitan a las instituciones operar de manera sostenible, con modelos de gestión más eficientes y herramientas que fortalezcan su capacidad para crecer y mejorar la experiencia educativa de sus comunidades.