Con el proyecto de presupuesto para 2026, destapado esta semana por el Ministerio de Hacienda por un monto de 556,9 billones de pesos, muchos quedaron atónitos.
No solo se pasó por encima de la promesa hecha en el Marco Fiscal de Mediano Plazo hace apenas un mes, según la cual la carta financiera para el próximo año no debería crecer más allá de la inflación, sino que se incrementó el déficit primario (cuentas de ingresos y gastos sin la deuda), al pasar del 1,4 por ciento estimado anteriormente al 2 por ciento del PIB.
También se aumentó el gasto (primario) en más de 18 billones de pesos, como mencionó en un documento el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
El equipo de expertos, además, manifestó que dichos cambios en tan corto tiempo no solo no tendrían justificación válida, sino que reflejan “serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país”.
Peor aún, porque parte del financiamiento incluye la reforma tributaria anunciada, que, inclusive, llegó agrandada, pues se hablaba inicialmente de 19 billones de pesos y ahora va por 26,3 billones. Por ello, de inmediato, el ambiente en el Congreso de la República se caldeó más de lo que estaba, lo que pone contra las cuerdas la evolución de estos proyectos, claves para que el Gobierno logre poner a funcionar al Estado el próximo año.
Ya se dieron anuncios desde la oposición política a la administración de Gustavo Petro, como el de Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien afirmó que pedirá que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno para que haga los ajustes del caso y presente “una versión más realista, responsable y alineada con las verdaderas necesidades de la nación”.
La alternativa para el Ministerio de Hacienda tendría que ser la de sacar toda su artillería para negociar en el Legislativo, pues ante una crisis fiscal sin precedentes, como la que se sustenta desde el Ejecutivo argumentando que el Gobierno anterior dejó una abultada deuda que se ha tenido que pagar ahora, no habría otra salida que contar con nuevos recursos tributarios. Es eso o más déficit.
Una reforma ‘garosa’
Pero la reforma planteada ya se ve como la más alta en la historia del país, y hay que recordar que en Colombia se hace una cada dos años en promedio. Hasta el momento no se había presentado una tan “garosa”, como la catalogó el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. “La reforma tributaria es una casa en el aire. En las condiciones actuales es inviable políticamente y para el ciudadano. No tiene ni pies ni cabeza que un Gobierno, que hoy no cuenta con una restricción de regla fiscal y, por lo tanto, podría aumentar el déficit y la deuda pública sin límites, presente un presupuesto desfinanciado”.
De hecho, hasta el Banco de la República, que en su reunión de julio decidió mantener las tasas de interés y las dejó en 9,25 por ciento, estaría reconociendo las dificultades que generan las rutas tomadas con el presupuesto. Así lo expresaron los analistas de Bancolombia.
Señalaron que, si bien el Emisor no fue explícito sobre ello, “la publicación del presupuesto para 2026 reforzó el fantasma de la incertidumbre fiscal local”. No en vano, ya venían advirtiendo sobre el impacto que estaba teniendo la situación fiscal en las decisiones de política monetaria.
‘El Congreso sí debería discutir la tributaria’
Lo cierto es que el Gobierno está en una encrucijada que no da margen para negar de tajo los proyectos de ley radicados.
En efecto, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, recalcó que “el Congreso de la República sí debería discutir una reforma tributaria”. Eso sí, el Gobierno también tendría que poner lo suyo, lo que implicará escuchar y ajustarse a la realidad de la situación económica del país.
El déficit fiscal, que supera los 30 billones de pesos, es un hueco que tiene que cerrarse, para lo cual es indispensable abrir el debate alrededor de una tributaria que ponga recursos para la ruta financiera del Estado en 2026. Sin embargo, probablemente el camino no podrá ser el que suele tomar el presidente Petro, quien ya en el mensaje que acompaña el proyecto de presupuesto hizo una advertencia que sonó tajante: “En caso de que la ley de financiamiento no sea aprobada o se haga de manera parcial, o su debate continúe en la siguiente legislatura, el Gobierno realizará las suspensiones de gasto a las que haya lugar”.
Críticas al gasto, pero...
Para Óscar Darío Pérez, congresista de las comisiones económicas, este condicionamiento del mandatario no es bueno para el debate. “Lo que el Gobierno debería hacer es ajustar el gasto. Hasta el momento argumentan que es inflexible, pero, si bien no se pueden dejar de pagar las pensiones y compromisos similares, habría margen para recortar embajadas, consulados, gastos de viajes, subsidios a diestra y siniestra, contratación a dedo, pues ya llevan más de 400.000 contratos de prestación de servicio para gente que ni siquiera se sabe qué va a hacer”.
Para él, es difícil que se apruebe un presupuesto con una inclusión casi que forzosa de más de 26 billones de pesos, como lo prevé la reforma tributaria, en la que, además, se tocarán impuestos altamente sensibles, como una posible transformación de la estructura del IVA.
En un escenario de tanta controversia, en el que el presidente Petro dice que su interés es que “los sectores del capital entiendan que su riqueza, crecida sustancialmente en mi gobierno, debe tener una contribución importante para lograr la disminución del déficit fiscal del país”, lo mejor sería hacer una reforma tributaria que tenga más oportunidad en el Legislativo, donde, además, están ad portas de unas elecciones. Es decir, no avalarían medidas impopulares.
Una propuesta de reforma que tenga más oportunidad
Junco sugiere una reforma sencilla, que solo tenga cuatro artículos y que se incline más por medidas que darían al menos 12 billones de pesos y, al mismo tiempo, solucionarían el problema de la abultada cartera por cobrar que tiene la entidad, que asciende a 40 billones de pesos.
La médula de dicha reforma sería reducir las sanciones causadas a los contribuyentes, que adeudan hasta el 31 de diciembre de 2025, en un 90 por ciento, es decir, que paguen solo un 10 por ciento.
Lo mismo se haría con los intereses y, al pagar el capital en mora, deberían tener facilidades: sin garantías hasta por dos años y con garantías hasta por cinco años, propuso Junco. El debate apenas comienza.
El gasto social por el que abogó PetroEl rubro de la inversión en el proyecto de presupuesto 2026 es de 88,8 billones de pesos y fue el punto que condujo a que el presidente Gustavo Petro pidiera que rehicieran la propuesta. Inclusive, él confirmó que formó parte de su elaboración. Tan pronto como conoció las cifras preliminares del presupuesto, en el consejo de ministros dijo que las cuentas, como estaban, no le permitían cumplir sus promesas en lo social.Esta semana, el Dane reveló las estadísticas del gasto social en 2024. Según ellas, habría ascendido a 300,1 billones de pesos sumando lo aportado desde lo público y lo privado. De acuerdo con esa estadística, el sector público fue el principal ejecutor de los programas sociales, concentrando el 84,5 por ciento del total.El gasto social es el que se dirige a los hogares y particulares con el objeto de proporcionar ayuda en circunstancias que afecten negativamente su bienestar. Incluye apoyos en salud, vivienda, vejez, familia y población incapacitada por alguna causa, entre otros.