Las cédulas de personas fallecidas estarían siendo utilizadas para intentar solicitar préstamos, financiar productos y firmar contratos en Colombia. Así lo advierte un estudio de AUCO, compañía tecnológica especializada en firma electrónica y validación de identidad, que identificó cerca de 1.500 documentos de ciudadanos muertos en intentos de firma o verificación durante el último mes.
Según el informe, la cifra equivale a unos 50 casos diarios. Si el promedio se mantiene, podrían registrarse alrededor de 9.000 intentos en seis meses y hasta 18.000 en un año.
El análisis se basa en más de 250.000 verificaciones mensuales realizadas para distintos sectores económicos. La compañía advierte que el riesgo no se limita a documentos falsificados: también pueden utilizarse identificaciones auténticas de personas fallecidas, documentos robados o cédulas con fotografías alteradas.
“Como la cédula es auténtica, una revisión visual puede no detectar nada extraño”, explicó Santiago Montoya, CEO de AUCO y autor del informe.
La problemática alcanza a diferentes actividades económicas, entre ellas microcréditos, inmobiliarias, constructoras, empresas que financian productos, ventas por catálogo y telecomunicaciones.
Las cifras oficiales también reflejan la dimensión del fenómeno. De acuerdo con la información citada en el estudio, la Superintendencia de Industria y Comercio ha reportado 40.316 denuncias por suplantación de identidad desde 2020.
Además, entre 2022 y mayo de 2026, recibió 13.983 reclamaciones relacionadas con estos casos a través de SIC Facilita, de las cuales 11.365 correspondieron a empresas de telecomunicaciones.
Por su parte, la Registraduría Nacional canceló 105 cédulas por falsa identidad durante 2025 y otras 83 hasta agosto de 2026, según los datos incluidos en el informe.
Nuevas exigencias para las empresas
La alerta coincide con la entrada en vigor general de la Ley Estatutaria 2573 de 2026, prevista para el 19 de noviembre. La norma establece obligaciones para las empresas cobijadas en materia de verificación de identidad y de información que deben aportar cuando se presenta una reclamación por suplantación.
Ante este panorama, AUCO recomienda que las compañías no se limiten a revisar la apariencia del documento, sino que contrasten el rostro del solicitante con la identificación, verifiquen posibles alteraciones y utilicen un segundo canal de confirmación.
También aconseja conservar evidencias del proceso, como imágenes del documento, pruebas de vida, consultas en fuentes oficiales y registros técnicos de la operación, para respaldar la legitimidad de las transacciones ante eventuales reclamaciones.
“Si la empresa no guardó evidencia de cómo validó la identidad, después no tendrá con qué demostrar que la operación fue legítima”, señaló Montoya.