En una reunión secreta celebrada en el Capitolio, altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump reconocieron ante legisladores que Estados Unidos no cuenta actualmente con una justificación legal para lanzar ataques dentro de Venezuela, según reveló CNN, que citó a cuatro fuentes familiarizadas con el encuentro.
La sesión, que tuvo lugar a puerta cerrada, fue encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un funcionario de la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca.
Durante la exposición, los funcionarios informaron a los congresistas que la opinión jurídica emitida por el Departamento de Justicia, que había sido utilizada como sustento para los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, no autoriza operaciones en territorio venezolano ni en ningún otro país.
De acuerdo con CNN, los presentes coincidieron en que la “orden de ejecución” que dio inicio a la campaña militar estadounidense contra presuntos barcos narcotraficantes en septiembre tampoco se extiende a objetivos terrestres, lo que deja sin base jurídica inmediata cualquier eventual ofensiva dentro de Venezuela.
Las fuentes consultadas por CNN afirmaron que, aunque la administración Trump no descarta una acción futura, los asesores de la Casa Blanca reconocen que cualquier ataque en tierra requeriría una nueva interpretación legal.
En ese sentido, la administración ha solicitado al Departamento de Justicia un nuevo dictamen que justifique operaciones militares dentro de Venezuela sin requerir la autorización del Congreso, una medida que, de concretarse, ampliaría el margen de actuación del Ejecutivo en América Latina.
Un funcionario estadounidense citado por CNN advirtió, sin embargo, que “lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana”, dejando abierta la posibilidad de un cambio de postura de Trump.
Hasta el momento, el Pentágono ha insistido en que el despliegue militar en el Caribe, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y unos 10.000 efectivos estadounidenses, responde exclusivamente a operaciones antinarcóticos y labores de inteligencia. No obstante, el crecimiento del operativo y su proximidad a las costas venezolanas han alimentado las sospechas sobre planes más agresivos contra el régimen de Nicolás Maduro.
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado 17 ataques letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, que han dejado al menos 70 muertos. Los funcionarios reconocieron ante el Congreso que en muchos casos no se conoce la identidad exacta de los tripulantes antes de los bombardeos, lo que ha generado fuertes críticas sobre la legalidad y el carácter selectivo de estas operaciones.
El senador demócrata Mark Warner, miembro de alto rango del Comité de Inteligencia, expresó tras la sesión que, si bien confía en la calidad de la inteligencia estadounidense, “no está claro por qué la administración opta por destruir los barcos en lugar de interceptarlos”, como hacía la Guardia Costera en operativos previos.
Por su parte, el representante Gregory Meeks, del Comité de Asuntos Exteriores, aseguró a CNN que no escuchó ninguna prueba convincente sobre la legalidad de los ataques ni sobre los vínculos concretos de las embarcaciones con el narcotráfico.
Los funcionarios, sin embargo, insistieron en que cada ataque “se basa en inteligencia que vincula a los buques con carteles u organizaciones criminales” y que existe un proceso de verificación previo. “Hay cientos de barcos en el mar cada día, y hay muchas operaciones que descartamos porque no cumplen los criterios”, explicó Rubio, según la cadena estadounidense.
En respuesta a CNN, un funcionario de la Casa Blanca defendió las acciones del Gobierno alegando que “todas las operaciones cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados” y que Trump actúa “en virtud de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses”.
“El presidente Trump fue elegido con un mandato contundente para combatir a los cárteles y detener el flagelo del narcoterrorismo que sigue cobrándose vidas estadounidenses”, señaló el portavoz, reiterando que las operaciones militares continuarán mientras sea necesario.
El mensaje oficial tras la reunión secreta es que no habrá ataques dentro de Venezuela “por el momento”, aunque el gobierno Trump mantiene sobre la mesa la posibilidad de solicitar un nuevo marco legal que le permita extender su ofensiva más allá del mar.